La sofisticada estructura criminal que financió una campaña política

Un inédito informe de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), al que tuvo acceso La Estrella de Panamá, efectúa un análisis de las organizaciones criminales que operan en el sector este de la provincia de Panamá y establece cómo los cabecillas de una “sofisticada estructura criminal” intentaron incursionar en la política criolla.

De acuerdo con el documento, Carlos Roberto Aguilar Becerra alias Robert y Franklin Acevedo alias 'Franklito', familiares y allegados a la pandilla Manzana Cero, también denominada Humildad y Pureza (HP), financiaron una campaña política.

“Financiaron la campaña del cuñado de alias 'Robert' y actualmente cualquier persona que le dé contra a su cuñado lo amenazan para que no le haga bulla, y así poder mantener controlado el sector”, establece una fuente transcrita por el informe de inteligencia de la DIJ.

Alias 'Robert', sobre quien pesa una orden de captura al estar en la lista de los más buscados y por quien se ofrece una recompensa de $70 mil, mantiene una relación de noviazgo con Teresina Lineth Vigil Pérez, detenida recientemente en el aeropuerto de Tocumen y hermana de Elías Vigil, actual diputado del circuito 8-10.

El documento de la DIJ señala que “alias Robert incluso pensó en incursionar próximamente en la política, posiblemente como suplente del cuñado o representante de Felipillo, ubicado en el corregimiento de Pacora, donde tendría muchísimo apoyo”.

Según la fuente, a la que hace alusión el informe de la DIJ, esta información que señala a alias 'Robert' con el financiamiento de la política local en el sector este, ya había sido corroborada en publicaciones aparecidas en medios locales hace unos años, cuando se daban las elecciones primarias de los partidos políticos.

El informe de inteligencia de la DIJ se remonta al mes de diciembre del año 2017, cuando los agentes de instrucción de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada iniciaron una investigación de oficio correspondiente a la pandilla HP o Clan Agua.

Para ese entonces ya se tenían identificados a unos siete integrantes de esta organización pandillera, sin embargo dos años después, pese a las informaciones de fuentes de colaboración e interceptación de llamadas telefónicas avaladas por autoridad competente, un juez de garantías decidió el archivo provisional de este proceso al negar una prórroga a dicha investigación.

El documento de la DIJ denominado Informe de Análisis Criminal, que fue remitido a la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, “indica que el grupo autodenominado los HP, Clan Agua o los de la Manzana Cero, han evolucionado hasta convertirse en una sofisticada estructura como poderoso aliado al servicio de los carteles de la droga que operaban desde Colombia”.

Dicho informe con fecha del 16 de noviembre de 2021, hizo un análisis de 28 eventos delictivos de alto impacto ocurridos en la ciudad de Panamá, particularmente en la comunidad de Felipillo, cuyas acciones son atribuibles a las actividades del grupo criminal objeto de esta investigación, que se cometieron en un periodo de cuatro años y que les permitió obtener beneficios económicos.

Según el informe se trata de unos seis casos de delitos relacionados con drogas, tres investigaciones por blanqueo de capitales, dos eventos de secuestro, tres homicidios, una investigación por sicariato, un caso de falsificación y un hecho relacionado con delitos contra la administración pública.

El informe hace algo de docencia al destacar que para declarar una estructura criminal de esta índole, debe constar de cuatro elementos. El primero de ellos es la cúpula o dirigencia que en el caso de la organización objeto de este estudio, contaba con una cúpula formada por cuatro sujetos: alias Roberto, 'Frankilito', el 'Científico' y 'Chichi', estos dos últimos detenidos.

Los otros tres pilares que le dan la categoría de organización criminal a este grupo delictivo autodenominado HP, son los actos delictivos, las redes de protección y el financiamiento económico.

El informe señala que esta agrupación criminal ha obtenido ingresos con actividades delictivas de secuestro, donde han cobrado hasta $10,000 por la liberación de la víctima, además se describe que esta organización compró muchas fincas en el sector este, ubicadas en zonas apartadas y a nombre de familiares de los líderes de este grupo.

La interceptación de comunicaciones originadas en Colombia encuentra vínculo entre la organización pandillera panameña conocida como los HP con las del país sureño.

Otro de los estamentos de seguridad que aportó en este informe fue el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), a través de la Dirección Nacional de Inteligencia, donde se hizo un análisis de la situación general del narcotráfico en Panamá y que debido a su posición geográfica ha favorecido el actuar criminal de grupos delictivos “que han encontrado una forma de lucrar a través del comercio ilegal de las drogas”.

“Utilizan la plataforma logística que tiene el territorio nacional y que relativamente se adecúa al modelo criminal económico que paralelamente las fortalece, permitiendo implantar en la sociedad un sistema de cultura criminal mediante el ofrecimiento e intimidación por el control y dominio de territorios para ejercer sus actividades criminales”, aporta el Senan al informe de la DIJ.

Este aporte de inteligencia del Senan destaca que hubo una concurrencia de incautaciones de droga ejecutadas por las fuerzas del orden desde el periodo de 2018 a la fecha en el sector Pacífico central, específicamente las costas aledañas a Panamá este y el distrito de Chepo.

Expresa el trabajo de inteligencia del Senan que hay suficientes motivos que sustentan las actividades del crimen organizado transnacional (COT), que provocan el aumento de homicidios que presuntamente se relacionan por la disputa del control y dominio de las rutas del narcotráfico.

También expresan la evidente existencia de un grupo criminal en Panamá con capacidades portentosas y organizativas para el comercio ilícito dedicada a la coordinación, apoyo logístico, transporte, recepción y custodia de la droga que proviene de Colombia, y es ingresada al país dentro de los perímetros mencionados.

“Esta zona del Pacífico, costas de Chepo, Darién y el archipiélago de las Perlas, por sus características físicas de terreno la hace poco navegable para embarcaciones de peso mediano o gran calado, lo que dificulta el tránsito seguro de navegación e ingreso desde mar a tierra, convirtiéndola en una área apta para las organizaciones criminales por la poca frecuencia y vigilancia por parte de las autoridades”, indica el estamento de seguridad.

Los accesos a poblados marginados de Gonzalo Vásquez, Brujas, San Buenaventura y Chimán se dan en su gran mayoría por vía marítima en embarcaciones de 15 a 32 pies, sin embargo, muchas tienen acceso terrestre a otros poblados de Tortí y Unión Santeña, los cuales cuentan con carretera.

La gran mayoría de los terrenos tienen títulos de propiedad empeñados a la agricultura, ganadería, entre otros, condición privada que garantiza la seguridad por terceros de las rutas y accesos terrestres.

Por lo que ante la necesidad del control de las rutas del narcotráfico implicaría evidentemente un aumento significativo de casos relacionados con la expropiación de muchos de estos terrenos o la oferta a propietarios de estos bienes inmuebles.

Esto es con el objetivo de ser utilizados por estas organizaciones criminales ya sea para esconder los estupefacientes o como fachada para ocultar las actividades ilegales al presentarse como ganaderos o agricultores.

Pero las constantes incautaciones hechas por las fuerzas del orden afectan directamente las finanzas de las organizaciones criminales establecidas en sectores de Panamá este, que se asocian a los eventos de impacto registrados en dicha zona. Se estima que sigan aumentando estos hechos delictivos de alto impacto, mientras sus estructuras sigan siendo afectadas por los golpes de las fuerzas de seguridad.

El notable flujo de casos judicializados tras los decomisos llevados a cabo por las fuerzas del orden, permite el empleo de técnicas de investigación más especializadas que van acordes con la identificación de las estructuras criminales