La gasolina prendió al agro enfermo pospandemia

Antes del 10 de marzo de  2020, cuando  se declaró la pandemia por la covid-19 en nuestro país, por haberse dado el primer fallecimiento. El Gobierno Nacional presidido por Laurentino 'Nito' Cortizo desde el 1 de julio de 2019; había dado señas muy positivas de sus intenciones de “meterle con todo” al agro nacional siendo una de las muestras más patética: La creación del Gabinete Agropecuario y haberlo puesto a funcionar inmediatamente la primera semana de su gestión de 5 años.

La gran deficiencia del agro nacional es la falta de políticas de Estado firmes, que permitan la tecnificación con métodos y tecnologías amigables con la conservación del medio ambiente, que disponen los técnicos de las diferentes instituciones  del sector público agropecuario, pero deben ser transferidas a los productores de todos los niveles para hacerlos: Eficientes y competitivos. No, como ha ocurrido en los siete gobiernos posinvasión que hemos tenido a la fecha   que han pasado 17 ministros del MIDA, El  gobierno del presidente Ernesto Pérez Balladares (1994- 1999) solo ocupó uno, al ingeniero Carlos Sousa Lenox, como ministro reemplazándolo  su viceministro el agrónomo, Manuel Mirada, por seis meses por asuntos electorales. Por eso se puedo  iniciar en 1995 la  ejecución  el Programa de Préstamo: PAN 924 de Mejoramiento de los Servicios Agropecuarios por  MIDA/BID/IICA con cuatro componentes: Transferencia de tecnología grupal, Titulación de tierras, Adecuación de laboratorios de sanidad animal y vegetal y Becas para la especialización de personal técnico en el extranjero.

Lo más destacado con miras a la tecnificación del agro fue el establecimiento de módulos por rubros de hasta 60 productores, para transferirles tecnologías grupal  que los hicieran competitivos en calidad y precios para suplir el mercado nacional y exportar los excedentes. El programa tenía que ser continuado por los gobiernos siguientes, lo que no ocurrió. El BID  tomó como ejemplo: Chile donde se ejecuta y  también lo estableció en República Dominicana, que lo ha mantenido con tanto éxito que en todo el año  exporta aguacates y mangos a nuestro país y otras frutas a los grandes mercados de Europa y Estados Unidos.

Otro cambio radical y muy perjudicial de política de Estado  se hizo en el periodo presidencial 2008-2014, al no aplicar  Resolución de Gabinete 17 del 12 de marzo de 2008: “Que aprueba la incorporación y realización de actividades iniciales del Programa de Competividad y Apertura Comercial, mediante el Programa de Competividad Agropecuaria y su fideicomiso”, eso significó  no darle  continuidad a las acciones emprendidas por el gobierno anterior, presidido por Martin Torrijos, él que negoció  la mayoría de los tantos TLC que tenemos con “raimundo y todo el mundo”, y que solo funcionan de una sola vía: La importación de productos que vienen subsidiados y, por lo tanto, no competimos con ellos. La negativa decisión eliminado la Agenda Complementaria y el Programa de Competividad, financiados por el BID por $150MM con la finalidad de adecuar nuestros productores en tecnologías de producción para hacerlos eficientes y competitivos y poder exportar nuestra agroalimentos a los mercados con quienes tenemos esos TLC. Al reprogramar dichos fondos BID para infraestructura pública. Muchos aseguran que con ellos se construyeron los aeropuertos de Río Hato y Colon.

Esa acción indebida desató la “danza” de subsidios al agro para compensar la falta de competividad que  tienen nuestros productores en comparación a los países vecinos y  con los tenemos TLC. La investigación y la extensión Agropecuaria es muy costosa para ser financiada por los productores nacionales; nuestro Estado debe cambiar esa política lo antes posibles.

Para generar  actividad económica en el Panamá rural y comarcal donde viven el 30% de los panameños de los cuales muchos viven en pobreza y pobreza extrema, según el MEF y lo que nos ubica como el 6to país más desigual del mundo socio-económicamente, porque sólo aportan al PIB nacional de $70,000 millones, el 2.5% según el INDEC. El 22% del territorio nacional pertenece a comarcas indígenas, según la ANATI, en base a su respectiva ley con suelos y fuentes de agua, para irrigación por goteo de alta vocación para cultivar granos básicos para consumo nacional y frutas tropicales para el  y consumo local y exportar como: Bananos, piñas, aguacates, guayabas, papayas, guanábanas y demás. “No, des el pez al hombre, enseñado a pescar”.