Hacia una PTJ independiente del Ejecutivo

Al crearse la Policía Técnica Judicial con el propósito de convertirla en un organismo dependiente del Ministerio Público y, en algunos aspectos, de la Corte Suprema de Justicia, se dio un paso acertado porque se afianzaba la institucionalidad democrática. Bastaba repasar el itinerario histórico del organismo para aplaudir que la vieja Policía Secreta o DENI, evidente policía política, habían sucumbido dando paso a una entidad con funciones independientes y especializada en la investigación criminal. Fue un proyecto entregado al tiempo y por tanto sujeto a su perfeccionamiento. Los que tenemos años para contar historias y vivimos experiencias de un organismo policíaco perseguidor, siempre aborrecimos de una institución dependiente del Órgano Ejecutivo por aquello de que quien tiene el poder tiende al abuso.

En muchos momentos de crisis institucional, los calabozos de la Policía Secreta y luego DENI estaban llenos de perseguidos políticos y la apreciación general señalaba que ese organismo era el brazo ejecutor de la venganza, la represión y el odio del Ejecutivo. De modo paralelo se le fue otorgando funciones judiciales y eran célebres los “informativos” de la Policía Secreta que luego pasaban al Ministerio Público como cabeza de proceso. ¿Quién dudaba que en esos “informativos” podrían estar las intenciones dolosas de los investigadores políticamente parciales?

Felizmente poco a poco se fue imponiendo el orden constitucional. Si la Constitución, la de ayer y la de hoy, establece que es función del Ministerio Público investigar la comisión de los delitos, la creación de una Policía Técnica Judicial encaja dentro de las funciones del Ministerio Público. Desmembrar la Policía Técnica Judicial y otorgar a una Dirección de Investigación Criminal, dependiente de la Policía Nacional, un papel jurisdiccional en el ámbito de la investigación criminal resulta un paso atrozmente involutivo con un doble peligro. El primero que se asigna semejante función a personas no idóneas para el cargo. El policía no ha sido educado para ejercer funciones judiciales; el segundo, que se atribuye funciones judiciales a un organismo no dependiente ni del Órgano Judicial ni del Ministerio Público.

Al surgir este tipo de proyecto se olvida el viejo aforismo fundado en la transitoriedad del ejercicio del poder, que aconseja “legislar en el gobierno para cuando te encuentres en la oposición”. Lo triste es que existen partidos que, con la retina de Chávez, tienen una visión de eternidad en el ejercicio no democrático del poder. No piensan en los costos políticos de sus desaciertos y por eso de pronto se estrellan con la voluntad popular en las urnas.

¿A quién se le ocurre otorgar algún tipo de funciones judiciales a la Policía Nacional? ¿Por qué se convierte a la policía en un centro de controversias tan distante de sus funciones? Si esa función se concreta en una ley, es obvia su inconstitucionalidad no solo porque invade fueros que la norma superior, históricamente, asigna a un órgano del Estado, sino porque se trata de un proyecto dictatorial que se identifica con los fantasmas reales del pasado, y que es contrario al orden democrático como pilar de un auténtico estado de derecho.

El argumento central de los defensores del nuevo adefesio es que la Policía Nacional llega a la escena del crimen antes que la PTJ o el Ministerio Público. ¿Pero en qué condición llega primero? En su condición de abnegados y sacrificados agentes de la autoridad y en tal condición ejercen las funciones que le permiten las leyes y entre ellas la de comunicar de inmediato a las autoridades competentes la comisión del ilícito. En la primera instancia la Policía Nacional aprehende a los autores del delito y custodia la escena del crimen hasta que se presenten los funcionarios del Ministerio Público.

Entre algunos comentaristas la ley en debate es mirada a través de los rostros de los principales protagonistas. Se olvidan que los rostros son transitorios y que lo medular es mantener la aspiración de contar con una PTJ apolítica, científica, realmente independiente del Ejecutivo, pero ligada en su funcionamiento, exclusivamente, al Ministerio Público y al Órgano Judicial. Se comete el error de ver en las tesis contrarias a la ley en discusión la estampa de la procuradora de la Nación, y quienes favorecen la ley ven en ella la efigie del ministro Delgado. Se suelen hacer muchas críticas a ambos rostros, pero lo que debe ser enjuiciado objetivamente son los argumentos representativos de las dos corrientes. La tesis de la procuradora opuesta al desmembramiento favorece lógicamente el perfeccionamiento evolutivo de una institución que debe ser altamente científica, eficiente e independiente del Ejecutivo. Las experiencias vividas por esa institución permiten sanear sus errores y puntos críticos. Las tesis del ministro apuntan a un retroceso, a una época en que la Policía Secreta o el DENI eran sinónimos de terror, tan solo por ser dependientes de los caprichos políticos de los gobernantes no democráticos de turno.

Esta ley exige mayor debate y un resultado de consenso de modo que los órganos del Estado actúen armónica e independientemente, sin ser víctimas de encerronas navideñas ni de mutaciones que conviertan a los policías de súbito en fiscales de instrucción, por más embozadas que se encuentren las intenciones.

La Corte Suprema de Justicia, de aprobarse la ley –lo cual es absolutamente probable– tendrá la función de resolver las demandas de inconstitucionalidad que lloverán contra esta iniciativa del Ejecutivo, tan contraria al mejor interés democrático y jurídico de la República.

Publicado originalmente el 15 de diciembre de 2007.