El final y el inicio

Con la toma de posesión de un nuevo presidente de la república se marca el final del gobierno anterior y, a partir de allí, una evaluación objetiva e histórica de la administración que termina.

El propio presidente Laurentino Cortizo, parafraseando al campeón de Fórmula Uno, Michael Schumacher, dijo en su discurso inaugural: “No es cómo llegué a la presidencia ... es cómo voy a salir”.

Ahora, que concluye el que se autodenominó “El buen gobierno”, surgirán las valoraciones sobre por qué no se cumplió con “dotar a Panamá de un nuevo orden constitucional”; la observancia eficiente de “pagos atrasados a proveedores y contratistas”; la implementación real del “Programa Austeridad con Eficiencia” y a “nivel distrital el Plan Manos a la Obra ... para la rehabilitación y mantenimiento de calles y carreteras”.

Todo lo anterior recogido de la relectura del discurso del presidente Cortizo del 1 de julio de 2019, en el cual señaló que no había recibido información completa del estado real de las finanzas públicas, pero que se observaba “un preocupante desbalance de la situación financiera del Estado”. En aquel momento, la administración Varela cerraba aumentando la deuda para el sector público no financiero en 9,000 millones de dólares; hasta ahora, sabemos que para igual sector a diciembre de 2023 el aumento ha sido de 20,000 millones de dólares.

Ciertamente, a todo lo anterior habrá que agregar la gestión de la pandemia, las protestas sociales, el contrato minero, la “descentralización paralela” y la relación sumisa a la “Asamblea apropiada por Benicio Robinson”.

La ventaja para las naciones democráticas es el principio de alternancia en el poder. Nace ahora una nueva administración, que al margen de quienes la hayan respaldado con su voto o no, se convierte en el gobierno para todos.

El presidente electo de la República de Panamá, José Raúl Mulino, ha señalado en - al menos – dos ocasiones que el proceso electoral ha concluido y que ahora es el presidente de todos los panameños. Una clara comprensión de este concepto revela su interés en la búsqueda de la legitimidad funcional, más allá de la legitimidad de origen que le otorgó el resultado de las elecciones.

El país está preparado para recibir con optimismo las acciones del nuevo gobierno, porque el pueblo panameño expresó con su alto nivel de participación su apego al sistema democrático. Un hecho relevante de las pasadas elecciones es que pasan a ser las de más alta votación desde 1990. Ese es un mensaje de compromiso con su país.

Cada una de las actuaciones del nuevo gobierno será examinada con el fervor ciudadano de quienes aspiran a que el gobierno cumpla con el mandato de servir bien.

El verdadero motor de desarrollo y crecimiento de Panamá es su pueblo. Un pueblo que a pesar de las decepciones renueva su esperanza y confía – exige – de sus nuevas autoridades estar a la altura de sus expectativas.

Los retos y las transformaciones necesarias son enormes, pero, a la vez, ilusionantes si sabemos enfrentarlas como una nación unida en lo fundamental y respetuosa de nuestras diversidades.

Recientemente, en la sesión de la Sociedad Bolivariana de Panamá conmemorativa del 198° aniversario del Congreso Anfictiónico, el presidente electo comprometió a su administración en la defensa de la libertad y del sistema republicano de gobierno. Un mensaje de singular importancia que da un sólido marco a su gestión.

El próximo 1 de julio cuando los diputados de la república y el presidente electo levanten su mano y juren cumplir y hacer cumplir la Constitución, es bueno que lo sepan sus equipos de trabajo que, en alguna medida, también los están comprometiendo para acometer esa responsabilidad que el pueblo les ha asignado.

Labor que se traduce en atender las necesidades básicas con prioridades claras, donde la educación se convierte en indicador fundamental de éxito económico, social y de desarrollo político y democrático.

Soy un convencido que el resultado electoral, bien leído, aporta un mensaje potente de traer la ética a la política, teniendo presente que el servicio público impone honestidad.