Advertencia ambiental: Lecciones de Crucitas en Costa Rica y Tambogrande en Perú para Panamá

¿Qué pasaría si Panamá desistiera de la minería legal regulada, permitiendo que la minería ilegal se apodere de la escena?

Algo que no se ha tocado hasta ahora con relación a todo lo que el tema minero ha causado los últimos meses en el acontecer nacional, es las consecuencias ambientales que trae el trabajar este tipo de proyectos fuera de las leyes, fuera del radar de la sociedad y las autoridades correspondientes y es el costo que sería para el Estado y las comunidades no contemplar este tipo de escenario.

Dos buenos ejemplos cercanos, de lo que podríamos llamar desastres ambientales, son el cierre de la Mina Crucitas en Costa Rica y la experiencia amarga de la mina de Tambogrande en Perú, de las actuales pueden encontrar mucha información en internet, principalmente sobre el desastre ambiental que ha causado en ambos países, que las empresas debidamente cosntituidas y bajo la auditoría nacional e internacional de estos dos países trajo, por no medir en su momento las consecuencias ambientales, laborales y sociales que trae la actividad, si está fuera de los radares legales de un país. Estos dos casos, a los panameños nos debe servir como faros de advertencia sobre los peligros ambientales asociados con la minería ilegal donde no estén las autoridades ni exista ley que la ordene, descontrolando, lo que está ya establecido en la Constitución de la República de Panamá y lo que ya hemos ganado con las normativas ambientales nacionales, por tal razón es crucial examinar las ventajas de mantener una minería legal que cumpla con las normativas en Panamá.

La minería legal, cuando se adhiere a estrictas regulaciones ambientales, laborales y sociales, puede ofrecer oportunidades significativas para el desarrollo sostenible. A través de prácticas responsables, Panamá, puede aprovechar los recursos minerales de manera que beneficie tanto a la economía como al medio ambiente, la generación de empleo en condiciones seguras y justas, la contribución a las arcas del Estado y el impulso a las comunidades locales son beneficios palpables.

Al salir la autoridad del área, cuando termina una relación Estado/empresa, la sociedad mal intencionada queda con la percepción de que el mineral preciado, está en la zona y que es de fácil remoción, por lo que se trasladarían a extraerlo de manera desorganizada, allí si, sin controles de erosión, uso inadecuado de químicos, utilización de agua de ríos y quebradas, etc. La Mina Crucitas, una vez un sitio de controversia en Costa Rica, evidencia la devastación ambiental que resultar de la minería sin restricciones. De manera similar, la Mina Tambogrande en Perú, está dejando cicatrices ambientales duraderas e irremediables. Si Panamá, abandona la senda de la minería legal, podría abrirle la puerta a la minería ilegal, con consecuencias catastróficas, tanto para el medio ambiente como para las comunidades aledañas a las zonas ya reconocidas como yacimientos mineros.

La biodiversidad panameña y sus ecosistemas únicos ahora sí, estarían en riesgo de extinción, sin planes ambientales que puedan dar los lineamientos a seguir. La pérdida de hábitats, la contaminación del agua y la degradación del suelo podrían convertirse en una realidad, amenazando la salud de muchas comunidades. En lugar de sucumbir a la tentación de la minería ilegal, es esencial fortalecer y hacer cumplir rigurosamente las leyes y regulaciones ambientales para preservar el rico patrimonio natural de Panamá. La lección está clara: el camino hacia el desarrollo debe estar pavimentado con prácticas sostenibles y respeto por nuestro entorno.

Al optar por la minería legal, Panamá puede establecerse como un modelo de sostenibilidad, equilibrando el crecimiento económico con la preservación del entorno natural. La aplicación rigurosa de las regulaciones garantiza la protección de la biodiversidad y la salud de las comunidades, creando un escenario donde el progreso y la responsabilidad van de la mano. En lugar de sucumbir a la amenaza de la minería ilegal, Panamá tiene la oportunidad de forjar un camino hacia un futuro próspero y sostenible.