La trivialización del delito

El “juegavivo” es nuestra marca país. De poco sirven los extraordinarios éxitos de Rubén Blades, Roberto Durán, Laffit Pincay Jr. y Mariano Rivera o los escasamente publicitados, pero significativos logros de la ciencia panameña, si la imagen internacional de Panamá se relaciona predominantemente con escándalos de grueso calibre. El delito ha crecido tanto, en frecuencia y magnitud, porque lo hemos trivializado por décadas y, aún peor, mantenido impune. No hay ladrones grandes y pequeños, hay ladrones. No hay delincuentes recurrentes o esporádicos, hay delincuentes. Si no detenemos al maleante apenas empieza a mostrar los primeros signos de vulnerabilidad por corromperse, cuando alcance una oportunidad política o empresarial con acceso fácil a autoridad y fortuna, el robo podría adquirir proporciones gigantescas. Más aún ante la ausencia de una clara certeza de castigo.

En las últimas dos semanas, hemos visto ejemplos de la banalización de distintas fechorías. El peculado destapado en la Lotería, con funcionarios involucrados en el cobro de billetes devueltos, pero que habían resultado ganadores, es apenas la punta del iceberg de la trampa que se realiza en las instituciones oficiales y que contribuyen al atraco sistemático de las arcas públicas. La comparación entre la decisión de un comercio de solo aceptar personas vacunadas dentro de sus instalaciones con lo perpetrado a las víctimas del holocausto o del apartheid surafricano, aparte de irracional, es una forma de enmascarar el pernicioso delito contra la salud pública que ocasiona la desinformación malintencionada sobre los enormes beneficios de la inmunización contra la COVID-19. La sustracción de un asiento del estadio fue otra burla a la justicia. Cuando una persona humilde hurta una gallina ajena, aunque indudablemente sea una infracción a la Ley, lo hace muy probablemente por necesidad, pero lo del cojín es una bufonada de mal gusto que también merece sanción.

No soy afín a personalizar mis críticas, porque no tengo acceso a pruebas inequívocas de corrupción, porque la justicia no es mi campo de experticia y porque prefiero más confrontar, desde una perspectiva ética, los hechos y no a sus protagonistas. Un gran número de panameños sospecha, sin embargo, que, al menos en estos 30 años de vida democrática, ha existido un pacto de no agresión entre los políticos de distintas banderías partidistas cuando asumen poder gubernamental. Es también un secreto a voces la componenda protectora entre diputados y jueces y la habitual genuflexión del Ministerio Público al Ejecutivo. Las designaciones de magistrados y procuradores han sido siempre cuidadosamente escogidas por el mandatario de turno y convenientemente ratificadas en la Asamblea Nacional para garantizar salir indemnes de cualquier potencial ilegitimidad.

Pese a que no soy afín a colectivo político alguno ni tengo predilección o aversión por ningún exgobernante, resulta evidente que ese supuesto pacto de no agresión se rompió durante la gestión presidencial 2014-2019 y en contra de la administración predecesora. A juzgar por los espectáculos mediáticos exhibidos por las fiscalías de esa época, hoy muy cuestionadas, y por las filtraciones de conversaciones entre las correspondientes jerarquías de ese quinquenio, las acusaciones parecieron obedecer más a represalias vengativas entre antiguos aliados, que a deseos genuinos de castigar presuntas anomalías en el manejo de fondos estatales. Por más correcciones de irregularidades que se pretendan alegar, por ejemplo, la paralización de la construcción de la Ciudad Hospitalaria, cambiada de nombre a Ciudad de la Salud, para, de manera mezquina, no reconocer méritos ni continuar los buenos proyectos de enemigos políticos, costará 500 millones de dólares adicionales, una monstruosa lesión patrimonial que urge ser investigada. Esta magna obra, para colmo, pudo haber ayudado a muchísimos enfermos durante la pandemia. Aplaudo, por tanto, la decisión del director de la CSS en culminar la valiosa construcción.

Para corroborar aún más la trivialización del delito que acontece en Panamá, basta recordar mi escrito anterior sobre la hipotética caída de un asteroide. Alguna gente, en lugar de enfocarse en el fondo del artículo que desnudaba la hipocresía y la corrupción generalizada de la sociedad, decidió atacar la parodia sobre la roca cósmica. Hubo personas aparentemente educadas, hasta con formación universitaria, que no entendieron el sarcasmo, mientras que otras mostraron suspicaz indiferencia a las prácticas mencionadas de deshonestidad o desfachatez cotidiana, que incluían negocios generados con base en información privilegiada, licitaciones amañadas, sobreprecios en obras, evasiones fiscales, clientelismos legislativos, vínculos con narcotráfico, coimas empresariales, sobornos a policías para evitar multas, vacunación por fuera de las prioridades, violación de normativas sanitarias, emisión de discursos de odio, prácticas de misoginia, homofobia, xenofobia o racismo y un largo etcétera. Tener que explicar la sátira, empleada como recurso literario para describir la doble moral imperante en nuestra nación, denota un grave déficit en lectura comprensiva, el evidente talón de Aquiles de la educación istmeña.

Algunos seres humanos recurren a la chanza o a la ironía para develar crudas verdades, mientras que otros se valen de la seriedad o la oratoria para camuflar aciagas falacias. Hace 200 años nos independizamos de los saqueadores foráneos del tesoro estatal, toca ahora emanciparnos de los depredadores coterráneos. La Patria no merece más pillaje…