Claves del centro histórico de la ciudad de Panamá

El centro histórico de la ciudad de Panamá tiene dos caras de una misma moneda; por un lado, el barrio y corregimiento homónimo de San Felipe, un renovado destino turístico, mientras que a su alrededor, Santa Ana y El Chorrillo: barrios populares, deteriorados y más densos. Hace poco más de un siglo constituían la ciudad entera. Ambos lugares han tenido un largo proceso de pauperización y deterioro, producto de un gradual y constante deslustre que viene desde el ssiglo XIX. Las residencias y mansiones fueron subdivididas en casas de inquilinato, casas de renta y barracas; viviendas multifamiliares bajo un régimen de alquiler. Sobre estás casas de habitación hubo mínimo mantenimiento e inversión para detener su deterioro. Sus ocupantes eran trabajadores, empleados y migrantes, algunos de áreas rurales, mientras que otros fueron las primeras generaciones de trabajadores del Canal. Su uso residencial era también compartido con fines comerciales y de servicios.

Hacia 1974 hubo un impulso en los estudios de los centros históricos como legítimos elementos para ser preservados, rescatados, regenerados, recalificados y transpuestos como patrimonio. El entonces Instituto Panameño de Turismo (Ipat) había contratado al arquitecto mexicano Carlos Flores Marini, quien participó en la Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y de Conjuntos Histórico-Artísticos. La totalidad del barrio de San Felipe fue declarado un conjunto monumental nacional en 1976 e incluida en el listado de Unesco en 1997. En 2003 se realizaron modificaciones a sus límites, expandiéndose hasta algunas calles de Santa Ana. La inscripción también había sido recibida por otras ciudades de América Latina como Quito (1978), La Habana (1982), Cartagena (1984) Salvador de Bahía (1985), Potosí (1987) y demás. La valoración y reconocimiento responde a imaginarios europeos, como una forma de idealización del pasado colonial español, pero que en ese recuento también incluye el pasado colonial norteamericano.

La conversión patrimonial estaba dentro de un marco legal a través de instrumentos de planificación urbana e incentivos fiscales a la inversión para facilitar los cambios. Esto ha sido en la conjunción de intereses públicos y privados (local, nacional y extranjero) donde se permite la implementación de ciertos tipos de modificaciones: regeneración, revitalización, reconstrucción, recalificación; es decir, el reajuste del lugar. Las fuentes de financiamiento para sostener las intervenciones urbanas han variado, dependiendo de las administraciones gubernamentales y el momento circunstancial, siendo tradicionalmente desde estamentos públicos, privados y de organismos internacionales. El objetivo era hacer del lugar un sitio limpio, seguro y atractivo.

Los cambios comenzaron con la restauración de algunos icónicos monumentos públicos y religiosos, así como los espacios públicos (plazas, parques y rodadura vial). Continuó más lentamente con la rehabilitación del inventario arquitectónico residencial y comercial. El turismo y el consumo han sido las fuerzas en el reajuste del lugar que también provocó su gradual despoblamiento. Según datos y proyecciones de la Contraloría General, la población del corregimiento de San Felipe se ha reducido entre 1970 y 2020 en un 76%. La revaluación de la tierra y la conversión patrimonial desplazó a sus antiguos residentes e incrementó el valor de la tierra y los edificios, a pesar de una normativa más restrictiva, para generar beneficios económicos, principalmente en el sector comercial y de servicios. Las ruinas coloniales e inmaculadas fachadas historicistas sirven de encuadre a hoteles boutique, hospedajes temáticos, restaurantes, cafés, bares y tiendas de souvenirs, para satisfacción de visitantes y turistas. También el lugar se ha convertido en un destino de entretenimiento nocturno, principal entre la población joven.

La rehabilitación de edificios es costosa y dicha oferta inmobiliaria tendría que ser dirigida a un sector de altos ingresos. Las iniciativas de vivienda social estuvieron ausentes a excepción de un proyecto piloto en 2005: casa Boyacá, con apoyo gubernamental y de cooperación internacional, un residencial en madera que acabó calcinado por un incendio en 2017. La llegada de Airbnb, un modelo de negocio de alquiler de estancias cortas para turistas empezó con una pequeña oferta ofrecida por propietarios y comerciantes, que se ha consolidado y provocado un aumento de los precios de alquiler. Como fuente de ingreso, es una tendencia más lucrativa que el alquiler tradicional, por su mayor rendimiento.

Alrededor de San Felipe, los barrios de Santa Ana y El Chorrillo presentan una mayor complejidad producto de tareas desatendidas por años. Santa Ana, a pesar de su pasado colonial como arrabal, su atractivo es evidente en su magnífica e intrincada estructura urbana y diverso catálogo arquitectónico historicista, además de las muestras de neo-hispánico, art-decó y arquitectura moderna. En el siglo XX estos barrios fueron objeto de programas gubernamentales de vivienda social, de diferentes conceptos; desde las casas de renta del BUR (Renta 1, Renta 2, Penonomé, Pesé) hasta las torres en altura de alta densidad como Barraza, Patio Pinel y los multifamiliares de El Chorrillo, construidos tras la invasión de 1989. El Mivi también ensayó con vivienda pública de mediana densidad y baja altura; de coste económico. Esto le ha permitido a un importante sector de la población permanecer en estos barrios, pero aún en buena parte vive en condiciones de pobreza. A nivel de planificación urbana hay una desregularización de la zona y el sector inmobiliario aún es cauteloso en invertir. Lo que ha existido es la compra de propiedades e inmuebles, a la espera que las condiciones de estos sectores cambien.

Por último, la presencia del poder político y sus instituciones tiene un mensaje simbólico en la ocupación de dicho territorio. El centro histórico también es el destino de protestas y marchas populares como lugar de reivindicación y resistencia. La respuesta ha sido la instalación de puertas metálicas en las calles de San Felipe que privan el acceso a algunas manzanas alrededor de la Presidencia y Asamblea Legislativa, con elementos militares y policiacos, o en puntos estratégicos que limitan su acceso.

El centro histórico de la ciudad ha estado asociado a los edificios históricos y su activa vida popular y participativa como parte de la cultura e identidad de la ciudad. Aun caben preguntas sobre el modelo y sus resultados a nivel urbano que transformó por completo la configuración sociodemográfica y ambiental de San Felipe en 25 años: ¿No hay también allí un pueblo perdido?