El Informe Roberts, una joya de la historiografía panameña

En el año 2005, el empresario nicaragüense don Ernesto Fernández-Holmann, fundador del Grupo Financiero Uno, pedía al banquero panameño Luis H. Moreno que sugiriera una obra antigua de economía panameña, de escasa o ninguna circulación, que hubiese dejado huella en la historia del país. Quería incluirla en la Colección Cultural de Centro América, patrocinada por el Banco Uno, que ya contaba con 54 títulos fundamentales.

A Luis Moreno de inmediato le vino a la mente la obra Investigación Económica de la República de Panamá, también conocido como Informe Roberts, publicado a principios de 1930. La había conocido en su niñez o juventud, posiblemente en una biblioteca penonomeña o en el librero de su padre, y leído nuevamente en la edad adulta, buscando referencias para un informe sobre la ganadería de ceba.

De acuerdo con Moreno, se trataba de uno de los mejores estudios de su género que se hubieran realizado en la historia del país y creía que a más de 70 años de su publicación “debía animarse su lectura y consulta entre profesionales, empresarios, políticos, académicos y estudiantes para sacar múltiples y provechosas conclusiones”.

El Informe también cumplía con el requisito de ser poco conocido, pues en su momento había tenido una circulación “escandalosamente reducida”.

Fernández Holmann, presidente del Fondo de Promoción Cultural del Banco de América, decidió incluirla en su Colección Cultural de Centroamérica, por comprender que se trataba de “una joya de la historiografía centroamericana”, que permite a sus lectores “aprender de la historia económica de Panamá a comienzos del siglo XX”.

“No es un mero diagnóstico de la situación económica de Panamá de comienzos del siglo pasado, también recoge un conjunto de planteamientos que han mostrado su validez cuando han sido acogidos oportunamente por los tomadores de decisiones en el materia agrícola, política fiscal y régimen presupuestario”, comentaba Fernández Holmann en la introducción de la nueva edición de la obra (Ver https://www.enriquebolanos.org/libro/Investigaci%C3%B3n-Econ%C3%B3mica-de-la-Rep%C3%BAblica-de-Panam%C3%A1.-George-E-Roberts ).

“Es útil para los planificadores, empresarios, para los tomadores de decisiones del siglo XXI... es una herramienta para construir el futuro, pues no solo ofrece un recuento del pasado, sino que nos ofrece una asombrosa capacidad para avisorar el futuro y propone alternativas sólidas y eficaces, más allá de la fugacidad de las modas en materia de política económicas”.

El informe fue resultado de la iniciativa del presidente Florencio Harmodio Arosemena al iniciar su mandato en 1928, coincidiendo con el 25 aniversario de la separación de Colombia y 14 años después de inaugurado el canal, en momentos en que los panameños sentían que no se habían concretado las enormes esperanzas que se habían puesto en la construcción del Canal por los norteamericanos y cuando las estructuras económicas estaban a punto de derrumbarse por razón de una depresión mundial.

El país batallaba contra la pobreza, el atraso, los desencuentros políticos y los malos manejos y corrupción del gobierno. Los ingresos corrientes iban en aumento, pero la deuda externa crecía más rápido. Durante veinticinco años, los sucesivos gobiernos panameños dedicaron sumas importantes a la construcción de carreteras y a la educación, pero el país todavía estaba básicamente incomunicado y faltaban profesionales idóneos en todos los campos del saber.

El presidente Florencio Harmodio Arosemena (1928-1931) era un hombre de gran recorrido y experiencia, formado en la Universidad de Heidelberg, Alemania, que dominaba siete lenguas. Había trabajado para el gobierno alemán en la construcción de varios ferrocarriles en países como Portugal y Turquía. Posteriormente, había asesorado al gobierno cubano en la construcción del Ferrocarril Central y al gobierno ecuatoriano en el diseño del tramo conocido como “la nariz del diablo”, considerado en ese momento el mayor reto en la historia de los ferrocarriles en materia de ingeniería.

Arosemena era, en resumen, un hombre de números, acostumbrado a tomar decisiones informadas y no por instinto. Quería abordar su trabajo como presidente panameño de la misma forma.

Con tal motivo, se acercó a James H. Drumm, gerente residente de la Sucursal de Panamá de The National City Bank of New York, y le expresó su deseo de encomendar una investigación económica que permitiera hacer un inventario de los recursos de la república e hiciera recomendaciones útiles para la toma de decisiones del gobierno, en pos del progreso económico y social y, sobre todo, el mejoramiento de la administración pública.

Drumm acogió el planteamiento de Arosemena y lo habló con el presidente del banco en Nueva York, Charles A. Mitchell. A la institución le convenía que la economía panamá se levantara, pues fungía como su agente fiscal en Estados Unidos. Mitchell movió sus contactos en el gobierno americano hasta conseguir la cooperación de la División de Eficiencia del Gobierno Americano, en Washingon DC, a cargo de Herbert D. Brown, especializado en estudios de métodos gubernativos para los departamentos ejecutivos.

Con las mejores intenciones, Brown y cuatro otros funcionarios de su despacho (Herbert H. Rapp, James V. Bennett, Paul L. Rapp y Archie L. Peterson) pidieron licencia sin sueldo para trasladarse a Panamá por unos meses. Su sueldo lo pagaría el gobierno panameño.

