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- 12/09/2021 00:00
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Si algo ha quedado claro en esta prolongada coyuntura Covid-19, es la compleja interacción entre las distintas crisis que el virus desató, amplió y profundizó, tanto a nivel individual como grupal: por eso hablamos de sindemia. Qué factores involucrados organizan el conjunto de esta problemática social, es un tema para despejar. Lo cierto es que es difícil saberlo, en un contexto de sinergia, de compleja asociación de factores que produce este multidimensional proceso.
No obstante, es la coexistencia de los componentes biológicos con los factores sociales que les subyacen, los que potencian las crisis en el tiempo y lugar. Estamos frente a un proceso de complejidad creciente, por las problemáticas relaciones que tienen las dimensiones económicas, sociales, culturales y políticas, con los componentes biológicos de la salud. Ya la prestigiosa revista científica The Lancet, explicaba en un artículo, el carácter sindémico de la Covid-19.
Con todo, si hay un elemento que destaca en esta sindemia nacional, es la violencia y el temor ciudadano que ella genera. La violencia con sus miedos o temores individuales y colectivos se han constituido —analíticamente – en el mejor resumen de la crisis múltiple; y a su vez, solo puede ser tratada como parte de una política integrada de seguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana es hoy, una de las manifestaciones sociales mas transcendentes en la sociedad panameña; también uno de los grandes temas ausentes en la política pública.
Según el último “Informe de Criminalidad” del Ministerio de Seguridad 2019.
Los homicidios registrados según móvil genérico, 2019: Entre delincuentes: (245) 51%; Víctimas de la delincuencia (94) 20%; Asuntos personales: (65) 13%; Relación sentimental: (42) 9%; Legitima defensa (8) 2%; Accidental (6) 1%; otros (18) 4%.
En homicidios intencional, 2018-2019, los mayores incrementos se dieron en: Ajustes de cuentas 17%; Femicidio 11%; Rencillas delincuenciales 56%; Robo 45%; Violencia doméstica 56%.
Número y porcentaje de homicidios intencionales, según tipo de arma: 2019. Armas de fuego (353) 76%; Arma blanca (71) 15%; Objeto contundente (21) 5%; Asfixia (5) 1%; otros (14) 3%.
Sobre el número de Pandillas, en el 2019, según el Informe, tenemos 148 pandillas en todo el territorio. Las presencias más importantes la tenemos, en la Provincia de Panamá: 82; Colón: 27; Chiriquí: 20. En Panamá Oeste: 8; y en Coclé: 6
Los homicidios “entre delincuentes”, “víctimas de la delincuencia”, “rencillas delincuenciales”, la presencia de armas de fuego en homicidios y del pandillerismo, destacan como las categorías con los valores predominantes de la criminalidad y la violencia en el país. Por supuesto que sobresalen también, el femicidio, la violencia doméstica y el maltrato al menor.
Tenemos dos teorías básicas para el estudio de la violencia y la criminalidad. Teorías que de alguna manera se mueven en niveles distintos, pero que son susceptibles de ser combinadas: la corriente teórica que involucra los aspectos estructurales o sociales y la corriente teórica que trae como componente explicativo, los procesos de socialización, donde se involucra el componente institucional-cultural de la sociedad.
En la “corriente estructural”, la explicación descansa en los procesos macrosociales de desajuste o rupturas que se producen en la sociedad, y que disuelven las formas esenciales de convivencia, cohesión e interacción social. La “corriente estructural” pone de relieve las contradicciones socioeconómicas (desigualdad, polarización social y regional, marginalidad o exclusión social) que profundizan las brechas entre distintos sectores y espacios sociales.
Procesos sociales que fracturan los mecanismos de control social, y generan con ello, conflictos e informidades entre las condiciones sociales existentes y los marcos culturales socialmente aceptados de inserción o integración social. Esta línea de explicación estaría asociando de manera importante, los niveles de desigualdad social y regional, polarización y pobreza con violencia y criminalidad.
La segunda línea explicativa de la socialización pone el énfasis en los deficientes procesos de socialización como resultado de instituciones desprovistas de capacidades de construir identidades ciudadanas orientadas al bien común y al respeto de normas e instituciones (familia, escuela, cultura etc.). En este caso, la violencia y la criminalidad, comprende componentes institucionales, organizativos y culturales como opciones estratégicas que explican, no solo causas; también estrategias de violencia y criminalidad.
Es en este contexto, donde importan dos conceptos, el de violencia y el de seguridad ciudadana. La OMS define la “violencia” como: “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.
La “seguridad ciudadana”, tiene distintos niveles y dimensiones. No obstante, se define de manera amplia como “la preocupación por la calidad de vida y la dignidad humana en términos de libertad, acceso al mercado y oportunidades sociales”. Queda patente, que la desigualdad, polarización, marginalidad, exclusión, desempleo, deterioro ambiental, violencia, criminalidad y narcotráfico, constituyen amenazas —no solo inminentes—, reales a la seguridad ciudadana.
Es en este contexto normativo de seguridad ciudadana, donde su implementación en términos de “política pública” hay que entenderla, como prácticas institucionales que traducen acciones de intervención, coherentes y articuladas, orientadas a garantizar la convivencia ciudadana, por medio de la prevención y represión de aquellas fracturas estructurales e institucionales que atentan a la cohesión social.
Síntesis de todo lo anterior, es el sicariato. La palabra deriva del latino daga o espada corta —en latín “sica”— que era usada por los asesinos romanos, y que por su tamaño podía ser ocultada en los pliegues de las túnicas. Sicario significa “hombre-daga”, y la usamos para designar aquel que asesina por encargo, a cambio de una retribución monetaria. Es, en definitiva, la mercantilización del asesinato por comisión.
En una sociedad mercantilizad en extremo —donde las políticas neoliberales le han puesto un precio a todo—, no tardaba en mercantilizarse el asesinato, al impulso de la violencia, criminalidad y el narcotráfico. Como lo manifiesta el sociólogo ecuatoriano Fernando Carrión: “Es un 'servicio' por encargo o delegación que carece de mediación estatal y posee una importante 'mediación social' que lleva a la perdida del monopolio legitimo de la fuerza del Estado. Es el clásico evento de la formación de una justicia mafiosa donde la violencia se convierte en el mecanismo de resolución de conflictos propios de la rutina de la vida cotidiana”
Reducir la violencia y la criminalidad a un esquema de rivalidades “inter-pandillas” vinculadas o no al narco tráfico, sesga de manera temeraria el análisis; también simplifica las eventuales políticas de prevención y represión. Un enfoque represivo, como los que escuchamos en los voceros de los estamentos de seguridad, disminuye la mirada hacia las diferentes formas que asume la violencia y la criminalidad, como un fenómeno multicausal.
Solo con la multicausalidad es posible hacer confluir factores individuales, grupales, culturales, institucionales y estructurales, que se mueven en ejes temporales de corto, mediano y largo plazo. La visión represiva es la visión que exculpa al Estado de su responsabilidad en las políticas sobre igualdad y equidad social.
El autor es sociólogo. Docente e investigador de la Universidad de Panamá.
Pensamiento Social (PESOC) está conformado por un grupo de profesionales de las Ciencias Sociales que, a través de sus aportes, buscan impulsar y satisfacer necesidades en el conocimiento de estas disciplinas.
Su propósito es presentar a la población temas de análisis sobre los principales problemas que la aquejan, y contribuir con las estrategias de programas de solución.