Denuncian en la Corte al contralor de la República

El contralor de la República, Gerardo Solís, enfrenta una denuncia en la Corte Suprema de Justicia, por presuntamente omitir sus responsabilidades de fiscalización.

El Movimiento Proyecto 2000 Arraiján presentó este viernes, ante la CSJ la denuncia , porque según ellos la omisión de Solís provocó un “despilfarro de fondos públicos”.

“Por ejemplo, en el Municipio de Arraiján, en los últimos dos años se han consumido por el orden de un millón de dólares en supuestos gastos de movilización y ante este escenario el contralor, se hizo de la vista gorda, omitiendo su responsabilidad de fiscalizar”, aseguró el abogado Abdiel González.

“Debió (el contralor) solicitar facturas que comprueben en qué se invirtieron los gastos”, agregó el abogado, previo a presentar la denuncia.

El Contralor General de la República, y representantes de la Asociación de Alcaldes de Panamá (Adalpa), la Asociación de Municipio de Panamá (Amupa) y del Concejo Municipal de Panamá; se reunieron el jueves para iniciar la revisión y evaluación de los salarios, gastos de representación, gastos de movilización y dietas de los alcaldes y representantes de corregimiento del país.

El contralor Solís requirió a los ediles y alcaldes, además del sustento constitucional y legal de cada uno de sus acuerdos, la justificación e información documental que sustente el uso y posición de esos recursos.

Por su parte, la Dirección Nacional de Fiscalización General, de la Contraloría General de la República, realizará una evaluación de los salarios, gastos de representación, movilización y dietas de los alcaldes y representantes de corregimiento.

La instrucción sobre este proceso de evaluación fue dada por el propio contralor general de la República, Gerardo Solís.

La asignación por parte de diversos concejos municipales de gastos de movilización a algunos representantes de corregimiento y alcaldes del país, que oscilan entre los 4 mil a 5 mil dólares, ha sido duramente cuestionada por sectores políticos y de la sociedad civil que consideran como exagerado este monto.