Insisten en desintegrar el Estado de derechos

El panorama nacional avecina mayores inequidades sociales producto de un Estado delincuencial cuyo gobierno por salir deja un país con una enorme deuda social y alto nivel de endeudamiento y corrupción. Se trata de la profundización del desmantelamiento del Estado de derechos.

Con el neoliberalismo y sus medidas de privatización, flexibilización laboral, recortes al presupuesto social (salud y educación), impuestos al consumo con carácter regresivo, entre otros, fue evidente la perdida de las principales reivindicaciones alcanzadas en la lucha por la clase obrera.

La desintegración del Estado de derechos lleva también el debilitamiento de las instituciones que lo componen. La crisis institucional que envuelve a los tres órganos de gobierno, a lo que se suma las pugnas interburguesas por dirimir en función de cómo cada grupo logra favorecer de mejor manera sus intereses económicos.

Es una lógica perversa la que se ha impuesto desde 1979 (inicio del neoliberalismo en el país), que se profundizó con el periodo postinvasión y que no cambiará con el arribo el 1 de julio del gobierno proempresarial de Mulino.

Ni el gobierno de Cortizo ni el de Mulino han planteado políticas dirigidas a saldar la gran deuda social, solo hablan de la deuda con el sector empresarial. A pesar de que los panameños atraviesan por condiciones precarias de vida, ni uno ni otro, se han referido al incremento de la desigualdad en el país (Panamá cuarto país en el mundo con mayor inequidad). Panamá da cuenta de políticas públicas totalmente alejadas del marco de derechos y de las necesidades básicas tan vitales de la población.

En medio de ello continúa el nefasto precedente de cierre ilegal de cuentas bancarias del Suntracs, por su lucha contra el contrato minero que violaba 25 artículos de la Constitución. Se persigue a dirigentes de organizaciones gremiales, se judicializa a los patriotas que lucharon contra la minería. Es una acciona que busca amedrentar a quienes exigen se cumpla con el pleno ejercicio de todos los derechos humanos.

Siendo así, la realidad nacional evidencia que el pueblo humilde y trabajador con estos gobiernos, la partidocracia y seudo independientes no podrá cumplir el precepto universal de derechos humanos en el sentido que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar a la persona el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad.

Ante ello, hoy más que nunca la lucha del pueblo humilde y trabajador que enfrenta el alto costo de vida, el desempleo, la informalidad y bajos salarios, donde se nos quiere arrebatar el derecho a la seguridad social y aumentar los impuestos, sigue estando en organizarnos y construir unidad.

Esta lucha se inspira en el legado que nos dejara el obispo del pueblo, padre Conrado Sanjur, luchador incansable, defensor de los derechos humano. Conrado dedicó su vida a los marginados, abrazó la lucha de diversos sectores del movimiento social panameño, impulsó la solidaridad con todos. Un patriota a cabalidad.

Conrado, también fue un acérrimo defensor de la lucha de los pueblos latinoamericanos y del mundo por su autodeterminación. En el ejemplo de Héctor Gallego, monseñor Romero, siendo un defensor de la teología de la liberación, asumió el planteo de la una iglesia comprometida con los pobres.

Se mantuvo leal a sus principios y a las causas del pueblo humilde y trabajador hasta el último aliento de su vida. Tus compañeros seguiremos luchando por el cumplimiento de los derechos humanos, por real democracia, por libertad, equidad y justicia social. Hoy, más que nunca, conscientes de que sin luchas no hay victorias, que la pelea es peleando. Conrado Sanjur, obispo del pueblo, vive, vive, vive.