Consecuencias de un juicio en contra de Panamá por el tema minero

Luego del fallo de inconstitucionalidad que decretó la inexistencia del contrato minero con la empresa First Quantum Minerals, empiezan a surgir temas que debemos ir poniendo en contexto para anticiparnos a soluciones sensatas como Estado y que no creen más afectaciones a los ciudadanos, de las que el cierre abrupto ha provocado a las finanzas del Estado y a la tranquilidad de miles de panameños.

Traigo a referencia que hace pocas semanas la República Argentina fue condenada por la Justicia norteamericana al pago de dieciséis mil millones de dólares (USS.16.000.000.00) por la expropiación de la empresa YPF. Si bien es una decisión de primera instancia, inmediatamente el presidente de este país suramericano, Javier Milei, presentó la propuesta de crear una tasa perpetua que permitiera asumir ese pago. La razón de la condena tendría como base el mal actuar de los funcionarios a cargo. A esta tasa la denominaría “tasa Kicillof”, en referencia a Alex Kicillof, quien era ministro de Economía en el momento que se produjeron los hechos que originan la condena y a quien se le consideraría el responsable de la decisión equivocada.

Esta referencia la quiero hacer, toda vez que es común en nuestro país olvidar la causa primaria de los conflictos y así evitamos atender una solución efectiva a los problemas. En el caso minero, hay una causa primaria que atender: el Estado panameño alentó a una empresa a invertir en nuestro territorio, y esa confianza se ve defraudada al momento que, luego de años de incertidumbre, la Corte Suprema de Justicia anula por segunda vez la formalización de la relación contractual con la empresa, y el Órgano Ejecutivo sigue sin presentar una solución eficiente.

¿Qué consecuencias trae esto? Simple: litigios en contra del Estado panameño, como ya se ha ido advirtiendo en los medios de comunicación. Y con el paso de los meses queda acreditado que el Estado panameño no tiene ningún reproche formal que presentar en contra de la empresa. Es decir, al Estado panameño solo le queda esperar las consecuencias de una decisión apresurada, sin la mesura de un tema complejo, que debió ser atendido con prudencia y no al calor de las protestas que vivía el país.

Es decir, en este momento la prudencia indica que es importante revisar cuál era la obligación primaria del Estado panameño a partir del mismo compromiso realizado por el expresidente Varela al inicio de la molienda del cobre, que a mi criterio, no era otra que la de proporcionar un instrumento jurídico que garantizara la protección de las inversiones a la luz de las convenciones internacionales que Panamá habría sido signatario, y en ausencia de instrumento, sostener la buena fe de reconocer que nadie invierte para ser expulsado del país, sin derecho a una compensación justa.

Veamos qué dijo el expresidente Juan Carlos Varela al inicio de la molienda del cobre en un comunicado oficial de la Cancillería, fechado el 18 de febrero de 2019:

“Siendo Canciller de la República, en enero de 2010, sostuvo una reunión con el Canciller de Corea del Sur en Tokio, en donde este me manifestó el interés en que empresas estatales de su país invirtiesen en proyectos de explotación de recursos minerales en Panamá, un tema que implicaría cambios significativos en la legislación panameña.

Dado el interés expresado por el diplomático surcoreano, invitó a Panamá al entonces presidente de Corea, Lee Myung-bak, para que él personalmente presentara el caso ante las autoridades panameñas.

El presidente Lee visitó Panamá el 30 de junio de 2010, los cambios legislativos se hicieron y las empresas coreanas Korea Resources Corporation y LS-Nikko Copper tomaron la decisión de invertir mil millones de dólares en el proyecto de minera Panamá. En un viaje posterior a Singapur en octubre de ese mismo año, logramos que la empresa Temasek Singapur invirtiera 500 millones de dólares”, relató.

¿Protegió Panamá las inversiones que alentaba? ¿Lo hizo la República de Panamá? No lo hizo, todo lo contrario, Panamá con su actuar lo que ha provocado son diversos hechos generadores de responsabilidad, que, a mi criterio, es mejor no descubrir cuáles son, y corresponde a los aspirantes a presidente de la República presentar una alternativa eficiente para atender este grave problema antes que concluya el 2024.

Mi pregunta ahora es, ya conocida cuál era la obligación primaria del Estado panameño, ¿seguiremos como sociedad alentando incumplimiento o promoveremos que exista una solución eficiente para todos los panameños y represente crecimiento y desarrollo para nuestro país?

Si su respuesta es no encontrar solución, entonces vayamos pensando en un nombre. De crearse una fórmula similar en nuestro país, ¿qué nombre le pondría usted al impuesto que ayudaría a financiar los errores del Estado panameño, recordándole que usted igual pagará por esos errores?