Cortizo no tiene idea de los fondos de la descentralización

La idea de crear en 1972 los representantes de corregimiento como parte de la organización política del país, fue una excelente iniciativa. Ya en 1968, el Plan de Gobierno del Partido Demócrata Cristiano había planteado la necesidad de dotar de mayor representatividad a las comunidades, base de la pirámide social.

Hasta esa fecha, los concejos municipales, piedra angular en los Gobiernos en cada distrito y contrapeso de los alcaldes, eran elegidos sin considerar la procedencia de sus miembros. Así, por ejemplo, cuando aspiré en 1968 a ser concejal, la gran mayoría de los candidatos representábamos escasamente los tres corregimientos más poblados del distrito de Panamá. Los otros corregimientos carecían de representación, limitándose únicamente a los dos suplentes que se elegía con cada concejal.

Después de más de medio siglo, la falta de controles ha hecho del experimento de la representación por corregimiento, 505 iniciales y los actuales 655, un rotundo fracaso. Lo vemos ahora con todos los excesos cometidos con los fondos de la descentralización, tema que inexplicablemente el presidente de la República dice desconocer. Antes de que se estableciera en 1984 la primera Asamblea Legislativa formal, después del golpe de 1968, tras la reforma constitucional de 1983, el abuso de los representantes no tenía nombre. Un ejemplo, a cada uno de los 505 representantes se le otorgaba una exoneración de automóvil por período. ¿Se imaginan la cantidad de exoneraciones que fueron a parar a manos de bellacos que, por $3000 o $4000, la adquirían para no pagar los impuestos de introducción de autos valiosos, traspasadas por representantes de lugares donde ni siquiera había caminos o carreteras?

En 1984, al establecerse esa primera Asamblea Legislativa, donde fui parte como legislador, esos privilegios, eliminados para los representantes, fueron asumidos por los legisladores, con iguales abusos en las exoneraciones, aunque más limitados, porque éramos mucho menos.

La inexistencia de controles por la excesiva distorsión de la función legislativa, entrometiéndose indebidamente en la noble idea de la descentralización, ha convertido esos millonarios fondos, que deberían servir para dotar de servicios a los corregimientos, en una vulgar piñata que alimenta a las sanguijuelas en que se han convertido algunos dirigentes del PRD, sus aliados y algunos llamados “opositores” (sic).

El motivo principal de asignar fondos del Fisco Nacional, producto de lo recaudado en el impuesto de bienes inmuebles, era dotar a los representantes de recursos para que atendieran problemas inmediatos, antes exclusivos del Gobierno central, como salud (centros de salud), educación (reparación de escuelas) y obras públicas (calles). Mediante ese argumento, se proveería a los municipios de la capacidad para resolver los problemas locales más expeditamente de lo que la burocracia del Gobierno central podía hacerlo. Ello no sucedió y los fondos han ido a parar al aumento de planillas y de emolumentos de alcaldes y representantes o para ser usados en campañas políticas.

Los llamados a controlar el uso de esos millonarios fondos han brillado por su ausencia, al punto de que el principal custodio de los fondos públicos, el presidente de la República, dice no tener idea de eso. Ni la Contraloría ha hecho, como en muchos otros casos, la debida fiscalización, entregando el MEF fondos a diestra y siniestra, desatendiendo sectores de la administración pública que requieren de mayores recursos. Como confesara recientemente el director de Presupuesto del MEF, Carlos González, los desembolsos han sido precedidos por petición de algunos diputados.

A los alcaldes, dentro de la organización política del país, corresponde vigilar el comportamiento financiero de los corregimientos, pero, ante tanto despilfarro, se han convertido en sus cómplices, caso del alcalde José Luis Fábrega, que ha aumentado desproporcionadamente la planilla del Municipio de Panamá. Los gobernadores, supuestamente supervisores de los alcaldes, están como meros adornos y nadie les escucha su voz ante tanto desorden y, lamentablemente, son cargos utilizados para pagar favores políticos.

Se impone dar un nuevo sentido a lo relativo a la descentralización. La Autoridad creada para tal fin no solo debe repartir fondos, sino crear los criterios, no solo para su desembolso, sino para su buen uso. Para eso debemos fortalecer el sistema político del país, partiendo por los representantes, otorgándoles más poder a los alcaldes y gobernadores para que los supervisen. Debe exigirse, además, que la Contraloría General cumpla el rol que, por razones “desconocidas”, ha colgado los guantes en hacerlo, en ejercer sus responsabilidades constitucionales y legales que tiene bien establecidas.

Importante trabajo para quien nos gobierne en el 2024.