Ataques patrioteros o... la negación de una lucha de clases

El reciente 23 de diciembre de 2024, la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP), una de las centrales sindicales del movimiento laboral panameño, advirtió acciones de venta de la patria a la megalomanía colonoimperial personificada en el presidente de Estados Unidos (CNTP, “Comunicado ante una alevosa intervención yankee”, 23/12/2024), hechos que hoy vemos cumplidos con mucha indignación. Lo relevante es que en este comunicado se señaló un hecho clave para saber por adelantado lo que se ha dado posteriormente con “memorandos de entendimientos” entre las autoridades de estos países —relación indisimuladamente colonoimperial— a saber, que estos funcionarios gubernamentales “son más proestadounidense que velarán por los intereses de su amo, más que de su propia patria” (Ibídem).

Estamos, pues, en medio de una lucha que se viene dando entre dos grandes bloques sociales de poder en Estados Unidos que tienen su correlato en nuestro país. El gobierno de Trump aparece liderando a los grupos estadounidenses de políticas conservadoras (soberanistas) que desplazaron —momentáneamente— al grupo de poder de los llamados “globalistas liberales”, cuyo poder está en los capitales financieros y corporaciones de Estados Unidos que operan transnacionalizadas. Los primeros buscan fortalecer su mercado interior, aunque a costa del mercado exterior, empleando la fuerza para someter a los que consideran su “patio trasero”.

En Panamá, el bloque social que ha dominado desde el asesinato del general Torrijos es el de los grupos que conocemos como “rentistas transitistas” y sus aliados en las capas de profesionales, dependientes del mercado exterior y la acumulación de riquezas basada en actividades llevadas a cabo en la zona de tránsito, actividades estas que no son de producción de bienes —más bien las eliminan y dificultan su presencia— sino extractivistas, de comercio y servicios financieros.

En ambos países, los bloques son liderados por dueños de capitales, no de trabajadores, ni siquiera de pequeños y medianos capitalistas. Lo que explica por qué se rodean para sus decisiones de empresarios de estos sectores y, por ende, a qué intereses sirven. A esto apuntó, atinadamente, el citado comunicado de la CNTP.

Así, científicamente, es erróneo acusar a los gobernantes actuales como de “vendepatrias”, lo que nos podría a coincidir con los que hacen ataques patrioteros. Nos referimos a aquellos ataques que se hacen porque las autoridades no cumplieron con trámites leguleyescos, con procedimientos de nuestras leyes constitucionales, dando cabida a pensar en que, si estos se cumplen, no hay nada que reclamar ante el coloso imperial después. Es decir, la forma desplaza lo real.

Ciertamente, en lo formal —en el cumplimiento de las escarpas leguleyescas— cabe acusar a las autoridades que han entregado nuestra soberanía, por una razón sencilla: efectivamente NO han traicionado a nuestra Patria, sino a la Constitución, hecha por su propio grupo desde 1904 con modificaciones a su medida la mayor de las veces.

La patria de los que defienden los recientes “acuerdos” con el colono imperial, no es la misma nuestra, por tanto, no han traicionado a su patria, más bien son coherentes con la asumida cuando los aparatos de seguridad o de la corporatocracia imperial los adocenaron y naturalizaron en favor de sus intereses, lo que los hizo perder desde hace rato su alineamiento por los intereses de la patria de los panameños, léase más bien, los intereses de las clases sociales trabajadoras y de las empresariales productivistas no rentistas ni extractivistas de Panamá.

Monseñor Ulloa Mendieta lo ha venido advirtiendo en las últimas homilías que le he escuchado: “Panamá no es su clase política, Panamá no es sus malos hijos que la venden al mejor postor, Panamá es su historia, su gente, su dignidad... y defenderla es un acto de respeto ante quienes la hicieron libre” (Monseñor Ulloa, homilía, 31/01/2025).

Ah, por cierto, no me extraña que de esta entrega al colono imperial —vendida como un acuerdo entre aliados— se repita ante los trabajadores urbanos, indígenas y los de Río Indio, la “colaboración” solicitada al ejército Estados Unidos hecha por el gobierno de Rodolfo Chiari, su canciller Horacio Alfaro (fundador de la Cámara de Comercio de Panamá) y demás beneficiarios de una ley rentista que subió los alquileres impagables a las viviendas de las clases trabajadoras urbanas. ante los que estos se rebelaron, generando una masacre de parte de este ejército para sofocar la histórica huelga inquilinaria en 1925.