Tildan de 'atrevimiento militarista' el pronunciamiento de la Fuerza Pública

El pronunciamiento público hecho por el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, rodeado por los directores de los estamentos de seguridad pública con su vestimenta militar o policial sigue generando serios cuestionamientos de juristas.

El politólogo Carlos Guevara Mann manifestó que este pronunciamiento constituyó una inadmisible intromisión de los militares en asuntos que no son de su competencia.

“La Constitución claramente señala que la fuerza pública 'no es deliberante'. Sus integrantes no pueden participar en debates ni deliberaciones militaristas. El pronunciamiento castrense constituye un atrevimiento militarista que el señor (Laurentino) Cortizo no ha debido permitir”, sostuvo Guevara Mann.

El pasado viernes, un día después que la Asamblea Nacional archivó el proyecto de ley sobre extinción de dominio, el ministro Pino y los directores de las fuerzas públicas difundieron un video en el que cuestionaban la decisión.

Según los críticos, esta aparición de los directores de las fuerzas públicas viola el artículo 311 de la Constitución Política que establece que: “Los servicios de policía no son deliberantes y sus miembros no podrán hacer manifestaciones o declaraciones políticas en forma individual o colectiva. Tampoco podrán intervenir en la política partidista, salvo la emisión del voto. El desacato a la presente norma será sancionado con la destitución inmediata del cargo, además de las sanciones que establezca la ley”.

Para Guevara Mann, con este mensaje los uniformados “evidentemente intentan amedrentar”.

Para el politólogo, el pedido de algunos sectores para que el ministro Pino sea destituido debe ser extensible al resto de los directores de los estamentos de seguridad, que aparecen con él. “Deben ser destituidos por insubordinación”, indicó.

El abogado y exfiscal Neftalí Jaén sostuvo que el mensaje del ministro busca “amedrentar, amenazar e intimidar y dejar entrever que tienen información de algunos vinculados a X-Y grupo, pero señaló que aún así no podían, ni pueden, hacerlo al margen de la Constitución”.

“Esa aparición se puede interpretar como una amenaza o una acción para amedrentar”, enfatizó.

Insistió en que al momento de mostrar su disconformidad con la no aprobación de la ley de extinción de dominio, el ministro Pino debió ser destituido “porque incurrió en desacato”.

Al respecto señaló que el procurador de la Administración debe notificar al presidente de la República lo que ha pasado y lo que procede en cuanto a la violación constitucional, incluso para quienes acompañaban al ministro de Seguridad.

Detalla que el ministro en su pronunciamiento confiesa que él habla en nombre de los más de 30 mil miembros que conforman los diferentes estamentos de seguridad.

“Señor ministro [...] usted no puede hacer deliberaciones a favor o en contra por esa disposición constitucional. En todo caso le competía al presidente de la República como jefe del Órgano Ejecutivo hacer una manifestación sobre dicho rechazo por parte de la Asamblea y no usted, porque usted lo tiene vedado por el artículo 311 de la Constitución”, precisó.

Detalló que al incumplir el artículo 311 de la Constitución, el ministro Pino incurrió en desacato y, seguidamente, la Constitución establece que se procede con la destitución inmediata del funcionario que ha incurrido en la falta.

Jaén, quien es abogado constitucionalista, manifestó que el pedido de destitución también aplica para los miembros de la Fuerza Pública que acompañaron a Pino en este pronunciamiento. “Sí, porque el artículo 311 habla de deliberaciones personales o colectivas, y eso era un colectivo de comandantes que estaban reunidos, a pesar de que tenían un zipper en la boca”, señaló.

En tanto, el también jurista Guido Rodríguez calificó de “absolutamente innecesario” este pronunciamiento.

“Si (el ministro) quería enviar un mensaje sobre el esfuerzo que ha hecho el ministerio, entidad a la que le delegaron cargar con ese proyecto por parte del Ejecutivo, podría haber aparecido él y su secretario general Jonathan Riggs. Poner a uniformados a rodearlo es caminar al filo de la violación de la Constitución”, aseguró.

Rodríguez no cree que hubiese la intención de enviar un mensaje, pero lo calificó como una “imprudencia supina”, de alguien que no está acostumbrado a manejar temas políticos ni técnico-jurídicos en materia criminal. “Fue un error haber delegado este tema a ese ministerio”, dijo.

Con relación al pedido de destitución del ministro Pino y de los directores de los estamentos de seguridad, hecho por varios sectores, Rodríguez consideró que esa petición cualquiera está en libertad de hacerla, y agregó: “que la concedan, en este gobierno, es bastante improbable”.