Los retos del proceso constituyente en Panamá

Los panameños nos encontramos ante el deber histórico de promover un proceso constituyente que nos permita adaptar nuestra ley suprema a los cambios sociales, políticos, culturales, tecnológicos y ambientales.

Las reformas de 1983 debemos comprenderlas y ubicarlas dentro del contexto de un tiempo de transición, por lo cual se otorgó mucho poder a los partidos políticos y se permitió que tengan una estructura de masa clientelar que nos tiene atascados en el subdesarrollo y que ha convertido al Estado panameño en un Estado patrimonial-empleador o un Estado-piñata.

Esta situación es incoherente con las nuevas realidades de una ciudadanía con nuevas demandas y exigencias; el problema subyace en la vertiginosa pérdida de confianza y legitimidad de los gobiernos, empezando por el Órgano Ejecutivo, y permeando al resto de los órganos del Estado, incluyendo los órganos de control y fiscalización encargados de supervisar y evaluar la gestión de los recursos públicos.

No vale la pena esperar que la crisis nos obligue, este es el momento de activar el poder constituyente. Pero para que el proceso constituyente sea exitoso, debemos comprenderlo como un conjunto de acciones que deben ser impulsadas para lograr el objetivo de una nueva carta magna; entre esas acciones debemos destacar primeramente la necesidad de una labor de docencia intensa a nivel nacional, incorporar al debate a todas las fuerzas sociales y sobre todo poder encontrar los puntos de consenso.

El proceso constituyente será exitoso en la medida en que comprendamos que no se trata de moldear la ley suprema de acuerdo con los lentes ideológicos particulares de algún sector; por el contrario, para que el proceso constituyente alcance sus objetivos, se requiere de desprendimiento y madurez que se traduzca en la capacidad de ubicar los aspectos sobre los cuales existe consenso social. Esto implica la búsqueda de puntos de acuerdo y la superación de diferencias para llegar a un consenso general que sea aceptable para la mayoría de los ciudadanos.

La nueva constitución debe tener un objetivo primario, el de profundizar el sistema democrático, pasar la página a la actual democracia minimalista e instaurar una democracia participativa-deliberativa, fomentar la participación activa de los ciudadanos en la formulación de políticas públicas y en la toma de decisiones colectivas, desde las comunidades hasta los temas nacionales. En este aspecto vamos a tener consenso, ya que todos los panameños deseamos un sistema democrático que permita la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, no como oyentes, sino como parte activa. Para esto se deben incluir mecanismos, algunos incluso existen hoy, como los presupuestos participativos en las juntas de desarrollo comunitario, pero deben garantizarse desde la carta magna ya que la realidad es que se entregan decenas de millones del erario público a los representantes de corregimiento y esos millones van a parar en sus bolsillos, mientras que los corregimientos siguen sumergidos en los mismos problemas. Para muestra solo basta dar una vuelta por Colón.

La nueva constitución debe otorgar poder a los ciudadanos y establecer el principio del control ciudadano sobre la gestión pública, los fondos públicos y las metas y objetivos prometidos y establecidos en el plan de acción de los funcionarios elegidos; esto se puede hacer por medio de una política real de transparencia y el uso de tecnología.

El artículo 270 de la Constitución colombiana faculta a los ciudadanos para que intervengan activamente en el control de la gestión pública, e indica taxativamente: “La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública, que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados”.

La nueva constitución debe establecer los mecanismos de control ciudadano de la gestión pública para fortalecer la democracia y prevenir la corrupción. Los ciudadanos deben ser actores activos en la fiscalización de los recursos públicos y en la toma de decisiones que afectan su bienestar. Esto va a contribuir en la labor de generar confianza en las instituciones, en mejorar la calidad de los servicios y políticas públicas, al mantener un constante escrutinio por parte de la sociedad.

Las políticas y normativas de transparencia activa y proactiva en Panamá solamente toman en cuenta la parte administrativa del Estado, pero dan la espalda por completo a la inversión del Estado. Esto es insólito dentro de una democracia moderna, donde los presupuestos del Estado y de las instituciones y sobre todo la inversión del Estado debe ser de carácter público.

