¿Prueba idónea o inmunidad disfrazada?

La prueba idónea, contemplada en el artículo 488 del Código Procesal Penal, es una limitante para admitir un proceso contra un diputado de la República de Panamá. Y, por ende, debe ser eliminada.  Así lo consideran expresidentes y presidentes de gremios de abogados y un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia consultados por La Estrella de Panamá.

Edgardo Molino Mola, quien ocupó una magistratura en el pleno de la Corte Suprema de Justicia en el periodo de enero de 1990 a diciembre de 1999, considera que dicha normativa debe ser declarada inconstitucional.

“La prueba idónea para admitir una acción en procesos especiales, debe eliminarse no reformarse, porque por razón de cargo es un verdadero privilegio, que es inconstitucional”, destacó Molino Mola.

El artículo 19 de la Constitución establece que “no habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas”. Molino Mola, dirige sus cuestionamientos a excolegas en el pleno, al señalar que “no se ha querido reconocer” este artículo 19 de la Constitución en este caso de la prueba idónea para admitir los casos penales contra diputados y magistrados de la Corte.

Por esta razón, el jurista considera que es materia obligada que se prohíba directamente la prueba idónea en la admisión de los procesos especiales en una reforma a la Constitución.

Dionisio Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), opina que la prueba idónea para admitir los procesos a los diputados, es un tema de debate porque constituye una limitación para la democracia, porque toda persona debe ser investigada por cualquier hecho punible que se dé.

“Una prueba idónea para la admisión de la querella no debería ser, porque es muy difícil que se pueda encontrar o que la persona pueda tener acceso como tal”, indicó Rodríguez.

El jurista coincide con la postura de la magistrada Maribel Cornejo, quien en su voto concurrente, en el caso de los diputados investigados por presunto peculado donde se vincula a las federaciones deportivas, se le exigió a un particular el informe de auditoría de la Contraloría General de la República, como prueba idónea, un documento al que solo puede tener acceso la entidad en mención.

A juicio de Rodríguez, la prueba idónea parece ser un requisito para la “no admisión” de una querella contra un diputado, mismo requisito que favorece a los magistrados que son investigados por delitos.

“Por supuesto que hay que reformarla, porque tal como está demuestra que aquí en Panamá no va a haber un juicio contra ningún diputado ni magistrado de la República”, aseguró Rodríguez.

Carlos Lee, abogado y miembro de la Alianza Ciudadana pro Justicia, está convencido de que el requisito constituye un atavismo procesal en una sociedad democrática.

“No se pueden establecer privilegios que establezcan clases diferentes y que limiten la acción punitiva del Estado”, agregó el miembro de la sociedad civil.

Lee recordó que todas las personas deben tener igualdad frente a una investigación criminal.  Pero, a su juicio, la exigencia del requisito cambia ese principio al transferir la responsabilidad inicial de la investigación al querellante o denunciante, sin garantizar las condiciones óptimas para poder recabar la denominada prueba idónea.

José Alberto Álvarez, expresidente del CNA y miembro fundador del Partido Alternativa Independiente Social (PAIS), coincide con el exmagistrado de la CSJ Molino Mola, en que la prueba debe eliminarse.  Y usa el término “prueba maldita” para referirse a la misma. Igualmente recordó que para denunciar a magistrados ha tenido que presentar este documento.

Por último, el actual presidente del gremio de abogados, Juan Carlos Araúz, va un poco más allá.

El dirigente gremial señaló que la sociedad es consciente de que los juicios especiales son un obstáculo para la justicia.

Además, aseguró que no legislar para eliminar temas como la prueba idónea es evidencia de otro problema, que consiste en que los políticos no confían en que la justicia respetará sus derechos.