¿Por qué la justicia?

En artículos anteriores he planteado la necesidad de un gran acuerdo nacional entre todas las facciones que conforman el Estado panameño y que quieran componer lo poco que nos queda de República, llegando a decisiones comunes que se impongan a los sectores tradicionales que no han hecho nada para cambiar la situación en la que estamos. El Panamá del crecimiento económico que no repercute en beneficios a las mayorías trabajadoras ni desposeídas, cuya peor carencia es de oportunidades y acceso mínimo a derechos.

Este planteamiento no es del agrado de algunos elementos de las facciones ideológicas, como quienes se fanatizan diciendo que la economía lo es todo; lo que es alejado de la realidad panameña, ya que no dimensionan lo que significa realmente el Estado que tenemos; cosa que ellos, sectores tradicionales, no han movido una sola piedra para resolver.

El Panamá de los últimos tiempos está al servicio de los intereses privados de unos cuantos y que se han repartido la cosa pública sin medidas ni antagonismos reales. Ese es el Panamá Gold Roll, donde si estás en el círculo de poder o vinculado a este, tu asunto se escudriña hasta encontrarle el subterfugio legal para resolverlo a tu favor; y el Silver Roll, una justicia lenta y sin derechos o garantías.

En estos períodos donde la corrupción se ha vuelto una forma de Gobierno sin distingo de tendencias ideológicas y en todas las esferas sociales, el sistema jurídico de una república debe responder a esa realidad y levantarse por sobre la podredumbre para volver a sus principios. Reconfigurar el sistema judicial y refundar las instituciones es urgente y vital para este proceso de renovación, que cumplan su obligación, darle a todos y todas el trato ecuánime y justo ante la Ley; además, es por medio de la justicia que todo proceso político debe tener un contrapeso y eso solo se logra con una Corte Suprema imparcial y con coraje.

Los ejemplos abundan, tanto en la historia como en la actualidad, creando derechos y garantías o reafirmando el cumplimiento de estos, con un Órgano Judicial tecnificado e independiente que pone límites a las pretensiones de grupos hegemónicos que velan por sus intereses en conjunto con los grupos políticos que los aúpan y protegen. Por añadidura, el Ministerio Público, la Justicia Administrativa y todos los componentes jurisdiccionales de las instituciones panameñas, deben iniciar un proceso de transformación para garantizar su independencia y profesionalismo, limitar la influencia política partidista en estos entes y procesos, lograr probidad en quienes imparten justicia en todas sus formas y etapas; empezando por su forma de elección.

Las más avanzadas estructuras jurídicas democráticas establecen las formas de selección para magistrados y jueces, los cuales debemos emular y encontrar una que irrumpa con la actual donde primen las ejecutorías y méritos académicos. Además, el impartidor de justicia no puede ser un autómata ni un ser alejado de la realidad de los tiempos, entendiendo que ninguna norma puede estar por encima de la razón y las garantías. Los magistrados y jueces deben estar en permanente capacitación y constante actualización, porque la diferencia con los demás abogados, es una sola cosa: la experiencia.

Será una verdadera revolución lograr que a todas las personas en Panamá les llegue una justicia imparcial, expedita, certera, técnica y que no tenga ninguna presión hegemónica para sus decisiones, solo guiarse por el verdadero concepto de la justicia: a cada cual lo suyo.

ABOGADO