Cuestionan declaraciones de la embajadora de EEUU sobre el proyecto de extinción de dominio

Abogados y sindicalistas cuestionan las  declaraciones dadas el pasado  21 de diciembre 2022 por la recién estrenada embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte,  sobre el proyecto de ley de extinción de dominio, el cual se encuentra en manos de una subcomisión de la Asamblea Nacional en proceso de evaluación.

El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), indicó en un comunicado que Panamá tiene respetadas organizaciones, panameños y panameñas que cuestionan el proyecto de ley sobre “extinción de dominio” por su contenido e implicaciones por cuanto tienden a desconocer principios legales que han gobernado la estructura jurídica-política de la nación panameña.

El abogado Adolfo Linares, por su parte, expresó en su cuenta de twitter, que “la ley de extinción de dominio es usada en EU contra los afroamericanos y el hijo de la lavandera, para cubrir los déficits de las policías locales. Ponerla en manos de quienes aquí hacen retenes sin causa probable y ni siquiera pueden evitar que desvalijen un auto en un corral… ”.

El Conato dijo que las declaraciones  dadas por  Aponte ponen en evidencia  la vieja política de los representantes diplomáticos norteamericanos  que se resisten a aceptar que somos  un país soberano, tanto como lo es Estados Unidos, para decidir nuestras leyes en la forma y   fecha  que así lo decidamos, según el funcionamiento institucional de nuestros órganos de poder.

El gremio obrero repudió “ la arrogancia de la embajadora sin estridencias coyunturales con la genuflexiones de sectores oficiales y privados que suelen perder el ADN de la dignidad y el decoro cuando les corresponde asumir posiciones ante los representantes de los Estados Unidos”.

Destacó que un país de tránsito como Panamá “no” puede darse el lujo de legislar a la carrera ni por presiones indebidas, sin considerar la compejidad internacional y nacional de la criminalidad.

Y añadió, además, que la política criminal de Panamá debe ocuparse de los objetivos nacionales y no por reacción a “pretensiones irrespetuosas”.

Aseveró que Panamá “no” es el origen ni el gran consumidor de los delitos graves que intenta combatir el proyecto de ley. Aboga por la transparencia en el proceso legislativo y una amplísima participación ciudadana,

“Una ley, por importante que sea tampoco será la que transforme ni eliminará los actos criminales cualquiera que estos sean”, afirmó el gremio sindical.

El Conato recomendó darle seguimiento puntual a “la trayectoria de la embajadora para anticiparnos y rechazar ingerencias en materias que son propias de la nación panameña”.

Al mismo tiempo, “debemos mantenernos en vigilancia permanente para confirmar o desmentir los nubarrones que a partir de la próxima legislatura pondrán a prueba el carácter de la clase política en general y las del gobierno en especial”.

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, Leandro Ávila, dijo a la prensa local que el proyecto de extinción de dominio se debatirá al ritmo de este órgano del Estado y no en base a las presiones de algunos sectores.