Abogado advierte que tránsito de carga ‘se ha vuelto aún más peligrosa’

“El tipo y volumen de carga peligrosa que se ha transportado por el Canal de Panamá es de carácter reservado y no puede ser divulgada”, así manifestó el abogado y presidente de la Asociación de Derecho Ambiental, Donaldo Sousa, luego de ser consultado por el tipo de carga peligrosa que transita por la vía, como ocurrió en marzo pasado con el M.V. Ophelia.

Sousa recordó que en agosto de 2019, solicitó esa información a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y no fue hasta presentar un habeas data en la Corte Suprema en octubre de ese año, que Agenor Correa P., vicepresidente de Asesoría Jurídica, le respondió mediante la nota DI-551-2019 fechada el 25 de octubre de ese año.

En marzo de 2023, la ACP y la Autoridad Marítima de Panamá autorizaron el tránsito del M.V. Ophelia, de bandera panameña, proveniente de Venezuela, con 47,252 toneladas de material DRI-B, altamente peligroso por su explosividad al transportarse sin inertizar.

Sousa aclaró que más allá de la peligrosidad a la que son expuestas las ciudades de Panamá y Colón y el propio Canal, lo más temerario es que se pueda dar —aunque sea una remota posibilidad— un acto terrorista al momento del tránsito.

“Esto va más allá, de la carga explosiva, debido a estas cargas, de darse un acto terrorista, se acabaría con las ciudades de Panamá y Colón, lo que sería terrible”, afirmó el jurista.

Sousa alegó que viene presentando denuncias desde hace más de 35 años, cuando la vía interoceánica aún era administrada por los estadounidenses; sin embargo, a su juicio en los últimos años, bajo la administración panameña, la situación de la carga peligrosa que transita por el Canal "se ha vuelto aún más peligrosa”.

La ciudadanía no tiene claro a que se expone con el tránsito de estas cargas peligrosas. Podría traerse de plutonio, radioactivas, nucleares y otras, dijo.

Sugiere que Panamá emule la normativa del Cono Sur, donde Uruguay y Argentina han de prohibido el paso de estas cargas, debido a que las “aseguradoras no las cubren”.

Con base en la nota DI-551-2019 suministrada por Sousa en el punto 3 dice que la vicerrectoría de Finanzas, a través de la sección de Seguros y Fianzas (FIFS), “la ACP tiene póliza multirriesgo que cubre los riesgos de la operación del Canal y, además, todo buque de tránsito debe contar con una cobertura de seguro de protección e indemnización, de conformidad a lo exigido por los convenios internacionales de seguridad de la navegación y las normas reglamentarias de la ACP”.

“Por otra parte, la división de Operaciones de Tránsito (NTO), nos comunica que el Canal de Panamá cuenta con un ciclo completo de preparación para respuestas a emergencias que incluye prevención, preparación y la respuesta propiamente dicha. A lo largo de los años hemos desarrollado una cultura de prevención y preparación que, cada vez, se robustece por intermedio de diferentes iniciativas que van desde inspecciones, desarrollo de procedimientos, capacitación, ejercicios internos e interinstitucionales y análisis de riesgo integral que permiten un fortalecimiento de nuestros planes para abordar diferentes escenarios. Contamos, también, con los protocolos que nos permiten coordinar con las autoridades nacionales en caso de algún impacto a la población adyacente a las áreas operativas del Canal e incluso hemos Suscrito acuerdos con agencias internacionales, tales como el Equipo Nacional de Respuesta de los Estados Unidos (NRT, por sus siglas en inglés), para aquellos eventos de gran magnitud que excedan nuestra capacidad local, entre otras”, concluye el punto 3 de la respuesta que la ACP le dio a Sousa.

Por su parte, el excanciller de la República, José Miguel Alemán, aunque desconoce el detalle de los hechos en que se sustenta la denuncia presentada sobre el cruce del M.V. Ophelia, ilustró que “siendo la República de Panamá un Estado Miembro de la Organización Marítima Internacional (OMI), en principio el tránsito marítimo de carga por nuestras aguas territoriales y el Canal de Panamá, debe sujetarse a las normativas adoptadas por dicho organismo al cual se han adherido 175 Estados. En este sentido, vale resaltar que la OMI es un organismo especializado de las Naciones Unidas, responsable de la seguridad y protección de la navegación marítima internacional, siendo uno de sus principales objetivos prevenir la contaminación marítima”.