Más represión que prevención en los asos delictuales en el país

De acuerdo con los datos recopilados, durante los últimos 34 años de democracia en nuestro país, los gobiernos de los últimos siete mandatos presidenciales, que abarcan desde 1990 hasta junio de 2024, han implementado diversas acciones para abordar el problema de la criminalidad. Durante este período, se han enfocado en fortalecer la seguridad ciudadana a través de decisiones relevantes en materia de seguridad pública, con el objetivo de avanzar en la prevención del delito mediante los organismos de seguridad nacional.

Los retos mencionados son una de las mayores preocupaciones en cuanto a seguridad pública en Panamá, debido a los altos costos humanos y económicos que conllevan, y están relacionados con diferentes tipos de actividades delictivas. Además de ser útiles para la toma de decisiones, también permiten comprender la situación de los crímenes y delitos en comparación con la percepción de seguridad de la población.

Es importante destacar que la criminalidad abarca una amplia gama de delitos, siendo el homicidio el más relevante debido a su gravedad. Sin embargo, el principal problema de seguridad pública en el país es aquel que no ha recibido la atención necesaria: la alta proporción de violencia presente en todos los delitos. En el caso de los delitos violentos, las víctimas experimentan las consecuencias de una alteración significativa e imprevista en su vida diaria, la cual puede ser evaluada en términos económicos.

El propósito es analizar los distintos enfoques de los gobiernos en relación con la delincuencia juvenil, considerando las particularidades culturales locales. De este modo, comprendemos mejor la sociedad en su conjunto e identificamos las diferencias y desigualdades con respecto a los jóvenes en situación de riesgo social, incluidos aquellos que forman parte de pandillas delictivas juveniles.

Si nos vamos a las estadísticas en los años después de la invasión (90-94), observamos que quedaron armas en circulación, por lo que se estableció la compra de armas por comida

Durante los años 94-99, se creó la Fundación de Rescate en colaboración con pastores de iglesias evangélicas, técnicos psicosociales y líderes comunitarios. El objetivo de esta fundación era trabajar con jóvenes pertenecientes a pandillas juveniles delictivas. Además, se contó con la participación de las autoridades gubernamentales. Se diagnosticó que la falta de empleo, las difíciles situaciones familiares y la escasez de oportunidades en general eran las razones que llevaban a estos jóvenes a pelear entre sí y a dedicarse a actividades delictivas.

Para los años 2000 al 2005, se puso en marcha el programa En Busca de Oportunidades, en las comunidades de Curundú y San Joaquín, ofreciendo empleo a jóvenes pandilleros a cambio de participar en talleres de formación laboral, mientras se dejaba de lado el trabajo en Colón. Considero que fue un error.

Durante el período de 2005 a 2009, se implementó el proyecto “Por una Esperanza” en Panamá, Colón y David, en colaboración con PROSI. Se destaca la creación del viceministerio de Seguridad, que implicó modificaciones legislativas en los organismos de seguridad, como el traspaso de la dirección de Investigación Judicial del ministerio Público a la Policía Nacional.

Con el respaldo financiero del BID, se estableció el Programa de Seguridad Integral (PROSI) con una inversión de $25 millones. Su propósito es promover la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana en las provincias de Colón, David, Panamá y el distrito de San Miguelito, que presentan altos índices de violencia. Para lograrlo, se implementarán acciones estratégicas, integrales, interinstitucionales y participativas, enfocadas en la prevención de la violencia juvenil.

Durante el periodo entre 2009 y 2014, el ministerio Público reportó la existencia de 204 pandillas juveniles delictivas en el país. Sin embargo, la Unidad Antipandillas Juveniles de la DIJ señaló que el número oscila entre 245 y 250, lo que indica un crecimiento anual del 10% de estos grupos.

Siguiendo con este análisis, se puede observar que durante el periodo de 2014 / 2019, las pandillas juveniles delictivas demostraron un aumento en su capacidad organizativa, fortaleciéndose al dividirse en dos grandes grupos conocidos como Calor, calor y Bagdad. Estos grupos mantienen actualmente vínculos con el crimen organizado y ejercen influencia en los gobiernos locales, incluyendo la alcaldía de Panamá, San Miguelito y David.

Finalmente, durante este último período se implementó la ley 338 de política criminológica con una estructura que carece de profesionales en criminología y sin un presupuesto adecuado para su desarrollo en las áreas más vulnerables y de riesgo social comunitario, lo que dificulta su acción independiente.

Los datos estadísticos e indicadores oficiales son de interés nacional y utilidad pública, dirigidos a la sociedad civil, organizaciones internacionales, entidades públicas y privadas, profesionales, universidades, estudiantes, educadores, investigadores y personas interesadas en programas para reducir los factores de riesgo de la violencia.

Por lo que, recomiendo establecer niveles de prevención y buscar alternativas innovadoras para abordar la criminalidad en la sociedad. La estrategia gubernamental debe enfocarse más en la prevención que en la represión, ya que esta última no ha dado buenos resultados. Es necesario solucionar los problemas de coordinación y comunicación entre las instituciones, manteniendo el interés social separado de los intereses políticos partidistas.