Desfile de trabajadores de la mina en el segundo día de debate

La discusión del proyecto ley 1043 que aprueba el contrato de concesión celebrado entre el Estado y la Sociedad Minera Panamá S.A. sigue en la etapa de recibir opiniones. Mientras eso ocurre a lo interno de la Asamblea, trabajadores se mantenían en los predios de la Asamblea a la espera de ingresar. Además, la Policía Nacional cerró el acceso a las vías colindantes al hemiciclo legislativo por la convocatoria a protestar.

El debate empezó desde muy temprano. La presencia de los trabajadores de la mina se notó en el recinto. Los sindicalistas se quejaron porque cada una de las sillas fue ocupada por personas a favor del contrato minero.

La comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional está en sesión permanente desde este lunes 28 de agosto. Se espera la participación de unas 205 personas, pertenecientes a distintas instancias de la sociedad panameña.

Las personas cuentan con 20 minutos para intervenir, mientras que los comisionados y diputados tendrán hasta 30 minutos para hacer uso de la palabra.

Los ministros Federico Alfaro Boyd, Doris Zapata y Miliciades Concepción estuvieron presentes en la discusión del proyecto ley.

Marco Andrade, secretario de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), exigió que se haga una plebiscito para que la población opine acerca del contrato.

Además, se preguntó cómo una empresa va a decirle al Estado en un contrato en qué se va a utilizar el dinero.

Nixia Oglive, trabajadora de la mina, le recomendó a las personas que no están a favor del contrato, no estar repitiendo mentiras. “El contrato es claro y tienen que leerlo antes de ir a la Asamblea Nacional. No repitan cosas que escuchan por ahí”.

Gilberto García, dirigente de Vanguardia Torrijista, mostró su oposición al contrato y mostró imágenes en la que se identifican ríos “contaminados”.

Hermógenes Rojas, líder comunitario de La Pintada, asegura que no hay otra empresa privada que aporte tanto a la región como la empresa Minera Panamá.

En la jornada de la tarde los trabajadores de la minera se tomaron las opiniones. La mayor intervención fue por parte de los trabajadores y empresas que prestan servicios a Minera Panamá.

Hasta la tarde de ayer habían participado 79 de las personas que se anotaron. La comisión sigue en sesión permanente y hoy los diputados siguen escuchando a las partes que están a favor y quienes se oponen al contrato ley.

Luego de las intervenciones públicas, la discusión del proyecto ley 1043 se realizará en dos bloques; uno, sobre soberanía y tenencia de la tierra, agua, salud, ambiente y calidad de vida. Y el segundo, sobre asuntos económicos y fiscales, y aspectos legales, institucionales y laborales.

Además de las consultas en la Asamblea Nacional, la comisión de Comercio tiene previsto hacer dos reuniones en los corregimientos de Omar Torrijos y Donoso, en la provincia de Colón. Esto se hará una vez culminen las participaciones ciudadanas.

Cabe destacar que los diputados solo pueden aprobar o rechazar el contrato ley, y no tienen facultad para modificarlo.

En marzo pasado, el Gobierno de Panamá y First Quantum Minerals alcanzaron, tras más de un año de arduas negociaciones, un acuerdo final de contrato de concesión a 20 años prorrogables para la explotación de la mina de cobre, que establece ingresos mínimos anuales de $375 millones al fisco y amplios poderes de supervisión estatal a la operación, entre otros.

La mina Cobre Panamá comenzó a exportar mineral de cobre en junio de 2019 y tiene una inversión de alrededor de $10.000 millones, según el gobierno y la empresa, además de 5.279 trabajadores directos y cerca de 40.000 indirectos.

El Gobierno de Panamá ha dicho que el nuevo contrato establece el Fideicomiso Conquista del Atlántico, el cual velará por un uso justo y equitativo de las regalías e impuestos que pague Minera Panamá.

El nuevo contrato con la empresa Minera Panamá S.A. que establece una regalía del 12% al 16% de la ganancia bruta y un pago mínimo de $375,000,000 a Panamá, también contempla mejoras significativas en materia laboral y ambiental para el Estado.