En el istmo, conversaron en Panamá con funcionarios, ministros, empresarios, banqueros y miembros del cuerpo diplomático. Recorrieron el país, examinando sus recursos; analizaron las cuentas de gobierno. Finalmente, entregaron el reporte que llevaba el nombre de George E. Roberts, vicepresidente del National City Bank of New York, quien se encargó de coordinar y facilitar la labor de todos los que participaron en el esfuerzo.

El informe comprendía básicamente dos secciones. La primera era una investigación sobre el funcionamiento del gobierno en sus varias ramas y actividades, sus métodos administrativos, sistemas de tributación y estado de las finanzas. La otra, más larga, era un inventario de recursos: la población, sus capacidades económicas, los bienes productivos, la situación industrial y comercial, recursos financieros, facilidades de transporte y actividades privadas, junto con recomendaciones de largo plazo para el desarrollo nacional. (Nota: Esta sección la trataremos en la continuación del artículo la próxima semana).

En el primer aspecto, el comité encontró una catastrófica falta de profesionalismo en la administración del gobierno de Panamá.

“Si se mira el aumento de los ingresos, la situación financiera de Panamá debería ser juzgada como satisfactoria, pero, vista por los déficits y deuda flotante, debería por el contrario, ser considerada muy insatisfactoria”.

“Las finanzas de Panamá se encuentran en la actualidad en una condición crítica (1929). El tesoro está desprovisto de dinero, la cuenta del Gobierno en el Banco Nacional está sobregirada, existe una deuda flotante de cuentas por pagar de cerca de millón y medio de balboas y los gastos ordinarios continúan aumentando. En los últimos diez años, la Asamblea Nacional no ha cumplido con su obligación de aprobar los presupuestos y aún las partidas incluidas en el presupuesto expedido por el Presidente son burladas. La eficiencia del personal en servicio es baja debido a los venenosos efectos del nepotismo y la política".

"La manera como un gobierno cumple con sus deberes es la pauta que sirve para determinar si un país dado ofrece las seguridades necesarias para fincar en él hogares y negocios" .

“La labor más importante que todo gobierno enfrenta es la de mantener sus finanzas en orden, pues todo lo demás depende de esto… (Para ello se necesita) “disponer de un sistema de contabilidad eficiente, y el sistema que tiene en uso el Gobierno de Panamá no permite establecer fácilmente el total de pasivo del Tesoro. Esto se debe principalmente al hecho de que obligaciones en que incurren los numerosos departamentos y dependencias del Gobierno a menudo no son anunciados a la oficina central de contabilidad hasta que los servicios han sido completamente terminados y se exige el pago”.

“Los principios aplicables a las finanzas de los Gobiernos no difieren de los que regulan las finanzas del individuo. Los gastos deben mantenerse estrictamente dentro de las entradas, y si por un tiempo limitado o con un fin particular, se hace indispensable gastar más de lo que proporcionan los ingresos ordinarios, el excedente debe cubrirse por empréstitos, cuyo principal e intereses estén perfectamente garantizados con rentas seguras. Estos principios son de indispensables observancias para el mantenimiento del crédito público”.

“El aumento en las cantidades totales de las planillas de sueldos se debe en parte al aumento en el número de empleados y en parte al aumento en la escala de salarios. En general, nos ha parecido que la tarifa de sueldos no es exageradamente alta, pero sí creemos que están empleadas muchas más personas de las que efectivamente se necesitan para llenar las necesidades del Gobierno”.

“Aun dado el caso de que el Gobierno contara con los suficientes recursos para seguir cubriendo las actuales erogaciones, sería cometer un gran daño contra la gran masa del pueblo el continuar invirtiendo innecesariamente ingentes sumas meramente para hacer el trabajo de rutina de las Secretarías. Por cada dólar gastado de esta manera improductiva, el Gobierno disminuye su capacidad de invertir ese dólar de una manera que rinda beneficios al país. Un gran número de obreros trabaja en la actualidad en la construcción de caminos que vienen haciéndose con dinero prestado, pero es seguro que el Gobierno no podrá continuar consiguiendo dinero en préstamo en vista de los déficits del Tesoro, ni puede seguir incurriendo en déficits y disponer al mismo tiempo de recursos para gastos en mejoras públicas”.

El informe recomendaba el despido del excesivo número de empleados públicos, la instalación de un sistema de contabilidad que asegurara el control de todos los fondos y bienes del Gobierno; la reagrupación de las actividades gubernamentales conforme a sus funciones; retomar el servicio civil y eliminar la práctica de gravar los salarios de los empleados de gobierno con un 5%; reorganización del sistema de compras del gobierno; revisión del sistema de ingresos; disminución radical de los gastos estatales.

“El progreso de Panamá que se vislumbra en lontananza requerirá tiempo para su realización, pues el país ha menester aumentar su capital y su población con contribuciones del extranjero. No es sin capital y sin hombres de negocios capaces de inaugurar nuevas industrias como se alcanzará ese desarrollo”.

Finalmente, la presentación concluía: “El valor del Informe no radica en sí mismo sino en las reacciones que puedan producirse cuando las indicaciones y recomendaciones contenidas en él hayan sido juzgadas por el Gobierno y el pueblo de Panamá”.