Régimen fiscal 'pernicioso': el motivo de la UE para mantener a Panamá en su lista discriminatoria

Presentar un “régimen fiscal pernicioso” de exención de rentas de origen extranjero sigue siendo la razón por la que la Unión Europea (UE) decide mantener a Panamá en su lista discriminatoria, por quinto año consecutivo.

En las conclusiones brindadas en la última actualización del listado el 24 de febrero de 2023, el Consejo de la UE explicó que hasta la fecha, el país no cuenta con una calificación mínima del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales.

Durante su reunión anual, la UE también dio paso a reconocer que el país se ha comprometido a atender a su debido tiempo las recomendaciones del marco inclusivo, con respecto a la aplicación del criterio 3.2 sobre la presentación de informes por país, para que pueda constar en el informe de revisión inter-pares de la acción 13 del marco inclusivo que se publicará en otoño de 2023.

La catalogación de un “régimen fiscal pernicioso” es un tema de arrastre que viene desde 2019, cuando Panamá entró por segunda vez a la lista discriminatoria de la UE.

El Consejo de la UE, durante todo ese periodo ha definido que el sistema fiscal de la República de Panamá es “riesgoso y perjudicial” a la base impositiva o fiscal de otros países.

Economistas y organismos internacionales coinciden en que esta catalogación se debe a la “poca planificación” y “actitud sumisa” que han tenido los distintos gobiernos del país para enfrentar este tema.

Para la economista Maribel Gordón, son varios los factores a los que se atribuye esta situación. Uno de ellos es que el sistema fiscal panameño, así como las instituciones financieras y bancarias “no reúnen las condiciones” de un proceso que permita “transparencia” y “un real control de los recursos que ingresan al país”.

Ve necesario que “Panamá tenga claridad de dónde está obteniendo los capitales y cuál es la intencionalidad de (estas personas) al ubicarse en nuestro país”. La economista señaló que “para que los recursos entren de manera lícita, se debe tener una infraestructura que permita que los mismos favorezcan a la economía panameña, de lo contrario, solo se seguirá favoreciendo a algunas corporaciones bancarias y financieras”.

La “improvisación” es otro factor que influye, según el presidente de la World Compliance Association, Capítulo Panamá, Tabaré Albarricini.

En una entrevista previa con este medio, Albarricini lamentó que Panamá continuara en la lista de la UE.

No obstante, consideró que era algo que, si bien nadie quiere, se veía a todas luces que iba a suceder “sobre todo con los constantes cambios en puestos clave, lo cual daba a entender una improvisación por parte del gobierno, al querer tomar medidas adecuadas para lograr sacar al país de las listas”.

Gordón coincidió y destacó que “Panamá mantiene una política sumisa” al realizar ajustes sin el “ánimo de hacerlos transparentes o legales”, en lugar de crear políticas nacionales “reales”.

“Siempre hemos cuestionado la actitud sumisa de los gobiernos de querer quedar bien con las instituciones y no realizar una política real en ese marco. Y eso es lo que nos sigue pasando factura cuando somos incluidos en la listas grises o negras”, comentó Gordón, quien es catedrática en la Universidad de Panamá.

¿Cómo deben ser esas políticas? De acuerdo con la economista, se debe crear una política de regulación y control para toda la actividad financiera y bancaria, a fin de normalizar un criterio saludable en función de las necesidades y requerimientos de la población panameña, ante la falta de acción de las instituciones.

“No queremos instituciones que respondan al sector financiero y bancario, tampoco queremos instituciones que miren la conducta fiscal solo en términos de establecer si nos encontramos en una vinculación que pudiera generar déficit fiscal o que pudiera incrementar el costo de la deuda, o que pongan la economía panameña sobre el particular”, sostuvo Gordón.

Albarricini advirtió que mantenerse en la lista al corto y largo plazo afecta la imagen del país, y con esto obviamente se va a captar una menor inversión extranjera; los corresponsales de los bancos podrían irse o inclusive poner mayores trabas para tener negocios con Panamá, entre otras cosas que pueden ir empeorando, si no se logra el objetivo.

Otra característica, según Gordón, es que existe una política internacional que “no es homogénea”, porque una cosa son los criterios que los organismos imponen a los países subdesarrollados versus los desarrollados, donde también se puede estar realizando el mismo tipo de acción “ilegal”. Además, los organismos deben respetar el régimen fiscal territorial de Panamá.

“El problema es que los países europeos y desarrollados quieren que países subdesarrollados hagan su trabajo de fiscales o policías para evitar la evasión de impuestos de sus nacionales, o que hagan el trabajo de recaudación de los recursos fiscales para sus países”, criticó la economista.

“De lo que se está hablando es de que Panamá sigue siendo utilizado como paraíso fiscal, pero esto también existe en Estados Unidos y aún así no aparece en las listas discriminatorias. Aquí no se trata de competir por la ilegalidad, sino de establecer normas claras que hagan transparentes los capitales que ingresan a nuestros países, para que generen un beneficio a la sociedad panameña en términos del desarrollo nacional. Sin embargo, los gobiernos han mantenido una actitud sumisa a las exigencias internacionales y los intereses bancarios y financieros”, añadió.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha defendido que Panamá y la UE han mantenido un canal de comunicación continua en donde el país ha demostrado su mayor voluntad en cooperar con la información requerida y contribuir con una fiscalidad más transparente y equitativa, así como evitar los posibles riesgos que pudiesen surgir a partir de interacciones entre dos sistemas tributarios distintos.

Argumentó que para adecuarse al código de conducta de la UE, Panamá ha realizado “múltiples esfuerzos”, como son la adherencia al marco inclusivo de BEPS desde 2016; la implementación de los estándares de intercambio de información fiscal automático y a requerimiento; la implementación de los estándares internacionales para la aplicación de las normas de precios de transferencia; el cumplimiento e implementación de los estándares mínimos del proyecto BEPS; la adecuación legislativa e implementación operativa de cambios sustanciales a los regímenes especiales en la República de Panamá, entre otros.

“Los cambios mencionados demuestran la voluntad de la República de Panamá en adecuarse a los estándares internacionales tributarios para evitar que el resultado de la interacción entre su sistema fiscal territorial con otros sistemas fiscales fuese la no imposición o la doble imposición”, informó el MEF en la nota colgada en su página web. “Panamá coopera con la información requerida y contribuye con una fiscalidad más transparente y equitativa con la Unión Europea”.