Terrorismo judicial en Panamá

El terrorismo, como lo conocemos, es la sucesión de actos violentos para infundir pánico. El terrorismo judicial es la constante violación de la Constitución, las leyes, el debido proceso y los derechos ciudadanos por parte de las autoridades. En ambos casos, no se respetan reglas, se infunde terror con propósitos tan turbios como ilegítimos y todos somos víctimas potenciales.

Terrorismo judicial es lo que se practica actualmente en el Ministerio Público, especialmente, por parte de los fiscales anticorrupción y algunos jueces. Estos señores, sintiéndose por encima de la Ley, ordenan allanamientos, detienen a las personas (con o sin pruebas), las privan de libertad por períodos prolongados y aplican medidas cautelares de manera ilegal, selectiva y arbitraria. Las víctimas, sus familiares y sus abogados guardan silencio por temor a represalias.

Por ser tal vez el más evidente, me voy a referir al sonado caso del préstamo que le otorgó la Caja de Ahorros a la sociedad Consorcio HPC Contratas P&V, S.A. para la construcción del Centro de Convenciones de Amador, en 2012.

Por este caso detuvieron a quienes fungían entonces como Gerente, Sub Gerente, Presidente y a uno de los miembros de la Junta Directiva del banco, al constructor de la obra y al contador de la empresa constructora. A ellos y a otras 10 personas, que por diversas ‘razones' gozan de libertad (16 en total), se les imputa el delito de ‘peculado en perjuicio de la Caja de Ahorros'.

Peculado es el delito que se concreta cuando un funcionario se queda con el dinero público que debía administrar. Sin embargo, el dinero que prestó la Caja de Ahorros al consorcio para financiar la construcción del centro de convenciones, se canceló en su totalidad (capital e intereses) y al momento en que les quitaron la obra, estaban cumpliendo con los tiempos y especificaciones estipulados en el contrato. Entonces… ¿Dónde está el delito? Aquí, quien se ha quedado con lo ajeno es el Gobierno, que no ha pagado al constructor por los avances de la obra (más del 39%) ni por otros proyectos entregados a satisfacción.

Como si no fuera suficiente con la contradicción mencionada arriba, el constructor de la obra y el contador de la empresa nunca han trabajado en la Caja de Ahorros ni ninguna institución del Estado.

Otro de los argumentos de que se valen los fiscales y jueces para mantener detenidas a estas personas es que el préstamo se concedió sin seguir los procedimientos establecidos. Sin embargo, se conoce que los informes de la Superintendencia de Bancos no señalan ninguna arbitrariedad en el otorgamiento de dicho préstamo. Además, de haberse omitido algún procedimiento, no constituiría delito, sino falta administrativa.

Vamos a suponer que las cosas no se veían tan claras al principio y que hay algunos elementos de este caso que desconocemos. ¿Por qué se han demorado tanto en la investigación (cuatro meses), cuando no hay nada más fácil de auditar que un banco? ¿Por qué sólo a dos de ellos se les concedió la medida cautelar de país por cárcel a la que tienen derecho todos, por el tipo de delito que se les imputa y por no existir peligro de evasión? Esto, señores, es justicia selectiva.

Es la misma justicia selectiva que se aplicó en el caso de las mochilas: privaron de libertad a la empresaria que las vendió y le concedieron el país por cárcel a quienes tenían la responsabilidad de cuidar el patrimonio de la institución.

A los cuatro detenidos que no fueron beneficiados con la medida cautelar que en derecho les corresponde, los mantuvieron en la Dirección de Investigación Policial (DIP) desde el 12 de octubre de 2016 hasta el 31 de enero de 2017, fecha en que los trasladaron a la cárcel El Renacer, donde permanecen hasta hoy. Sus familiares están devastados y sus empresas en quiebra. Mientras tanto, los verdaderos delincuentes siguen libres.

Estando todavía en la DIP, circuló en las redes sociales una fotografía que les tomaron junto a sus familiares, el mediodía del 24 de diciembre, después de celebrada una misa. Como castigo, les restringieron las visitas. Nadie sabe de dónde provino la orden. Lo que sabemos es que la dio alguien con mucho poder y que constituye un acto de crueldad.

Haberlos detenido fue un error; imputarles el delito de peculado, una arbitrariedad; mantenerlos detenidos sin presentar pruebas y a sabiendas que no existe peligro de evasión, es una violación a la Constitución, a las leyes y a sus derechos; restringirles las visitas y humillarlos, es una infamia.

MBA, FEMINISTA, ACTIVISTA DE DDHH