Por el rescate de la Defensoría del Pueblo

Sectores importantes de la opinión pública opinan que la Defensoría del Pueblo está herida de muerte, por la falta de credibilidad y desprestigio, en tanto se ha constituido en apéndice de los partidos en el Gobierno, amén de que carece de capacidad sancionadora ni cuenta con el presupuesto necesario y cónsono con sus elevados fines de velar por el respeto de los derechos humanos de 4 millones de panameños y de los extranjeros que habitan nuestro país (solo 5 millones de balboas anuales).

No obstante lo anterior, presentamos nuestra candidatura para regir tal institución, pues no perdemos la esperanza de que la misma se enrumbe por los derroteros prescritos por la Ley No. 7 de 1997, que la concebía con ‘plena autonomía funcional, administrativa y financiera, sin recibir instrucción de ninguna autoridad, órgano del Estado o persona ' y, más aún, pueda ser sometida a una reingeniería que la convierta en un ‘órgano social de utilidad colectiva ', como dijera Mella, refiriéndose a la Universidad.

Es por ello que pedimos a los señores diputados, en nuestra comparecencia a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, que olvidaran los espacios políticos y llamados pactos de gobernabilidad y votasen a conciencia y escogiesen a quien pueda, a través de la Defensoría del Pueblo, contribuir de la mejor manera a hacer de Panamá un mejor país dentro de un planeta sostenible.

Manifestamos que éramos conscientes de que a la esfera de poder, llámese Ejecutivo, Legislativo o Judicial, le incomodaba sentir que hubiese una entidad independiente del poder de turno; que hubiesen funcionarios al frente de la Defensoría que le robasen protagonismo o que hayan tenido militancia en partidos opositores, no así en partidos aliados, a pesar de que la Ley reguladora prohíbe la afiliación partidista. Asimismo les señalamos que además de ser una figura independiente, el próximo defensor o defensora debía tener autoridad moral y empoderamiento para monitorear al Gobierno y hacer las recomendaciones pertinentes en materia de derechos humanos (lo cual contribuía indirectamente a hacer del Gobierno un mejor Gobierno); vocación de servicio, de manera de no ver el cargo tan solo como trabajo burocrático de 8 horas a través del cual se cobran 7 mil balboas mensuales; no estar obnubilados por dogmas del signo que sea ni tener prejuicios políticos, raciales, religiosos o de otra índole, a la hora de socorrer a la víctima; y ser vulnerable al grito doliente de la misma, tal como dijera Luis Pérez Aguirre, sacerdote jesuita uruguayo.

La propuesta de trabajo que expusimos la denominamos: Garantía de Independencia y Participación en Asuntos de Derechos Humanos y está focalizada en tres grandes Líneas de Acción: 1) ‘De la mano con la sociedad civil ', sustentada en el criterio de que el éxito de la figura del defensor y sus actuaciones depende en gran medida de la participación de la sociedad civil e implicación de la población que habita el país, de su acompañamiento cotidiano; 2) ‘Montando una estrategia-país de derechos humanos ', en tanto se realicen diagnósticos científicos y se elabore un Plan de Derechos Humanos a cinco años, en conjunto con ONG de derechos humanos, representantes de sectores vulnerables y sectores gubernamentales; y 3) ‘Fortaleciendo Mecanismos de Protección de Derechos Humanos ', de manera de fortalecer la Dirección de Atención y Tramitación de Quejas, pero también monitorear el cumplimiento de las observaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos del Gobierno nacional, se hagan informes anuales situacionales y se ejerciten acciones judiciales necesarias.

Lo otro es que, si la Asamblea Nacional opta por repetir la práctica de seleccionar al próximo defensor o defensora en virtud de sus espacios políticos, la institución seguirá vacía de contenido y la población seguirá legitimando a quienes han venido acompañándoles de manera espontánea y desinteresada, en la lucha por la defensa de sus derechos, tal como aconteció con Berta Cáceres, defensora del Pueblo por derecho propio.

DEFENSORA DE LOS DERECHOS DE LOS UNIVERSITARIOS – UP.