Fiscalía solicita detenciones y suspensión de agentes de estamentos de seguridad

El fiscal especializado en Delitos Relacionados con Drogas, Joseph Díaz, solicitó medidas cautelares de detención provisional para más de la mitad de los supuestos miembros de la organización criminal relacionada con el Clan del Golfo de Colombia que opera en Panamá. Además, pidió a la jueza la suspensión del cargo de cuatro miembros de estamentos de seguridad involucrados en un supuesto autotumbe, o que proveían información sobre el área que vigilaban, la costa de Colón.

Entre los argumentos, el fiscal detalló a la jueza de Garantías, Teodolinda Cardoce, la peligrosidad de sus integrantes, el domicilio en costa arriba de Colón, con acceso al mar y cerca de la actividad de trasiego, además de los eventos que los relacionan con la organización. Durante el acto de audiencia, celebrado el 6 de diciembre en el Palacio Gil Ponce, el fiscal solicitó también la destitución de un capitán del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), quien supuestamente recibió dinero de un ciudadano (que mantiene orden de extradición a Estados Unidos) a cambio de información.

Para sustentar sus peticiones, el fiscal se valió de la narración de una serie de eventos y la lectura textual de algunas transcripciones telefónicas obtenidas durante la investigación, que inició el 6 de febrero de 2020, y describió la génesis del Clan del Golfo en Colombia, que hasta octubre de este año estaba liderado por Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, a la espera de extradición a Estados Unidos.

La acusación contra Úsuga, a quien solicita la Corte del Distrito Este de Nueva York, estuvo sellada por más de 6 años, pero el 4 de noviembre de 2021, unos días después de su captura que ocurrió el 23 de octubre, se hizo de conocimiento público.

El documento, al que tuvo acceso este diario, señala a Úsuga de haber introducido al norte múltiples toneladas de cocaína desde Colombia que pasaron por México y Centroamérica. De igual forma coordinar la producción, comprar y trasegar cargamentos, al igual que recibir embarcaciones en México y Centroamérica.

La acusación, que en inglés se conoce como indictment, atribuye al Clan del Golfo la introducción de droga en 44 fechas distintas desde junio de 2003 a marzo de 2021; cada una supera la tonelada.

De acuerdo con la investigación de la justicia estadounidense, el grupo criminal tenía bajo su control varios sectores del territorio de Colombia. Una ruta que imponía un 'impuesto' a otras organizaciones interesadas en operar en terreno bajo control del clan, que consistía en el cobro de un cargo por cada kilo fabricado, almacenado o transportado en áreas dominadas por la organización.

Partiendo de la premisa del trasiego internacional, el fiscal Díaz intentó ilustrar la condición del grupo en Panamá, una zona estratégica para el trasiego, especialmente en el Atlántico por donde se recibía la droga de la costa de Colombia.

“En la investigación se determinó que esa ruta pasa por la costa arriba de Colón y Bocas del Toro. El Clan del Golfo controla la ruta, y los otros grupos criminales que mandan droga por esa ruta, llegan a la costa arriba de Colón para abastecerse de combustible, alimentos, ocultar la droga, para después seguir hacia Costa Rica y otros países de Centroamérica”, describió el fiscal.

A continuación indicó que dicho territorio está controlado por un grupo criminal del sector panameño que se beneficia de los impuestos que genera la ruta. La rentabilidad ha ocasionado una pugna entre los grupos criminales para determinar el control y por ende el cobro de los impuestos para responder, tanto al grupo panameño que la domina, como al Clan del Golfo, situación que ocasiona una serie de delitos conexos, como homicidios y blanqueo de capitales.

Partiendo de esa premisa, Díaz empezó a desgranar con detalle el rol de cada uno de los involucrados. Entre ellos, también se habló de un funcionario del Órgano Judicial, ya detenido, pero que había sido aprehendido con $89 mil presuntamente producto del pago de movimiento de droga. También detalló la participación de un funcionario de la Caja de Seguro Social quien supuestamente facilitó uniformes de la entidad para dos extranjeros, un nicaragüense y un hondureño, quienes realizarían movimiento de droga en Bocas del Toro.

El fiscal se valió de transcripciones telefónicas –algunas transcritas en el laboratorio de Quántico del FBI ubicado en Virginia, Washington, Estados Unidos– para ilustrar a la jueza sobre la peligrosidad de los aprehendidos y el riesgo de fuga, que permiten declarar la detención provisional.

