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- 03/08/2024 00:00
La OEA, una organización inoperante
En la crisis política que vive Venezuela son claves los canales diplomáticos de las conversaciones y negociaciones bilaterales que han asumido los gobiernos de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y de Colombia, Gustavo Petro. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está cayendo en un radicalismo que lo hace perder maniobra como un líder garante para un diálogo constructivo entre el régimen del presidente Nicolás Maduro y la oposición en cabeza de Corina Machado y Edmundo González.
Posturas como la que ha asumido el secretario general de la OEA, Luis Almagro y varios países durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA no ayudan a la solución de la crisis. En las últimas décadas, está demostrado que la OEA es una organización burocrática e inoperante. No ha servido en nada como organismo rector para la solución pacífica de las controversias y los problemas políticos en el continente.
El “triunfo” aparente del régimen de Maduro en la OEA al no prosperar la resolución que se solicitaba la entrega de las actas por parte de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana, Surinam y Uruguay al no lograr los 18 votos requeridos. Por las abstenciones de Brasil, Colombia, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Granada, Honduras, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía, y desde luego, sin asistencia de México, Dominica, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.
Tampoco aporta mucho, dado que agudiza más la crisis venezolana. Fue un bálsamo temporal para el tormentoso momento que afronta el régimen de Maduro. En mi modesta opinión agrava más la crisis. En virtud de que la OEA ha demostrado que es una organización sin liderazgo y Almagro un líder incapaz de construir consenso en la búsqueda de soluciones a las controversias continentales.
Los resultados de las elecciones que entregó el régimen de Maduro no son creíbles, se evidencia que hubo un fraude electoral imposible de ocultar por la manera poco transparente como el Consejo Nacional Electoral (CNE), proceso los votos, entregó el resultado y declaró ganador al presidente Nicolás Maduro. Lo hizo atropellando los derechos de la oposición, negándole a la oposición vigilancia en los procedimientos y los más grave, violando la legislación venezolana que da 48 horas para que la organización electoral publique las actas y los resultados en la página oficial.
El Centro Carter que lleva décadas como observador en varias de las elecciones en Venezuela, emitió una declaración donde señala que “las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024 no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas y violó numerosas disposiciones de su propia legislación nacional”. Finalmente, el Centro Carter, concluye: “las elecciones que no se pueden considerarse democráticas”.
En la búsqueda de solución a la crisis política en Venezuela se requiere que sin descalificaciones se escuchen a todas las partes y que aquellos diálogos sean para tender puentes para que el régimen de Maduro entregue las actas, se bajen las tensiones con la oposición y acepten entre las partes una auditoria forense con expertos de la comunidad internacional y se puedan realizar los escrutinios.
Es la manera de establecer la verdad sobre los resultados electorales y garantizar que las partes acepten el veredicto final. De allí que la posición de Almagro y algunos países que creen que con discursos radicales van a solucionar la crisis. No es el camino. Es claro que con posturas radicales se profundiza más la crisis y el caos.
El camino es el que han tomado los gobiernos de Brasil, Colombia y últimamente Chile. Se trata de buscar consensos más allá de las caducas divisiones ideológicas de izquierda y derecha; de buenos y malos para que disminuyan los derramamientos de sangres que han cobrado la vida de 17 venezolanos.
En el fondo lo que se vive en Venezuela es una lucha por el control del poder político y económico (las riquezas petroleras) entre dos élites que tienen al pueblo venezolano bailando al ritmo de sus intereses políticos, económicos y hegemónicos.