First Quantum se reúne con Panamá con la intención de lograr acuerdo

El director ejecutivo de la canadiense First Quantum Minerals, Tristan Pascall, se reunió este lunes 26 de diciembre, a las 11:00 a.m., con el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, con la intención de llegar esta semana a un acuerdo sobre la operación de la mina de cobre en Panamá, indicaron fuentes oficiales.

Pascall llegó a Panamá durante la Navidad para sostener conversaciones en persona con el ministro de Comercio e Industrias, luego de que este 24 de diciembre, Nochebuena, la minera le notificara al gobierno panameño su intención de un arbitraje contra Panamá.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, explicó que “el inicio del proceso arbitral, debe entenderse como que cada parte debe preparar un comportamiento que le permita seguir en proceso de negociación con lo que crea es su carta de presión o posición con fortalezas. Así que la minera activa esta vía para no quedarse sin movimientos”.

En el caso de la minera, dijo que ésta debe tener muy claro que los años que demore un proceso arbitral es para ellos realmente “poco ventajoso”, si lo que buscan es tener un contrato firmado por el Estado.

Araúz está convencido de que la minera debe “aceptar” las condiciones fijadas por el Estado si no quiere “entrar en una larga incertidumbre”. “[El] tiempo invertido en litigio es mayor inseguridad para los inversionistas y eso se reflejará en corto tiempo”, señaló el abogado.

Recordó que Panamá lleva años en el proceso arbitral por la construcción de la ampliación del Canal de Panamá, lo cual “hace proyectar el tiempo que tomaría cualquier resultado”. Significa que un proceso arbitral de este tipo también podría tardar años en resolverse.

“Si quiere un contrato firmado en corto tiempo, lo que debe es aceptar la propuesta y firmar y volver a la rutina de trabajo”, insistió Araúz, porque “ningún proceso arbitral puede obligar al Estado panameño a firmar un contrato”.

Al mismo tiempo agregó que en corto tiempo con el proceso electoral panameño abierto cualquier firma de un contrato de esta naturaleza entrará en un debate entre las fuerzas políticas, por eso ve “que la minera debe cerrar un acuerdo en los términos fijados”.

La empresa Minera Panamá, subsidiaria de FQM, es la más grande de Centroamérica, con una inversión de entre $7,000 y $10,000 millones y 5,279 trabajadores. A mediados de enero de 2022, la minera canadiense aceptó pagar a Panamá un mínimo de $375 millones al año para seguir extrayendo cobre a cielo abierto, como le había exigido el gobierno del país centroamericano.

“Aceptamos la propuesta del Gobierno Nacional”, dijo Minera Panamá en una carta enviada por la compañía al entonces ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez. La empresa minera “comprende los términos generales” planteados por el gobierno panameño y “considera razonable un aporte anual mínimo de $375 millones”, agrega en la carta la empresa Minera Panamá sobre su posición sobre el acuerdo y confirmada en un comunicado.

El gobierno de Panamá exigía a la empresa minera el pago de regalías anuales del 12 al 16% sobre las ganancias brutas por la extracción, frente al 2% actual, así como también el pago del impuesto sobre la renta (actualmente la empresa está exonerada).

Once meses después, el gobierno panameño ordenó mediante la Resolución de Gabinete No. 144 de 15 de diciembre de 2022, se instruya al titular del MICI, Federico Alfaro, a adoptar las medidas administrativas de conformidad con el Código de Recursos Minerales.

A través de la resolución se ordena a Minera Panamá, S.A., que establezca y ejecute un plan de preservación y gestión segura (cuido y mantenimiento). Es decir, la suspensión o cese de operaciones en el proyecto Cobre Panamá, luego de que la empresa no cumplió con los compromisos acordados en enero de 2022 para lograr un contrato “razonable y satisfactorio” para el pueblo panameño.

Diez días después, a pesar de que ambas partes acordaron reunirse, el 24 de diciembre del presente año la minera informó que solicitó un arbitraje comercial contra el país bajo el contrato de 1997, declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, y un arbitraje de inversión bajo el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá (TLC).