Medios y gremios en Panamá están redactando un anteproyecto de ley que despenalice los delitos de calumnias e injurias

En la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se presentó el informe de la situación de los medios y comunicadores en Panamá.

Durante el debate y la aprobación de las reformas a la ley electoral en la Asamblea Nacional, los gremios periodísticos reclamaron que debe existir libertad para la cobertura periodística durante los procesos electorales. Por ahora se aumentaron las multas hasta en 25 mil dólares a los medios que violen el periodo de veda electoral.

En noviembre, tras varias denuncias sobre uso de dinero del narcotráfico en la política, el presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames Navarro, dijo que los dineros espurios han infiltrado la campaña "como han infiltrado a los medios de comunicación..." Luego, ante una queja del Consejo Nacional de Periodismo, Navarro expresó que no tuvo la intención de acusar a ningún sector específico de la sociedad.

El Ministerio Público, que había imputado cargos contra Mauricio Valenzuela, periodista del medio digital Foco Panamá, tras una acusación de la diputada oficialista Zulay Rodríguez por "violencia de género" (2020) sobre una investigación periodística, solicitó el sobreseimiento del comunicador.

La ley imposibilita a los funcionarios presentar querellas penales por calumnia e injuria, con la intención de evitar persecuciones a medios y periodistas.

Siguen pendientes de trámite reclamos judiciales que ascienden a $48 millones de dólares contra la Corporación La Prensa en 13 demandas civiles por reclamos de daños y perjuicios por calumnia e injuria, y 5 casos penales que datan de 2006 y 2010. Entre ellos, se encuentra pendiente de decisión en primera instancia un proceso civil por presuntos daños y perjuicios a su reputación interpuesto por el expresidente Ernesto Pérez Balladares en 2012 contra Corporación La Prensa. Por ese proceso, pesa sobre el medio un secuestro de sus cuentas bancarias y activos por 1,13 millones de dólares.

Varios gremios periodísticos han sostenido reuniones con el procurador general, Javier Caraballo; el procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, y la junta directiva de la Corte Suprema de Justicia, compuesta por los magistrados María Eugenia López, Carlos Vásquez Reyes y Olmedo Arrocha, para expresar su preocupación por los siguientes puntos: que la calumnia e injuria siga siendo de jurisdicción penal; que no existan límites en los montos para las demandas civiles y las medidas cautelares por supuestos daños morales; que las medidas cautelares (secuestros) de activos y/o bienes de propiedad de medios (prensa, digitales y usuarios de redes sociales) afecten su funcionamiento o que generen autocensura; que se usen argumentos confusos sobre supuestos delitos como violencia de género, violencia política y maltrato de menores para procesar a periodistas o ciudadanos.

En el ámbito civil, la legislación permite que ante un proceso por daños y perjuicios el demandante, sin que se haya dictado sentencia a su favor, pueda promover el congelamiento de activos de los medios.

Debido a ello, varios medios y gremios del sector están redactando un anteproyecto de ley para que se despenalicen los delitos de calumnias e injurias y se incorpore el concepto de real malicia.

El Órgano Judicial (jueza Baloisa Marquínez) fijó una audiencia del 19 al 23 mayo, para el caso conocido como "New Business", basado en información remitida por la Asamblea Nacional sobre adquisición del grupo editorial EPASA (que publica los diarios Panamá-América y Crítica) por sus actuales propietarios.

Tras la indagatoria al expresidente del grupo Ricardo Chanis, se pudo conocer que la empresa fue adquirida por el expresidente Ricardo Martinelli y sus allegados. El Ministerio Público llamó a juicio a 25 personas, entre ellas Martinelli, investigadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Causó sorpresa conocer que durante la investigación se logró recuperar 9,2 millones de dólares en acciones (30% del grupo), las cuales fueron remitidas al Tesoro Nacional. No obstante, el proceso fue objeto de una dilación por solicitud de aplicación de "fuero electoral" en favor de Martinelli, que le fue otorgado por el Tribunal Electoral. Después de más de cuatro años y medio de investigación, se espera que la Corte Suprema de Justicia dicte resolución.

Un anteproyecto pretende modificar la ley 22 de 2005, relacionada al derecho a réplica. La propuesta busca acortar a 24 horas el término otorgado para cumplir con ese derecho. Actualmente el período es de 48 horas prorrogables a 72. También se aumenta el monto de las multas por infracción, lo que pondría en riesgo la viabilidad de los medios.

El Parlamento Latinoamericano (Parlatino), con sede en Panamá, todavía no desestimó el proyecto presentado por el asambleísta ecuatoriano Octavio Villacreces. El proyecto es una Ley Marco de Comunicaciones que establece mecanismos de control por parte del Estado sobre los contenidos de los medios.