Ministro de Comercio presenta a la Asamblea contrato ley minero modificado

El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, presentó ayer ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley modificado que establece el contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, S.A.

La devolución de este documento se da luego que el Consejo de Gabinete aprobara el pasado 10 de octubre algunas modificaciones en temas sugeridos e identificados en la resolución de la comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, que recomendó ajustes a este contrato ley atendiendo diversas inquietudes surgidas durante el periodo de consultas ciudadanas.

En estas consultas participaron sindicatos, gremios, organizaciones de la sociedad civil, empleados de la minera y pobladores de las comunidades adyacentes a la explotación minera.

Según explicó el ministro Alfaro, entre los temas modificados está la eliminación del contrato de las cláusulas de expropiación. Se aclaró que Minera Panamá solo puede explorar, extraer, y explotar cobre y sus minerales asociados en el área de concesión en los distritos de Donoso y Omar Torrijos. El contrato deja claro que no pueden extraer minerales fuera del área de concesión.

De igual manera se eliminó del contrato la cláusula que permitía a Minera Panamá solicitar restricciones al espacio aéreo, y con relación al contrato marco se establece que esta cláusula también queda eliminada, aclarándose que los términos de este contrato solo aplican a Minera Panamá.

También se eliminó el derecho de Minera Panamá de solicitar al Estado clasificar la identidad de beneficiarios finales de acceso restringido y en cambio, se establece que esta información está sujeta a la ley general de Panamá.

Queda eliminada, además, la cláusula del contrato que contemplaba que el Estado otorgaría una concesión de exploración de oro, plata y molibdeno. Mediante las modificaciones aprobadas, el contrato no autoriza ninguna otra concesión para Minera Panamá.

El contrato aclara que la oficina especial de fiscalización es una herramienta más de fiscalización y monitoreo.

El Estado mantendrá todas sus facultades constitucionales y legales de fiscalización y monitoreo, y no hay límites al número de funcionarios que pueden fiscalizar las operaciones.

Finalmente se incluyó una cláusula reafirmando que nada en el contrato restringe ni limita la soberanía de la República de Panamá sobre su territorio.

En días pasados, el Consejo de Gabinete aprobó el retiro del proyecto, así como la revisión de su redacción con la empresa minera. Igualmente, que el documento fuera presentado nuevamente ante el Órgano Legislativo con las modificaciones que resultaron de las consultas efectuadas.

Alfaro dijo que luego de atender “múltiples preocupaciones”, el equipo asesor del gobierno se reunió en sesión permanente con representantes de la empresa para discutir los cambios relativos a los puntos señalados por la comisión de Comercio de la Asamblea.

“El gobierno del presidente Cortizo es un gobierno que escucha, y prueba de ello es que hemos trabajado de forma ininterrumpida, a fin de garantizar que las preocupaciones y dudas de la población fuesen atendidas”, manifestó Alfaro Boyd.

Aseguró que puede confirmar que el Estado y Minera Panamá nuevamente han llegado a un acuerdo sobre los puntos identificados por la Asamblea Nacional y otros puntos adicionales, en particular para reafirmar que nada en el contrato restringe ni limita la soberanía de la República de Panamá sobre su territorio.

El pasado 28 de septiembre los diputados de la comisión de Comercio de la Asamblea Nacional aprobaron una resolución en donde suspendieron la discusión en primer debate de este proyecto y recomendaron al Órgano Ejecutivo el retiro del mismo con el fin de que se atendieran las observaciones planteadas por esta instancia legislativa.

Se desconoce cuál será el tratamiento que la dará la comisión de Comercio, al haberse retirado este documento de esta instancia y mantener paralelamente “suspendida” su discusión en primer debate.

Los comisionados deberán definir si será considerado legalmente como un proyecto nuevo, ante lo cual tendrían que hacer un nuevo periodo de consultas ciudadanas, y si entrarán de inmediato a su discusión y votación en primer debate.