El diálogo como el camino de resolver el reto minero

Las recientes declaraciones del presidente Mulino sobre el tema minero han puesto en evidencia lo que ya semanas atrás dijimos en torno a heredar un problema que fue creado por el Estado panameño una vez se produjo la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato sobre la mina de Donoso.

Ahora, lo prudente es saber administrar los riesgos del Estado panameño en las diferentes dimensiones del problema creado. En este sentido, existen temas inmediatos como lo es la disposición y comercialización del concentrado de cobre almacenado y la aprobación y seguimiento del Plan de Preservación y Gestión Segura del área de la mina.

En este sentido, negar el avance de esa comercialización tiene tres situaciones. La primera es el riesgo ambiental y de salud que implica ese almacenamiento más allá de los tiempos normales en los que ese producto habría sido almacenado en un momento de producción normal, que no sería mayor a dos semanas, según destacan los expertos en la materia. En segundo lugar, el tema del dinero, que permite que los recursos producto de esa comercialización puedan ser utilizados como parte de los gastos reales que la empresa realiza para garantizar la preservación y gestión segura. Y el tercero es que, de persistir este debate, se propicia abrir una discusión de cómo el Estado panameño se encuentra privando del uso, goce y disfrute de un bien privado a la luz del Código de Recursos Minerales.

Recientes declaraciones del ministro de Ambiente van en la línea de tomar acción pronta, lo cual correspondería al ministerio de Comercio e Industria agilizar dichas autorizaciones.

Esta situación accesoria al problema de la relación de la empresa Minera Panamá y el Estado, derivada de una interpretación unilateral y errada del fallo de inconstitucionalidad del contrato por parte de la administración gubernamental pasada, es de relevancia para poder allanar los diálogos necesarios para una solución total. Y es que esto por sí solo no debe convertirse en otro riesgo para el Estado panameño – por la forma en la que se ha prolongado la toma de decisiones –. En este sentido, recordemos que la mirada de inversionistas y calificadoras de riesgos se encuentran en analizar cómo el Estado panameño abordará esta situación, ya que es la mayor inversión privada que se haya realizado en el país en los últimos años y, como tal, es referencia para cualquier potencial inversionista que aspire a invertir en nuestro país.

El presidente Mulino ha manifestado que no quiere conversar con presiones en medio de la definición del tema minero. Sin embargo, es oportuno puntualizar que nunca debe entenderse como presión la búsqueda de un diálogo para solucionar diferencias, y esto aplica ya sea en la activación de las instancias institucionales de solución de conflictos o la búsqueda directa entre las partes.

Por esta razón, soy del criterio de que el camino más simple es el diálogo directo, el establecimiento de la comunicación que permita entenderse y lograr acuerdos.

Es conocido por todos que litigar implica costos y gastos para el Estado panameño, y esta realidad en un país como el nuestro, con tantas carencias de recursos, se deben tomar las mejores decisiones pensando en la mejor forma de utilizar los recursos disponibles, que no sea gastar sumas millonarias en abogados norteamericanos, cuando es posible ahorrar dichas sumas con una conversación franca y abierta entre las partes.

El Gobierno del presidente Mulino ha encabezado la búsqueda del fortalecimiento de la imagen internacional del país, y sus esfuerzos bien encaminados deberían simultáneamente propiciar la disminución del impacto que este tema minero mantiene en la referencia de los potenciales inversionistas en un mundo cada día más exigente en los temas de seguridad de las inversiones.

Cada mes que avanza sin definir esta situación tiene una afectación para el país y es lo que debería motivarnos a todos a propiciar el establecimiento de una comunicación efectiva entre la empresa y el Estado. La instalación de una nueva administración de gobierno bien puede propiciar ese diálogo.

Las afectaciones económicas como resultado de esta situación han puesto en preocupación al sector bancario, que se ha referido también a la búsqueda de soluciones, y así ya muchos sectores de la sociedad panameña han ido dimensionando el problema heredado por el presidente Mulino.

Finalmente, me refiero a la expresión popular que dice que siempre es mejor un arreglo que un buen pleito, determinando siempre que el país no está en tiempos para pleitos y aspavientos; el país requiere producir bienestar y desarrollo, que han exigido los ciudadanos.