Dijo que aún hay más personas por aprehender y que la liberación de los señalados puede poner en riesgo las evidencias. “En más de un año de investigación, con 29 eventos de decomisos de droga, armas y dinero, se ha determinado que la organización no se detiene. Les hemos incautado más de 1,500 paquetes, [hay] arriba de 30 personas detenidas que están cumpliendo condena. Pese a esto, no descansa”, dijo.

A continuación hizo un relato del rol de cada integrante. Sobre el supuesto cabecilla indicó que en marzo de 2021 creó la sociedad anónima Magna Pesca, que dicho sea de paso otorgó poder a 28 abogados, e inició con un capital de $5 mil. Sin embargo, dijo el fiscal, según el “Ministerio de Comercio empezó a operar en agosto del mismo año”. A pesar de los pocos meses de actividad, el fiscal enumeró una serie de supuestos bienes a su favor: “una cuenta bancaria con $100 mil, cinco embarcaciones y cuatro carros. Aunado a esto, supuestamente tiene una propiedad valorada en más de $400 mil en el edificio Astoria a nombre de terceras personas”, narró.

Luego el fiscal explicó otros episodios que relacionan a distintos integrantes de la organización.

La fiscalía leyó una transcripción telefónica en la que se evidenciaban los nexos con miembros de Colombia. En otro evento describió que existe una captura pendiente en contra de una femenina por presunto blanqueo.

Enseguida leyeron las transcripciones telefónicas que relataban la coordinación para un asesinato supuestamente perpetrado por otros miembros de la organización, “quienes luego de la ejecución enviaron a la familia comida para el funeral con la intención de despistar”, dijo el fiscal.

Según la fiscalía este hecho delictivo se planificó varios días antes. Existen más de 600 audios que grabaron las autoridades a los homicidas, sin que estos se dieran cuenta.

Luego el fiscal destacó un 'evento', como denomina la fiscalía la relación de hechos, en el que la madre de uno de los detenidos, sin ingreso comprobado, aparece relacionada con un inmueble que se registró con la ayuda de la firma de funcionarios del Órgano Judicial, hecho que se encuentra bajo investigación.

En un momento los defensores mostraron su disconformidad con el desarrollo de la audiencia por la forma en que la fiscalía exponía las pruebas y la entonación que se daba a la transcripción de las conversaciones. Alegaban que debía hacerse en otra fase del proceso, “cuando tuvieran oportunidad del contradictorio y alegar a favor de nuestros defendidos”.

“Estas audiencias son argumentativas, le pido que haga un llamado de atención para que sustenten los riesgos procesales y las evidencias las deje para otra etapa”, solicitó un abogado. La jueza manifestó que cada uno tendría la oportunidad de hacer sus observaciones al momento de sus intervenciones.

El fiscal describió que el 1 de diciembre, cuando se hallaron casi $10 millones en la residencia en La Providencia, Colón, la fiscalía sabía que el dinero estaba debajo de una cama de la propiedad. Mencionó las conversaciones que solicitaron el trabajo para hacer dichos huecos. La fiscalía recibió la información sobre una segunda residencia donde se ubican otras dos caletas con los mismos materiales en las que se halló una gran cantidad de plata. La fiscalía vincula a la madre y al padrastro del cabecilla de la organización en este evento. “Llama la atención del Ministerio Público que la persona dirigente del grupo es el hijo de la señora que estaba en la residencia, es una conexión en el sentido del dinero y su destino. No desconoce las condiciones de la ilicitud que genera el narcotráfico”, indicó.

De esta forma continuó con las actividades registradas por la fiscalía, movimientos de droga en islas de Bocas del Toro, recepción de droga de Colombia, la situación de unos lancheros que en una ocasión se perdieron y les ayudaron a ocultarse.

Cuando ocurrían decomisos, los participantes reaccionaban al hecho. En una ocasión los traficantes adujeron que en las noticias se habló de 75 paquetes menos de los que ellos habían mandado, lo que les extrañó.

En las afueras de la Corte los familiares de los detenidos cerraron la calle 'buscando justicia, reclamaban que la audiencia debía tener lugar en Colón', lo que ocasionó la presencia de antimotines, pero sin incidentes.

Para hoy continuarán las solicitudes de la fiscalía, y una vez terminada la intervención, seguirá el turno de los defensores para argumentar.