Minera Panamá y Gobiernos cómplices

La Asamblea Nacional está por aprobar o improbar un nuevo contrato con la transnacional canadiense First Quantum Minerals, Ltd., propietaria de Minera Panamá, S. A. Ha habido una consulta ciudadana muy particular, donde miles han opinado, pero a nadie le importará lo dicho o sugerido, ya que en nada variará lo acordado en el contrato pactado entre las partes y que se encuentra en la AN.

Hay evidencias muy grandes que indican que la minera ha violado reiteradamente la ley con la complicidad de los últimos tres Gobiernos. Un ejemplo, con Varela, se confirmó que el Ministerio de Trabajo concedía permisos laborales a extranjeros -filipinos- en exceso a los porcentajes permitidos en el Código de Trabajo.

No es un secreto que Panamá no tiene la capacidad de supervisar lo que esa mina produce y está sujeto únicamente a lo que sus propietarios reporten a las autoridades canadienses.

Al inicio del Gobierno de Cortizo, el titular de MiAmbiente, Milciades Concepción, dijo que el Gobierno de Varela había ignorado 109 denuncias ambientales contra la minera.

Como eso nunca lo podré probar, no se me ocurre aseverar que todas esas irregularidades y muchas otras han sido toleradas porque, a quienes las permiten, le han dado algo por debajo de la mesa.

Expongo lo que considero una de las bribonadas más grandes ejecutadas por quienes dirigen actualmente la referida empresa minera tan depredadora, permitidas por la complicidad de nuestros Gobiernos.

El 27 de abril de 2010, Minera Panamá presentó ante la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del MEF, posteriormente convertida en Anati, solicitud para arrendar un polígono de propiedad del Estado de más de 7500 hectáreas en el corregimiento de Coclé del Norte, Donoso, provincia de Colón.

Pedían esa autorización porque era el trámite requerido por la Ley. Ante la negativa del MEF de otorgarlas en arrendamiento, apelaron ante Anati, que, el 21 de enero de 2013, reiteró que a “Minera Panamá, S. A. no le asistía el derecho a utilizar tales tierras”.

A pesar de la negativa del MEF en 2010, confirmada por Anati en 2013, Minera Panamá decidió utilizar esas tierras para construir sobre ellas la tina de relave de la mina; o sea, para lavar el material extraído de la explotación. Poco importó que les negaran el permiso requerido. Simplemente se las tomaron.

¿Y por qué nadie hizo nada frente a ese abuso en los Gobiernos de Martinelli, Varela y Cortizo?

Veamos el halo de prepotencia con que estas empresas actúan con Panamá, con la extraña complacencia oficial.

El 22 de enero de 2023, la periodista Flor Mizrachi, en su KO de La Prensa, entrevistó a Manuel Aizpurúa, representante de Minera Panamá. Mizrachi conocía de mi denuncia y por eso le preguntó:

“Anati le negó el permiso para usar 7500 hectáreas de tierra. ¿Por qué igual se las tomaron para las tinas?”.

¿Usted sabe cuánto son 7500 hectáreas? Es el equivalente a 9 mil campos de fútbol profesional.

La increíble respuesta de Aizpurúa fue: “No lo negaron. Simplemente aún no lo han aprobado. Y la alternativa fue ejercer el derecho de tomar terrenos nacionales, de acuerdo al contrato de 1997”. Como si fueran los dueños del país.

Ante esa absurda respuesta, Mizrachi volvió a preguntar: “¿Pidieron permiso como por cortesía?”. A lo que Aizpurúa cínicamente respondió: “Para tener el papel”. Increíble.

Ese asunto motivó que el 6 de diciembre del 2021 presentara demanda ante el MEF por bien oculto contra Minera Panamá, que utilizaba sin permiso, por más de una década, tierras nacionales, sin pagar un centavo al Estado. A pesar de que fue presentada hace casi dos años, a la demanda aún no le dan trámite en el MEF. Tanto el ministro Alexander como Alfaro del MICI han sido notificados reiteradamente de esa irregularidad. La han ignorado, prosiguiendo en lograr la aprobación de un contrato considerado por muchos altamente lesivo para Panamá.

¿Por qué toda esa telaraña alrededor de un contrato que el Estado trata de aprobar a como dé lugar, aun habiendo tantas preguntas en cuanto a la conveniencia de lo que se ha logrado en la mesa de negociaciones y ante la posible violación constitucional de permitir que empresas estatales de China, Corea del Sur y Singapur tengan participación accionaria en la mina y en su propietaria transnacional?

¿Cuál es el apuro? ¿Qué habrá detrás, por debajo y encima de semejante burla a la ciudadanía y de tantas violaciones fragantes a la Ley y la Constitución Nacional?