'La tumba de los vivos'

A partir de mañana, La Estrella de Panamá publica “La tumba de los vivos”, una serie de cinco reportajes de investigación que revela las injusticias y desigualdades sociales en las cárceles panameñas.

El espíritu original por el que se establecieron las prisiones, estaba enfocado a que funcionaran como casas de corrección de quien hubiera quebrantado la ley. Los sistemas penitenciarios, en el camino, perdieron la brújula. Las cárceles, donde 21 mil personas intentan sobrevivir, se han convertido en sitios de castigo, en los que encierran a los reos. Lejos de cumplir sus objetivos, el sistema aumenta la corrupción, la violencia y la delincuencia en las calles y en los propios establecimientos carcelarios.

La investigación realizada durante dos meses demostró que el sistema penitenciario ignora sus propias reglas. En su Artículo 28, la Constitución Política de Panamá establece la existencia de un sistema penitenciario creado en base a los principios de seguridad y rehabilitación. Prohíbe las medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los reclusos. Pero la esencia de ese contrato social no es cónsona con la realidad del sistema carcelario.

Al descubierto quedó que en una de las penitenciarías del interior del país, los funcionarios cobran hasta $1,000 y $1,500 para tramitar el ingreso al sistema educativo de un recluso. En un caso en particular constatamos cómo un grupo de reclusos se las ingenia para hacer sus necesidades fisiológicas, en un retrete sin agua. Con papel periódico, colocado en el piso, o en bolsas plásticas recogen las heces los detenidos y luego las lanzan por un orificio de la ventana. De la práctica denominada “capachos” surgió una labor para conmutar penas, ¿cómo las valida un juez? .

Las cárceles representan un negocio y votos para los políticos y la policía. “Imagina la cantidad de negocios que puedes hacer”, comentó Rolando Mirones, exministro de Seguridad y exdirector de la Policía Nacional. “Es muy tentador cuando uno tiene cautivas a 21,000 personas”. Armas, drogas, cigarrillos, papel higiénico, jabón, todo se vende, hasta la forma de escapar y también de regresar a la celda.

Esa intensa actividad económica solo resiente el bolsillo de los familiares de miles de reclusos, cuyo drama se complica cada día más por el estado y la situación de inseguridad dentro de los penales y los malos tratos que reciben durante las visitas.

La mora del sistema judicial complica más las cosas. En octubre de este año había 7,588 privados de libertad - 35% del total de la población carcelaria - que estaban en espera de que se decidiera su proceso.

La precariedad de las penitenciarias panameñas no es nueva. Por un momento, retrocedemos al oscuro pasado de la cárcel Modelo y la masacre de Coiba.

Para este reporte, se gestionaron más de una veintena de entrevistas con los familiares y los privados de libertad, sociólogos, criminólogos, penalistas, expertos en derechos humanos, exministros de seguridad, arquitectos y exdirectores de centros penitenciarios. Además, se solicitó, mediante una acción de transparencia acceso a los centros penitenciarios para conversar con el director del sistema penitenciario. La respuesta no llegó.

Se consultaron cuatro extensos documentos que permitieron establecer la vulneración de derechos humanos en las cárceles, entre ellos, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y el Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos.