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- 08/10/2024 19:53
El ministro y la sibila
En la Antigua Grecia, junto al monte Parnaso, estaba situada la ciudad de Delfos, y en su templo de Apolo, unas sacerdotisas transmitían mensajes sobre el futuro. Sus pronósticos eran conocidos como “oráculos”. Eran profecías ambiguas, susurradas por adivinas llamadas pitonisas o sibilas, e influían decisivamente en las decisiones políticas y militares de la época.
Desde el año 390, ya no hay sibilas en Delfos, y hoy los inversionistas internacionales no utilizan aquel método para decidir dónde establecer empresas alrededor del mundo o a cuáles gobiernos prestar dinero. Lo que sí hacen es seguir los consejos de Fitch Ratings, Standard & Poor’s, Cepal, el BID, Barclays, Moody’s y el Fondo Monetario Internacional.
Tal como ya he explicado en artículos anteriores, las instituciones calificadoras de riesgos evalúan las posibilidades de que las naciones paguen sus préstamos de un modo responsable y sean premiadas con préstamos de intereses bajos. En 2010, logramos ser uno de los cinco países latinoamericanos (junto a Chile, México, Perú y Uruguay) a los cuales dichas instituciones ungieron con la bendición llamada “grado de inversión”.
Ahora, nuestro país, con sibila o sin ella, enfrenta un problema: en marzo de 2024, una de las tres calificadoras nos quitó dicho grado, y las otras dos publicarán su dictamen pronto. Aun si ellas no nos desmejoran, ya estamos pagando los platos rotos, pues nuestros préstamos tienen intereses más altos.
La calificadora tomó su decisión, entre otras razones, porque la confianza en Panamá quedó gravemente afectada tras el cese abrupto de las operaciones de la mina a fines de noviembre de 2023. Desde mediados de agosto, esas mismas instituciones han opinado sobre otros aspectos relevantes de nuestra economía. Lo hacen con informes en inglés largos y complicados. A continuación, para beneficio de usted, traduzco y resumo.
Primero, sobre el pronóstico de crecimiento de Panamá, ya existe un consenso razonable entre todas las instituciones que enumeré en el segundo párrafo: 2.5% en 2024 y 4.5% del 2025 al 2027. Aquello no llega al 6% que se pregona como un requisito para que el crecimiento signifique desarrollo.
Con relación al déficit, en junio de 2023 fue 2.9% del PIB. Felipe Chapman, ministro de Economía, anticipa que para fines de 2024 será “superior al 4%”. Barclays es más específico y afirma que será 4.8%, pues el año pasado hubo ingresos excepcionales que en 2025 no se repetirán: fueron la venta de tierras del gobierno a la ACP por 500 millones y el ingreso al Estado de unas regalías mineras por 575 millones.
En julio de 2024, Chapman anunció que su tijera recortaría 1,400 millones del presupuesto del Estado y, aunque fue una señal positiva, Barclays la considera insuficiente, pues para 2024 el presupuesto equivale al 26% del PIB y el tijerazo solo lo dejaría en 25%. Lamentablemente, eso está todavía por encima del 21% recomendado. También en aquel mes, la deuda pública total rozó los 52 mil millones, un 60% del PIB estimado para 2024. La expectativa de esa institución financiera inglesa es que para diciembre la deuda termine en 62% del PIB, cifra por encima del 56% de 2023. Eso les inquieta. Mucho.
Adicionalmente, observemos ahora el asunto de los ingresos. ¿Qué debe hacer el Estado para aumentarlos? El BID explica que Panamá es “el único país de la región donde los ingresos tributarios han caído desde principios de los años noventa”.
¿Sabía usted que somos uno de los países latinos con el porcentaje más bajo de recaudación de impuestos en relación con el tamaño de la economía? Según Cepal, Panamá tiene la tasa más baja de la región en IVA (llamado ITBMS aquí), debido a un 40% de evasión. Entre 2014 y 2021, en América Latina el ingreso tributario como porcentaje del PIB promedió 16%. El nuestro fue la mitad.
Algunos profetizan que elevar los impuestos afectaría el poder adquisitivo, reduciría el consumo y desincentivaría la inversión. Consideran que necesitamos hacer más eficiente el sistema de recaudación, aumentando la cantidad de personas naturales y jurídicas que pagan. A eso los expertos le llaman, en la jerga técnica que suelen usar, “ampliar la base contributiva”.
En ese sentido, René Quevedo, especialista en el mercado laboral, ya lo ha explicado bastante, y creo que es importante repetirlo: “existen 765 mil [trabajadores] informales que no pagan impuesto sobre la renta ni seguro social [...] si bajamos la informalidad del 47% al 27%, unas 150 mil personas [...] se incorporarían a la economía formal, lo que ayudaría a elevar la recaudación”.
Finalmente, las calificadoras también proponen revisar todas las exenciones y exoneraciones vigentes en el país. Advierten que no es sano tener treinta (sí, ¡30!) leyes que otorgan incentivos tributarios a empresas para promover la inversión y el empleo, a expensas de la recaudación.
Se espera que Moody’s revise la calificación del país la próxima semana y que Standard & Poor’s lo haga en noviembre, por lo cual concluiré diciendo que hay dos escenarios presentados por la segunda institución sobre la calificación de Panamá para 2025.
Uno desfavorable, que apunta a que podrían bajar aún más nuestra calificación si la recuperación económica es débil. El otro sería favorable, mejorando la perspectiva a la categoría de “estable”, en caso de que el MEF les demuestre “una gestión cautelosa, reduciendo la incertidumbre”.
Ya falta poco para recibir la revelación. ¡No será recibida mediante el susurro de una doncella griega que anticipa nuestro futuro, sino con un reporte en PDF circulando activamente vía WhatsApp, escrito, entre otros, por analistas internacionales como Néstor Rodríguez o Jason Keene!