Para entender el problema de la inseguridad

El desarrollo pleno de un Estado depende de la capacidad del Gobierno para ejercer su autoridad sobre todo su territorio y proteger a sus habitantes. Tiene el monopolio legítimo de la fuerza preventiva y coercitiva, para garantizar la debida seguridad. Este poder debe ser políticamente neutral, al servicio del pueblo, no de un partido político. Para ello, es fundamental la madurez institucional del país.

Sin seguridad, la vida en comunidad no puede funcionar bien. Ella debe ser el primer derecho ciudadano y de principal responsabilidad del Gobierno. Esto es así, porque el Estado debe garantizar la protección de vida, bienes y honra de los ciudadanos, para que disfruten de todos los demás derechos.

Todo vacío de autoridad deriva en crecimiento de poder criminal. Esto facilita que pequeñas pandillas se agrupen al amparo del crimen organizado y se jerarquicen hasta convertirse en bandas que terminan controlando territorios y penetrando todas las instituciones públicas.

Es probable que este tema no haya sido estudiado de manera profusa por los partidos políticos en los llamados ‘Planes de Seguridad' electorales. Estos, no contienen políticas públicas efectivas con las cuales enfrentar las crisis de seguridad que padecemos y casi siempre se cometen errores y exabruptos en su aplicación.

Durante la última mitad del siglo XX la seguridad estuvo determinada por la Guerra Fría. El requisito para gobernar cualquier país no era ser democrático, sino ser anticomunista. La tarea era evitar la insurgencia de los ciudadanos, no necesariamente protegerlos frente al delito. Este, era un objetivo secundario, derivado del control social.

La Guerra Fría determinó, en gran medida, la forma y contenido de las actuales instituciones de seguridad, de inteligencia y de justicia en casi todos los países del continente. Constituidas en esas ideas, las democracias emergentes intentaron responder la violencia criminal.

Al llegar la democracia, los términos de la seguridad se invirtieron. Derechos humanos y garantías constitucionales tomaron el primer plano, sin considerar las insidiosas amenazas a la seguridad. Existe una relación directa entre violencia criminal y ausencia de autoridad del Estado. Cuando esta falta, emergen poderes alternativos que llenan el vacío de poder. Contar con instituciones de seguridad que tengan doctrinas basadas en la protección del ciudadano, sigue estando pendiente. La policía es el primer contacto entre el Gobierno y los ciudadanos. Es la Institución fundamental de toda la seguridad ciudadana. Si esa falla, todo el sistema falla.

El debate para entender y encontrar soluciones a la inseguridad gira en torno al énfasis de la Prevención versus la Represión. La primera corriente considera al delincuente como una víctima social y que los programas preventivos reducen los delitos. Pero el aumento de la violenta criminalidad se debe, mucho más, a la inequidad y desigualdad social, a la falta de educación y de oportunidades para los jóvenes de hogares disfuncionales. Cuando mejoremos las condiciones de vida de la mayoría y ofrezcamos ambientes más justos y equitativos, mejor será la prevención de la criminalidad. Las políticas sociales preventivas no serán eficaces, si los ciudadanos viven aterrorizados por el crimen.

La segunda corriente considera que la impunidad multiplica el delito. Por lo tanto, la certeza del castigo es el instrumento principal para reducirlo, aplicando condenas más severas. La Administración de Justicia es lenta y el hacinamiento en las cárceles no facilita la resocialización. A mayor incapacidad para garantizar la seguridad por parte del Estado, corresponderá más eficacia criminal. Es indispensable que se derrote el miedo y se restablezca la autoridad del Estado en las comunidades.

Actualmente el auge criminal se ha centrado en las drogas y el narcotráfico. Efectivamente, estas han sido el detonante principal de la crisis de seguridad y el factor que más ha empoderado al crimen organizado. Sin embargo, no son las drogas el único producto ilícito que da fortaleza a la delincuencia. Perseguir y combatir el narcotráfico no implica, necesariamente, garantizar la seguridad. Si fortalecemos de manera integral nuestra propia seguridad, seremos más eficaces en combatir el narcotráfico y cualesquiera otros tipos de delitos.

Las estadísticas solo son una referencia para las decisiones policiales, no un indicador de eficacia policial. El número de homicidios anual por cada cien mil habitantes es una medición internacional que se hace una sola vez al fin de año. Podemos disminuir esa cifra, pero no necesariamente reduciremos la criminalidad, mucha de la cual, al no ser denunciada, forma parte de la cifra negra de crímenes en Panamá.

Nuestra seguridad mejorará, si avanzamos en el entendimiento de estas realidades. Así sea.

ABOGADO