Caja de Ahorros cierra cuentas bancarias al Suntracs

Una entidad bancaria local cerró varias cuentas del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), al detectar “movimientos sospechosos” de dinero para el presunto “financiamiento de actividades de terrorismo”, según informaron altas fuentes del gobierno.

La medida ocurre en medio de las acciones de protesta y algunos actos vandálicos que se han registrado en diversos puntos del país en rechazo a la Ley 406, con la cual se avaló el contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá.

Al ser consultado en horas de la noche sobre el tema, el secretario general del Suntracs, Saúl Méndez, expresó que “ese es un tema que en realidad no puedo ni confirmarte ni negarte (lo del cierre de las cuentas). De eso me estoy enterando en estos momentos por lo que tú me estás diciendo. Hasta este momento por primera vez escucho eso”, indicó.

Agregó que si esto fuera así la junta directiva del Suntracs tiene que reunirse y ver qué situación se está presentando y sobre la base de algo así, estarían comunicándole al país lo que está pasando.

Según las fuentes gubernamentales, la entidad bancaria mantiene dentro de sus políticas de gobernanza la facultad de cerrar cuentas si detecta movimientos sospechosos para el presunto lavado de activos o para el financiamiento de actividades terroristas.

Por otra lado, diversas instancias judiciales ordenaron la aprehensión de algunos dirigentes vinculados con los cierres y retención de productores en el oriente de la provincia de Chiriquí.

Por un lado la personera municipal del distrito de San Lorenzo, Zadia Lou, dispuso la aprehensión y conducción de Evangelisto Miranda Montezuma, dirigente en las manifestaciones en la vía Interamericana a la altura del cruce de Horconcitos y Boca del Monte, por la presunta comisión del delito contra la libertad, contra la administración de justicia (delito de hacerse justicia por sí mismo) y apología del delito.

Mientras que la fiscal adjunta de la sección de atención primaria de la provincia de Chiriquí, Itzaida del Carmen Guevara, ordenó la aprehensión del ciudadano Domingo Montezuma por encontrarse presuntamente vinculado al delito contra la administración de justicia en su modalidad de apología del delito y delito contra la personalidad jurídica del Estado en su modalidad de delitos contra la personalidad interna del Estado en perjuicio del Estado panameño.

En tanto, un grupo de productores agropecuarios y empresarios de Chiriquí marchó ayer para exigirle al gobierno la reapertura de las principales vías de esta provincia, que por 25 días permanecen cerradas por manifestantes que piden la derogatoria de la Ley 406.

En el recorrido de la marcha, los manifestantes acudieron a la Gobernación de la provincia donde exigieron al gobernador, Juan Carlos Muñoz, actuar con mayor firmeza frente a estos cierres.

“No aguantamos más, Juan Carlos, no aguantamos más la humillación; el señor presidente Nito Cortizo realmente nos ha faltado. Hoy es el día del inicio de la dignidad de nosotros”, expresó uno de los productores dirigiéndose al gobernador quien salió a atender a los manifestantes. “Lo hacemos con respeto ahorita y estamos tolerando esta situación hasta donde podemos, pero realmente tenemos que tomar medidas, porque la olla de presión está a punto de estallar”, advirtió el productor.

Frente al reclamo de la multitud, el gobernador Muñoz se limitó a decir que “vamos hacia esa dirección señores, a la apertura de las vías, estamos en esa dirección, vamos a trabajar para que tengamos la apertura de las vías, es lo que les puedo decir para que estén bien conscientes”, respondió Muñoz entre los gritos y la rechifla de los manifestantes.

Por su parte, Enrique Athanasiadis, presidente de la Organización Nacional de Agricultores (Onagro), expresó que con estos cierres se está afectando no solo a los productores, sino a la población en general. “Tenemos un gobierno que no gobierna, que ha sido tan incapaz y que ha permitido que el pueblo se enfrente contra el pueblo, y eso es malísimo. La libre circulación es necesaria, si no hay libre circulación se castiga a la población, eso no castiga a los maleantes vende patria”, precisó.

En la ciudad de Panamá, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) calculó que la “incertidumbre y anarquía” generada por los cierres de calles han generado pérdidas acumuladas por más de $1.700 millones.

Frente a la situación que se vive en el país, la Defensoría del Pueblo solicitó al gobierno que restablezca de manera inmediata las garantías fundamentales “que de facto hoy no puede gozar la población, tales como garantía a la vida e integridad física, libertad, acceso a la salud, seguridad alimentaria, trabajo, educación, libertad de prensa, libre tránsito, propiedad privada, así como el derecho a la protesta pacífica, en cumplimiento de los mecanismos de protección que la Constitución Política de la República de Panamá, los convenios internacionales y las leyes le facultan”.

“Abogamos para que se realice un acercamiento con todos los sectores de la sociedad, que lleve a soluciones pacíficas y sostenibles, que devuelvan de manera urgente el orden público y la paz social, respetando el estado de derecho que tiene que prevalecer en la democracia”, indicó la Defensoría.

Ayer, sectores de la sociedad civil mantuvieron una vigilia en la Corte Suprema de Justicia, reclamando que esta entidad acelere el fallo sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra a Ley 406.