Ajustes a los 12 meses

El primer mandatario anuncia ajustes en el equipo de gobierno al cumplir su primer aniversario. Se especula; se critica la lentitud de algunos funcionarios y, mientras se reclama el cumplimiento de promesas hechas, el oficialismo se defiende. Con fino sentido común, el panameño observa, analiza y calla para llegar a sus propias conclusiones, desprovistas de cualquier tinte político que trate de influenciar su juicio crítico.

Situémonos en perspectiva: hace un año el equipo de gobierno fue expresamente conformado por individuos provenientes del sector privado. Supuestamente la intención manifiesta fue inyectarle dinamismo a la acción de gobierno con eficientes ejecutivos fogueados en el sector privado, cuya formación académica y trayectoria garantizaría el logro del cambio prometido. En su gran mayoría se escogieron personas que no tenían experiencia previa en el manejo de la administración pública, carencia que hubo de requerir de ellos un esfuerzo adicional, no solo para adaptarse lo más pronto posible a las responsabilidades de sus cargos, sino también dominar las normas reguladoras de sus actividades y procedimientos oficiales.

Una de ellas —quizás las más importante— resulta ser la diferencia entre el ámbito de la conducta privada y los límites del quehacer oficial: mientras un ciudadano en sus actividades particulares es libre de hacer todo aquello que no le esté expresamente prohibido, en cambio en el campo oficial el funcionario se ve frenado porque solo está autorizado a hacer lo que expresamente le esté permitido por Ley.

Esta barrera, que delimita las facultades y la autoridad del funcionario, es la primera regla de oro de la función pública que los nuevos jerarcas, venidos del sector privado, tuvieron que tratar de aprender. Lamentablemente algunos de los jerarcas próximos a cumplir su primer aniversario parecen no haber comprendido cabalmente esta regla, ora excediéndola o quedándose cortos y retraídos por temor.

Otra novedad que debió sorprender a los nuevos funcionarios es la burocracia estatal. Descubrirían que no resulta igual dirigir una empresa privada que un organismo o entidad gubernamental. Significa transitar por un verdadero laberinto de procedimientos y formalidades que pocos dominan y que se deben cumplir fielmente. No cumplirlos podría suponer un delito. El sano propósito de esos requisitos es frenar cualquier posibilidad del uso indebido de bienes y recursos públicos, pero se pueden convertir en una maraña de pasos que no hacen más que dilatar la acción de gobierno o propiciar la corrupción.

En el ajuste gubernamental anunciado se deberían evaluar las medidas tomadas por cada uno en su dependencia para eliminar trabas burocráticas, sin menoscabo de la transparencia requerida.

La responsabilidad de informar a la ciudadanía es un compromiso peculiar del funcionario. A diferencia del empresario privado, un jerarca de gobierno es especialmente asediado por los medios de comunicación para lograr declaraciones de interés para la comunidad.

La prudencia exigiría que se eviten declaraciones hechas con ligereza o que desinformen a la opinión pública con aseveraciones imprecisas que confunden y que más tarde deban ser rectificadas. Percibimos que esta responsabilidad no se ha observado cumplidamente durante el año de gestión que termina.

El ajuste anunciado podría ser un acicate para quienes no sean removidos, pero abrigamos la esperanza de que el aprendizaje de nuevos funcionarios no siga retrasando, en sus respectivos campos, las respuestas que el pueblo espera desde hace 12 meses.

*Ex diputada de la República.mireyalasso@yahoo.com