La Academia bajo asedio en la Universidad de Panamá

En los cuarenta y dos años que he dedicado, en mi calidad de jurista, a la enseñanza del Derecho Romano en la Facultad de Derecho, jamás había sido testigo de un ataque tan artero inferido a la Academia y al Saber Superior en la Casa de Octavio Méndez Pereira; por lo cual en ella el Imperio del Derecho está en entredicho y la Academia está de capa caída.

La conducta aberrante y prepotente de las actuales autoridades de la Universidad de Panamá (UP), presididas por el rector y el decano de la Facultad de Derecho, quienes desde hace más de un año han sido declarados en desacato por haberse negado a acatar las órdenes y fallos judiciales ejecutoriados y en firme que han ordenado el reintegro de los distinguidos catedráticos de la Facultad de Derecho, Dra. Anayansi Turner Yao y el magíster Vicente Archibold Blake, arbitrariamente separados de la organización docente desde el 2013, ha causado una gravísima lesión a sus derechos humanos, constitucionales y estatutarios, al derecho que tienen de llevar el pan de cada día a su hogar y sobre todo, a su dignidad de académicos que han dedicado toda su vida profesional a la docencia superior en la UP, desde hace 30 años, sin que hasta la fecha —situación que asombra por decir lo menos al Pueblo panameño— ninguna autoridad judicial o del Ministerio Público haya puesto coto a semejante acto de persecución y barbarie.

Me pregunto al respecto ¿qué percepción de civismo, de ética o de moral, puede tener la comunidad nacional sobre las Autoridades de la UP, especialmente del rector y el decano de la Facultad de Derecho, al considerarse estos exentos de acatar y cumplir con los fallos y decisiones judiciales, cuando son ellos los primeros llamados a predicar con el ejemplo, como representantes que son de la cultura y la educación superior en el país? Parece, a su vez, que estamos en presencia en este caso, de una Administración de Justicia ciega, sorda, muda, temerosa, indiferente, insensible e inoperante frente al reiterado incumplimiento de lo ordenado por sus fallos, frente al clamor de las víctimas que demandan JUSTICIA y frente a la impunidad de quienes se consideran intocables.

Por otra parte, ambos funcionarios (rector y decano de la Facultad de Derecho) han nombrado desde el 2013 profesor regular titular (máxima categoría) en el Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho (al que pertenezco desde hace 42 años), al director actual de Servicios Administrativos de la UP, sin que dicho funcionario nunca antes de dicho irregular nombramiento hubiese siquiera ingresado a través del Banco de Datos ni como asistente ni como profesor especial y menos aún, sin que hubiese participado en concurso público alguno a través del Departamento de Derecho Privado o de la Junta de Facultad, como lo hemos hecho todos los profesores regulares de la Facultad de Derecho, en cumplimiento de lo que prescriben la Ley Universitaria y las normas estatutarias vigentes.

Ambos funcionarios hicieron uso de ‘procedimientos especiales ' y de ‘reglamentos especiales ', según afirma el propio rector en respuesta enviada a un abogado y exprofesor de la Facultad; ‘procedimientos ' y ‘reglamentos ' que nadie conoce en la UP, que no están contemplados en el Estatuto Universitario y que provienen del obscurantismo y el privilegio, no de la transparencia, la igualdad de oportunidades ni mucho menos de la Academia; de allí que dicho nombramiento sea ilegal, totalmente irregular, arbitrario y antiacadémico.

¡Funesto precedente para la Facultad de Derecho, que desde que fuera su primer decano y decano general de la Universidad el Dr. José Dolores Moscote, en 1935, jamás había tenido entre sus profesores regulares (auxiliar, agregado o titular) a quien no hubiese participado en un concurso público y transparente en el Departamento correspondiente, con la indispensable participación y aprobación de la Junta de Facultad, previa comprobación de los títulos de la especialidad y la puntuación obtenida en la materia del concurso!

También, y finalmente ‘por excusar y ahorrar letras ', como decía Cervantes; hago referencia a un tercer desaguisado que han cometido ambos funcionarios al utilizar un Sistema de Evaluación de los Profesores que ha sido modificado y transformado de tal manera a partir del 2013 y durante el 2014, con modificaciones inconsultas y subjetivas, propias de un centralismo perseguidor, y lo han convertido en un instrumento punitivo perfecto para ‘el pase de factura ' a aquellos catedráticos universitarios que no siguen la línea de la administración centralista superior (rector o decano); de allí que, actualmente, muchos catedráticos, en especial los de dedicación a tiempo completo, vivan bajo un régimen de zozobra y terror, porque en cualquier momento pueden ser separados o despedidos de la UP, si el rector o el decano así lo deciden y como ya lo han hecho, al margen del Derecho y la Justicia.

Popule Panamensi, ¿quo usque tandem abutere, illi, patientia nostra?

Pueblo panameño: ¿hasta cuándo, ellos, han de abusar de nuestra paciencia?

¡Barbaries delenda est!

¡La inhumanidad debe ser erradicada!

*PROFESOR TITULAR DE DERECHO ROMANO, FACULTAD DE DERECHO, UNIVERSIDAD DE PANAMÁ.