Impunidad de alto perfil y su impacto económico: el desafío del nuevo procurador

El procurador General de la Nación carga sobre sus hombros una "responsabilidad especial" porque "está llamado a diligenciar investigaciones de alto perfil para identificar responsables y, sobre todo, impedir que la impunidad se arraigue entre nosotros como una enfermedad terminal".

Así ha descrito Jorge Juan de la Guardia, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), el reto que encara Eduardo Ulloa, el nuevo procurador General de la Nación designado por el presidente Laurentino Cortizo.

Con el nombramiento de Ulloa y los magistrados de la Corte Suprema, el Ejecutivo completó un ciclo de designaciones que, a juicio de la Cámara panameña de Comercio, se espera sean trascendentales para la administración de justicia en el país.

De la Guardia destacó que, al tiempo que el proceso respetó lo dispuesto en la Constitución Política del país —que reserva dicha facultad al presidente—, tuvo un acompañamiento técnico y profesional de selección que ha permitido la aprobación general de la nueva cabeza del Ministerio Público.

Como procurador suplente, el mandatario panameño designó al fiscal Javier Caraballo, y como procuradora de la Administración suplente, a Mónica Castillo, quien ocupaba el cargo de secretaria general de la entidad.

Solo cuatro meses atrás, luego de la absolución del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), duras críticas empañaron la administración de justicia panameña, agitando el escenario político para el entonces recién estrenado presidente Cortizo.

Ante el cuestionamiento de los medios, el nuevo mandatario prometió reformar la justicia y lavar la imagen internacional del país para atraer inversiones, a sabiendas de que durante los últimos cuatro años —según Transparencia Internacional, capítulo de Panamá— se han abierto cerca de 30 casos por corrupción. Pero no se registró ninguna condena a funcionarios de alto perfil.

El desafío para el procurador Ulloa, en ese sentido, será quebrar la fama de país que patrocina una corrupción "rampante", ya que esta es una de las razones por la que empresas estadounidenses no invierten en el istmo, según el informe del departamento de Estado de EEUU "Declaraciones sobre el clima de inversión para 2019: Panamá", emitido once días después de que Cortizo tomara posesión en el Ejecutivo.

El informe reúne datos clave que cuestionan los parámetros de las licitaciones del Gobierno. Se menciona, por ejemplo, el proyecto Panamá NG Power, alegando que está estancado por que "el Gobierno creó los términos de la licitación específicamente para el consorcio liderado por China".

El documento también repasa el caso de la constructora brasileña Odebrecht, que admitió haber pagado $59 millones en sobornos para contratos con el gobierno, pero "aún está haciendo negocios en Panamá y solicitando activamente proyectos gubernamentales".

"Se ha sabido que los gerentes de compras de empresas y los negocios de importación/exportación sobrefacturan o alteran los porcentajes de las órdenes de compra, mientra que los jueces, los alcaldes, los miembros de la Asamblea Nacional y los representantes locales han aceptado pagos para facilitación la titulación de tierras y las decisiones judiciales", señala la sección novena del reporte.

Otra preocupación iniciada esta nueva era de la administración en Panamá, será el equilibrio de los poderes en el marco judicial. Según la ley panameña, recalca el mismo documento, solo la Asamblea Nacional puede iniciar investigaciones contra miembros de la Asamblea Nacional, lo que a su vez ha llevado a cargos de "pacto de no agresión" de facto entre ambos órganos.