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- 28/03/2023 16:19
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La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Oris Medina, apuntó a dos funcionarios y un particular por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias, en perjuicio de la Autoridad Nacional de Administración Tierras (ANATI).
Además, la jueza aplicó medidas cautelares personales de reporte periódico dos veces al mes, prohibición de salida del país y la prohibición de acercarse a la víctima.
En tal sentido, la juez de garantías, luego de escuchar los argumentos de las partes intervinientes, legalizó la aprehensión, dio por presentada la formulación de imputación de cargos hecha por el Ministerio Público y basó su decisión de aplicar las medidas cautelares personales, antes descritas al considerarlas necesaria y proporcional a la naturaleza y gravedad del hecho; aunado a que los imputados no registran antecedentes penales y por sentido humanitario, en virtud que mantienen condiciones médicas de salud.
Durante la audiencia de solicitudes múltiples que se celebró la mañana de este martes 28 de marzo, en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal anticorrupción Nadia Tuñón y el fiscal Olmedo Gómez. La defensa técnica particular la ejercieron los abogados Rubén Castrejo Camarena, Cristian Araúz y Uldarisio Diez.
Esta causa penal tuvo su inicio el 14 de febrero del año 2022, cuando el Ministerio Público inició una investigación por supuestas irregularidades en la legalización de tierras.