La gran oportunidad de los diputados

A hora que la bancada oficialista constituye una mayoría aplastante en la Asamblea y que, como consecuencia, tiene el poder para aprobar leyes que beneficien al común de los mortales, los Honorables Diputados podrían comenzar por tomar algunas iniciativas que, de seguro, serían muy bien vistas por la opinión pública. Sería una manera ejemplar de erguirse por encima de cualquier interés personal que cada diputado pudiese tener, para demostrar que los intereses del pueblo son primero. Podrían luego presentarse para su reelección en la campaña política que se avecina, exhibiendo una encomiable hoja de servicios a la nación y a la democracia que tanto defienden. Sería una manera de hacer coincidir su conducta con las palabras que han predicado —y que predican— a tutiplén. La oportunidad es ahora y está a su alcance.

Aparte de leyes que propiciaran el bienestar general, algunas acciones de gobierno interno podrían enderezar rumbos.

Hablan de reformar el reglamento interno de la Asamblea. Pero en lugar de hacerlo para tratar de limitar la libertad de expresión democrática dentro del recinto legislativo, como lo proponen, mayor mérito sería acabar con todas sus prerrogativas y privilegios que manchan la imagen de los Padres de la Patria cuando se contrastan con las carencias del resto de la población. Lograrlo sería fácil: bastaría con eliminar un artículo irritante que permite la discriminación, como varias veces lo propuse cuando pude hacerlo.

De igual manera la nueva Junta Directiva, que con tantos ánimos ha iniciado su trabajo, podría reinstalar el sistema electrónico de votación que se compró y se trató de instalar hace diez años; se podría constatar tanto la presencia del diputado en su curul como, lo que es más importante, se dejaría constancia precisa de cada voto a favor o en contra en los debates de las leyes. Es evidente que levantar la mano sumisamente o dar porrazos sobre los pupitres le permite escurrir el bulto en el anonimato para no dejar huellas de su actuación cuando llegue el momento de rendir cuentas.

Los diputados podrían ejercer su función fiscalizadora con decisión y firmeza, función que representa una grave responsabilidad para luego poder alegar que actuaron como verdaderos defensores de los intereses del pueblo. A título de ejemplo, podrían dar muestras de ser diáfanos y estrictos al momento de intervenir en los procesos de aprobación y de ejecución del Presupuesto General del Estado, que financiamos con nuestros impuestos. Comprobar la seguridad o factibilidad de los ingresos estatales para evitar sorpresas desafortunadas a mitad de año —como los ‘huecos’ que acabamos de descubrir— y hurgar en todos los gastos e inversiones hasta el más mínimo detalle, son dos de las pocas facultades que la Constitución le otorga a los diputados; es lamentable que aún a ellas renuncien con tanta frecuencia y facilidad. Igual sucede con la aprobación de ajustes al Presupuesto durante su ejecución en el transcurso del año fiscal; se percibe que, lejos de escudriñar la justificación de los ajustes solicitados, la ocasión es propicia para rogar favores políticos a cambio de un voto afirmativo.

La función fiscalizadora incluye poder citar a ministros y directores para dilucidar asuntos que merezcan aclararse en sus respectivas áreas. Ahora podrían hacerlo, pero cuando los diputados declinan esa función y permiten el vacío, la sociedad civil y los medios de comunicación social se encargan de llenarlo fuera del recinto legislativo, conscientes de que fiscalizar no equivale a cogobernar.

En realidad nada de eso sucederá. Pero la oportunidad, que ahora seguramente desperdiciarán los diputados, quedará muy pronto en manos de los electores. Ojalá tampoco la desaprovechemos.

EXDIPUTADA DE LA REPÚBLICA.