¿Debe el Estado destinar recursos adicionales para financiar las pensiones?

La semana pasada, las autoridades del MEF, CSS y Minsa informaron en conferencia de prensa que el Estado panameño hará un aporte extra a la CSS por B/.1.187 millones anuales a fin de estabilizar la situación financiera de la institución a lo largo de los años.

Aunque esta es una buena noticia para los asegurados, yo me pregunto si el Estado debe destinar recursos adicionales para financiar las pensiones de los 328.367 jubilados y pensionados que reportó la CSS, lo cual representa tan solo el 7.3 % de los panameños.

En este contexto, aunque los asegurados activos, que -según cifras oficiales de la CSS- eran 1.137.055 en 2021, es obligatorio hacernos la pregunta inicial porque, al fin y al cabo, es evidente que la mayoría de los panameños no son ni asegurados activos ni jubilados, y los fondos “extra” que propone asignar el Estado para financiar las pensiones bien podrían utilizarse para atender las necesidades de todos los panameños, por ejemplo, en materia de educación, salud, dotación de agua, infraestructura, agro, etc.

Desde esta perspectiva, subrayo que tengo grandes reservas sobre la asignación de recursos adicionales del Estado -que son de todos los panameños- para financiar las pensiones de los asegurados. Aunque puede servir como un paliativo temporal, no es una solución sostenible a largo plazo. Además, implica una mayor presión fiscal sobre los contribuyentes, lo que podría desincentivar la inversión y el crecimiento económico.

Para asegurar el futuro de las pensiones en Panamá, es crucial explorar otras opciones de financiamiento. Propongo -sin ser exhaustivo- algunas para vuestra consideración. Eso sí, será condición indispensable para el éxito el blindaje de la institución contra todo tipo de clientelismo, ineficiencia y corrupción, asegurando que nuestros recursos sean administrados de forma efectiva y transparente para el beneficio de todos nosotros.

Lo primero y más importante es que tanto el gobierno como la empresa privada cumplan con sus obligaciones de pago de las cuotas que les corresponden. La CSS debe fortalecer los procesos para la recuperación de la morosidad (estimada en B/.500 millones) buscando un equilibrio entre la firmeza en el cobro de la morosidad y la flexibilidad para facilitar que los empleadores regularicen su situación. Es importante destacar que la recuperación de la deuda es un proceso a largo plazo que requiere un compromiso firme por parte de la CSS, el gobierno y la empresa privada.

No menos importante es aumentar la edad de jubilación. Tiene la ventaja de que permite que las personas contribuyan al sistema por más tiempo, aumenta los ingresos de la CSS y reduce el número de años en los que se paga la pensión. Asimismo, es necesario aumentar la cobertura del sistema de seguridad social para incluir a los trabajadores informales. Esto requiere la implementación de políticas que incentiven la formalización laboral.

También es importante considerar los sistemas (públicos, no privados) de capitalización individual. En este caso, cada trabajador tendría una cuenta individual donde se acumulan sus aportes y los rendimientos generados por las inversiones. Al jubilarse, la pensión se calcula con base en el saldo acumulado en la cuenta. Fomenta el ahorro individual, reduce la dependencia del Estado y permite a los trabajadores tener mayor control sobre sus fondos de pensiones. Requerirá de una regulación estricta y mucha transparencia para proteger los ahorros de los trabajadores.

Igualmente crítica para aumentar los ingresos de la CSS es la inversión de los fondos de pensiones, que permitan a la CSS invertir los fondos de pensiones en activos rentables, como bonos, acciones o bienes raíces, para generar mayores rendimientos y aumentar los recursos disponibles para el pago de las pensiones. Lógicamente, que implica riesgos financieros, ya que las inversiones pueden generar pérdidas, y requiere una gestión profesional y transparente de los fondos.

Finalmente, y no menos importante, es el hecho de que la CSS es una empresa dual, lo que puede tener serias implicaciones en la gestión de los recursos financieros para las pensiones. Por un lado, recolecta, administra, gestiona y paga pensiones y, por el otro, es una empresa que brinda servicios de salud, lo cual facilitaría la posible utilización de los fondos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte para atender las necesidades financieras del programa de Enfermedad y Maternidad. Es, por lo tanto, imperativo analizar el peso real de esta erogación y buscar una solución que permita a la CSS concentrar sus esfuerzos en la gestión eficiente de los recursos, para la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Al final, solo me resta subrayar que no hay una respuesta única a la pregunta inicial. La decisión depende de una serie de factores, como la situación demográfica del país, la salud del sistema de pensiones, la capacidad fiscal del gobierno y las prioridades de política social. Es fundamental un debate informado y transparente para encontrar soluciones que garanticen la sostenibilidad del sistema de pensiones y la protección de los derechos de los asegurados.

*El autor es médico, exrepresentante de la OMS