La verdad de Odebrecht

Un gran sector de la población panameña esperaba con ansias el 1 de junio de 2017 para conocer los nombres de todos aquellos políticos y empresarios que recibieron coimas de la empresa Odebrecht desde su llegada a Panamá en el Gobierno del presidente Martín Torrijos hasta la fecha.

El 1 de junio llegó y nos quedamos esperando que se revelaran los nombres de los beneficiarios de las coimas que al parecer reposan en seis o siete delaciones de algunos de los altos ejecutivos de Odebrecht en Brasil.

Recientemente la procuradora Kenia Porcell se reunió con funcionarios de la Fiscalía a cargo de las investigaciones en Brasil y allí se le comunicó toda la disposición que tiene ese país de colaborar con Panamá en este caso.

Por el momento y debido a lo complejo del proceso, la información contenida en las delaciones no se ha hecho pública, sin embargo hay una propuesta del fiscal Rodrigo Janot de suministrar toda la información a los procuradores de los países mencionados en este escándalo, siempre y cuando asuman por escrito el compromiso de no transferir o entregar a instituciones nacionales, organizaciones internaciones o a terceros la información que les sea suministrada. En el caso de Panamá, si la procuradora Porcell firma este acuerdo con el fiscal Janot, ella no podrá utilizar por ahora la información que reciba para procesar a nadie, aunque en los documentos estén todas las pruebas que impliquen a panameños en algunos delitos, hasta tanto no se resuelvan algunos recursos en Brasil.

Adicionalmente en los acuerdos de delación con Brasil, los países se comprometen a no usar la información que les sea suministrada para afectar a la Empresa Odebrecht ni a sus colaboradores.

¿Qué sentido tiene hacer marchas y protestas pidiendo nombres de supuestos implicados a la procuradora, cuando todavía ni ella misma tiene la película clara de todo lo sucedido, ya que no es algo que depende exclusivamente de Panamá?

Por otro lado, hay algunas voces que exigen la salida inmediata de Odebrecht del país, pero ¿se han preguntado qué pasaría con las más de 10 000 familias panameñas que dependen directamente de esta empresa y de las miles que de manera indirecta se benefician también de la misma, eso sin contar los proveedores?

¿Se han preguntado aquellos que exigen la salida de la empresa Odebrecht del país, cómo cobraremos la multa que le imponga el Ministerio Público a la empresa, si se va de Panamá? Los activos de una compañía como esta en nuestro país no superan los 10 millones de dólares, ya que ninguno de los equipos que utiliza para las obras que construye son de su propiedad, todo es subcontratado a empresas locales.

Estados Unidos, Dominicana y Brasil han impuesto multas a Odebrecht de millones de dólares y han permitido que la empresa continúe con sus obras.

Hay quienes aseguran que si expulsamos a Odebrecht del país, habrá otras empresas dispuestas a continuar las obras, pero ¿se han puesto a pensar por un momento, al ritmo que funciona todo en Panamá, cuántos años pasarán antes de que estas obras se reactiven? ¿Cuánto costará al final el Metro, el Aeropuerto de Tocumen y Renovación de Colón?

Mientras eso sucede, ¿qué hacemos con las miles de familias que van a quedar desempleadas, en un país donde la desaceleración económica ya nos está generando algunos dolores de cabeza?

Por el momento, el Ministerio Público panameño mantiene contactos con autoridades de Suiza, Andorra, Brasil y Estados Unidos y en el cruce de información realizado las cifras de dineros que se depositaron producto de las coimas coincide. Hay seis beneficiarios finales y un número plural de testaferros.

Se espera que en los próximos días los fiscales panameños encargados del caso viajen a Brasil a tomar una declaración indagatoria al principal ejecutivo de Odebrecht en Panamá, André Rabello, trámite que debe realizarse ante la presencia de la Fiscalía de Brasil, momento que pudiera ser aprovechado para la firma del acuerdo entre la empresa brasileña y el Ministerio Público panameño. Este acuerdo debe establecer una pena pecuniaria y es a la Contraloría a la que le compete definir el monto de la misma.

Los tiempos de la justicia no son los tiempos de nosotros los ciudadanos y menos en un caso tan importante y complejo como este, donde dependemos en gran parte de información proveniente de otros países. Tengamos paciencia, pero al mismo tiempo exijamos al Ministerio Público que en el momento que tenga la información la dé a conocer completa y no con cuentagotas.

PERIODISTA