Los cheques en blanco, los puentes van dame, las cintas coimeras, el dinero de descentralización utilizado para política y corrupción, las coimas odebrecht, las adendas a los contratos de infraestructura pública y las empresas que subsisten del Estado poniendo en riesgo la sana competencia dentro del sistema económico actual, deben quedar en el pasado, y sobre esos aspectos puede existir consenso ciudadano.

Hay que poner fin al presidencialismo panameño ya que tiene características que se asemejen a las estructuras jerárquicas del feudalismo, como la concentración de poder en una sola persona, la falta de rendición de cuentas, el culto a la personalidad, la increíble adulación o lambonería de los asesores y funcionarios alrededor del monarca, la falta de capacidad para comprender la realidad que les rodea a quienes conviven en el “Palacio de las Garzas”, todo esto tiene explicaciones de carácter cultural que guardan relación con la evolución y el desarrollo de las instituciones políticas.

Es cierto, existen sectores que con la finalidad de mantener el statu quo actual han inyectado el temor como estrategia de manipulación e inmovilización de la ciudadanía. Sin embargo, esta estrategia no es nueva, sobre este “mito del terror constituyente” hace 20 años el filósofo político panameño Jorge Giannareas esbozó una serie de ideas que siguen vigentes:

“Con demasiada frecuencia se lee y se oye decir que convocar a una constituyente es invocar a las fuerzas del caos y del desorden. Las metáforas son prodigiosas: una caja de Pandora, un torrente incontrolable, un tumulto perenne que inundará las calles vociferando que la constituyente le resuelva sus problemas. A juzgar por la pasión con que se demoniza a la constituyente, la situación parece, en efecto, delicada. No se critica a la constituyente como una chifladura cualquiera. Se le critica porque es viable, porque hay temor de que en efecto se haga. Los que se oponen a ella tienen como misión impedirla a toda costa, porque sienten amenazados sus intereses partidistas”. (Giannareas, J, 2003).

También existe una especie de pesimismo, es decir, dificultad de creer que los panameños somos capaces ya sea producto de falta de autoestima nacional o de los abusos de una clase política clientelar, corrupta y muchas veces lavadora de dinero, que afianza su poder por medio de sembrar el “miedo a la libertad” del que escribía Fromm en 1941, para quien la libertad implica elegir y enfrentar las incertidumbres y riesgos que vienen con la toma de decisiones, sin embargo, la sensación de inferioridad y la falta de confianza en las propias capacidades de los panameños nos impiden dar pasos hacia esa libertad.

Actualmente las dos democracias mejor ponderadas de América Latina son la de Uruguay y la de Costa Rica, ambos países comparten con Panamá el hecho de tener un PIB per cápita alto (el de Panamá es más alto), son también países con espacio territorial manejable, una cantidad similar de habitantes y un nivel de alfabetismo relativamente alto.

Volviendo al tema de los partidos políticos, en Costa Rica para formalizar su existencia se requiere un mínimo de 3.000 firmas de ciudadanos. En Uruguay la formalización de partidos políticos requiere el 0,5% del padrón electoral que actualmente corresponde a menos de 2.000 firmas, queda claro que ambas democracias impulsan el pluripartidismo, y la participación desde estas importantes estructuras es amplia e incluyente. En Panamá hay que empeñar el ojo izquierdo para ser considerado un partido en formación, y para llegar a formalizar la inscripción de un partido político se necesita una serie de requisitos que develan la falta de interés en que los ciudadanos se organicen y participen. Es triste y desmoralizante ver cómo se obstruye la participación al exigir inscribir el 4% del total de los votos válidos emitidos en la última elección de la República, lo que actualmente equivale a 80.000 firmas. No leyó mal, ese es el país en que usted vive, y actualmente impulsar la constituyente es fundamental para garantizar la paz social.

Tenemos un sistema político partidista elitista (no necesariamente clasista) que limita la participación desde los partidos políticos, incitando el clientelismo y la corrupción.

La constituyente, señoras y señores, es necesaria para podar el camino hacia el desarrollo nacional participativo, incluyente e integral, y para tener una administración pública eficiente, y que los recursos (todos y cada uno de ellos) sean orientados hacia el bien común, no hacia el bolsillo del político clientelar de moda.

No debe caber duda de que uno de los principales retos de la actual generación de panameños es la de profundizar nuestra democracia y su institucionalidad, para que sea una de las mejores ponderadas de América Latina, y así abonar el camino de las futuras generaciones sin el riesgo de estar arando en el mar.