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- 13/01/2023 00:00
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Para la abogada Giulia De Sanctis, la Ley 35 le otorgaría “poderes discrecionales” al contralor, lo que según esta podría poner en cuestión la institucionalidad democrática y comprometer el rol de fiscalización de la Contraloría de la República.
De Sanctis, quien preside el Centro de Iniciativas Democráticas (Cidem), rechazó la nueva norma sancionada a finales de diciembre por el presidente Laurentino Cortizo.
El Cidem es una de las organizaciones que el pasado 3 de enero expresaron en un documento público su rechazo a la nueva legislación.
Afirmó que esta establece “fueros y privilegios” al “quitarle” el carácter de empleado de manejo a los funcionarios de la entidad a pesar de que tratan con fondos públicos. Según explicó, con este apartado quedarían “excluidos” de responsabilidad penal y de la Jurisdicción de Cuentas ante posibles lesiones patrimoniales.
“Esto es solo un ejemplo negativo de lo que puede pasar en Panamá, un país que es cuestionado por una percepción altísima de corrupción. Para el resto de la humanidad no va a haber fueros ni privilegios, pero para ellos sí, definitivamente en la Fiscalía de Cuentas no van a estar”, señaló De Sanctis este jueves en “Portada” de La Estrella de Panamá.
“El primer artículo dice que la Contraloría actuará sin recibir instrucciones de ninguna autoridad, órgano del Estado o persona. Obviamente la Contraloría es independiente y se debe de proteger, pero que no reciba solicitudes está mal”, indicó.
De Sanctis enfatizó que esta ley, que fue implementada por solicitud del Sindicato de Trabajadores de la Contraloría, le brindará “superpoderes” al contralor, los cuales le permitirán archivar o no los casos sin ninguna justificación técnica.
“Es preocupante el poder de chantaje que va a tener el contralor frente a los escándalos donde estén implicados otros funcionarios, porque las auditorías se tomarán cuando él lo quiera hacer”, puntualizó. Una situación que ve con preocupación de cara a las próximas elecciones de 2024.
De Sanctis aclaró que no rechazan toda la ley, considera positivo aquellos aspectos que ofrecen estabilidad a los funcionarios.
“(La ley) da una estabilidad a los funcionarios de la Contraloría. No estamos cuestionando toda la norma, sino que pareciera que usaron de excusa esa petición de los funcionarios para darle un superpoder al contralor en un periodo electoral que viene fuerte”, dijo.
La abogada también habló del panorama político e insistió en que persiste un problema de desigualdad de generó dentro del sistema democrático panameño, especialmente con la poca participación de las mujeres y sus dificultades para entrar en política.
“El problema de la paridad en el Código Electoral es que hay una 'cláusula de escape' que le permite no cumplir con la cuota de mujeres solicitada dentro de los partidos políticos. Los partidos tienen que cumplir y buscar sus mujeres (candidatas) para hacer posible que se logre la igualdad de género”, recalcó.