Hidroeléctricas: nuevo despojo para los Pueblos Originarios

Según datos oficiales la población indígena en el país representa el 12.3 %, unas 417 559 personas. De éstas, el 96 % vive en pobreza, entre ellas el 69 % de la niñez indígena.

Los pueblos originarios panameños han reivindicado durante más de cinco siglos, sus derechos colectivos, el derecho a la tierra y al territorio y en los últimos años, el derecho de usufructuar sus recursos conforme a sus costumbres. Los pueblos originarios de Panamá (Emberá, Wounnan, Gunas, Buglés, Ngäbes, Nasos y Bribris), sus relaciones sociales y de producción están directamente vinculadas a la posesión de las tierras. Por eso vienen luchando por sus derechos y por sus recursos naturales.

Panamá tiene una enorme deuda social con los pueblos originarios. En un país que presenta en los últimos años tasas de crecimiento económico positivas, los pueblos indígenas viven las mayores carencias en materia de acceso a los servicios sociales básicos. No bastando con la expulsión histórica de sus territorios y con marginarlos en ocasiones en tierras poco fértiles, en numerosas ocasiones sus derechos son vulnerados a favor de proyectos económicos que se intentan legitimar en nombre del ‘progreso y de beneficiar a las mayorías'. En realidad, a favor de los consorcios transnacionales de las hidroeléctricas y minerías.

Es el caso de los Ngäbe-Buglé, pueblo cruelmente reprimido con saldo de varios muertos en el 2012 bajo la administración Martinelli-Varela, continúa en la lucha contra el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco (Tolé-Chiriquí), con efectos en el distrito de Müna, región Kädriri, comarca Ngäbe Buglé, inundando aproximadamente 10 hectáreas de territorios indígenas (El área de influencia alberga a comunidades indígenas y campesinas). El proyecto pretende una generación hidroeléctrica con capacidad instalada de 28.56 MW. Este proyecto fue dado en concesión a la empresa GENISA bajo la administración de Martín Torrijos del PRD, fue defendido a capa y espada por Martinelli y hoy por Varela.

En el caso de los Gunas, Varela ha planteado la construcción de la carretera Mortí-Mulatupu y fijar en esta vía la ruta para establecer la construcción de la línea de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia (proveer unos 400 MW), que debe iniciar operaciones en el 2019.

¿A qué y quién responde esta ‘necesidad' energética? En primer lugar a un modelo de crecimiento económico derrochador de energía. En segundo lugar, a los intereses de las empresas transnacionales que impulsan el Plan Puebla Panamá (Hoy Iniciativa Mesoamericana), la cual incluye la generación eléctrica como pilar del crecimiento comercial, el consumo suntuario y las máximas ganancias empresariales. Estos proyectos constituyen la nueva forma del despojo a los pueblos originarios.

En resumidas cuentas, la mayoría de los territorios donde se encuentran los sitios elegidos para la instalación de las hidroeléctricas habitan pueblos originarios. Y al igual que en el pasado, la función que cumple el Estado es una política colonizadora que permite la invasión de territorios por parte de las transnacionales.

Frente al atropello que viven las comunidades indígenas en Panamá, en la propuesta de Plan de Gobierno del FAD (2014-2019), se planteó en cuanto a los recursos naturales y ambientes, en las áreas indígenas, que el Estado debe establecer políticas claras y consultadas de coordinación y co-manejo, dando prioridad a los indígenas en la administración y manejo, con responsabilidad y asistencia técnica de ambas partes, respetando la cosmovisión indígena. Todo proyecto debe incluir estudios de impacto ambiental; estudios de impacto social, económico y cultural en la región. Se debe asegurar la plena participación en la toma de decisiones de la población indígena en sus regiones. Recuperar y fortalecer las prácticas tradicionales de uso, manejo y conservación tradicional de los bosques, cuencas hídricas y demás recursos naturales.

*SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.