La consulta popular y los partidos

La presentación del proyecto sobre consultas populares ha recibido la atención de los grandes medios, más por las declaraciones de sus diputados que por el contenido del mismo. Esa reacción de los representantes de los partidos, de oposición y Gobierno, tienen orígenes e intereses diferentes coincidiendo, eso sí, en el llamado de atención que dicha consulta no puede servir para realizar cambios constitucionales ni para saltar sobre el papel del Órgano Legislativo en materia de aprobación de las leyes.

Sin embargo, no he escuchado por parte de los diputados ninguna valoración positiva a tal iniciativa, lo cual indica que sus temores van más allá de su interés porque el Parlamento dé su aval a tales consultas, tal y como ocurre en la mayoría de los países que aplican esa modalidad de participación ciudadana.

Este tipo de iniciativas, normales en la mayoría de los países, ha sido poco empleada en Panamá, con lo cual crea lógicas reservas que luego son usadas para proteger otros intereses. De lo que se trata es de que la Presidencia de la República, apoyada en la soberanía popular reconocida en la Constitución, convoque a consultas periódicas a la ciudadanía cuando crea que la decisión próxima a tomar es de trascendencia nacional y de vital importancia para el rumbo de la nación.

Son formas muy antiguas de participación política —de democracia directa— en que el pueblo delibera como cuerpo electoral y como cuerpo legislativo. Allí saltó la liebre. Unos diputados declararon que en ese proyecto de Ley ‘estaba en juego la democracia’. Otros más pragmáticos, declararon que se querían saltar al Órgano Legislativo en temas de reformas constitucionales.

Los diputados y, muchas veces sus partidos, han asumido un tema de representación casi monopólico sobre sus electores. ‘La representación surge del hecho de que representar alude a algo que está a la vez presente y ausente. Al delegar la representación se deshace —al electorado— de la capacidad de participar’, Jean-Francois Prud’homme.

En Panamá se ha venido produciendo un tema de legitimidad en la toma de decisiones públicas. Esa monopolización por parte del Legislativo y sus partidos, no resisten una confrontación con la realidad. Ese tipo de reacciones demuestran la propia debilidad de su legitimidad ante la sociedad. Lejos de rechazar el proyecto, bien pueden corregirlo y agregarle en dónde y cómo creen que deben participar en esa iniciativa de participación ciudadana. Eso sí es democracia participativa y directa, la de permitirle a la sociedad manifestarse en los procesos legislativos. La de sensibilizar a los diputados frente a la opinión de la sociedad. La de disminuir las desviaciones de ese organismo cuando deben manejarse con los intereses de sus partidos y no de su electorado que los votó.

Los diputados no deben ver la participación directa del pueblo en temas que le atañen con egoísmo, sino como una iniciativa que complementa los procesos que ya existen en materia legislativa.

Pero en definitiva y como diría el historiador Diógenes de la Rosa: ‘La Asamblea es la cuota de poder que el Estado le ofrece a las capas medias’. Espero que no se reduzca a eso los prejuicios de los diputados frente a una iniciativa que amplia la participación ciudadana, fortalece la gestión democrática y facilita la solución de muchos problemas atrapados por los intereses políticos y el infinito costo presupuestario del voto legislativo.

*Analista político.rvasquezch@cwpanama.net