Cuando la historia es inconstitucional

A principios de la década de 1980 llegó a Panamá una delegación de Okinawa (Japón) para averiguar cómo habíamos hecho los panameños para vencer a EE.UU. sin disparar un solo tiro.  La población de Okinawa vive rodeada de bases militares y de nada han valido sus protestas permanentes para eliminarlas.

Entre muchas razones, les explicamos a nuestros visitantes que en nuestras escuelas y universidades impartíamos la cátedra o el curso denominado “Historia de las relaciones entre Panamá y EE.UU.”, lo cual había sido sumamente útil para explicarle a la sociedad cómo y por qué teníamos que negociar un nuevo tratado del Canal.

Los comisionados de Okinawa consideraron imposible hacer algo comparable con la enseñanza de las relaciones entre Japón y EE.UU.

Japón, pese a su desarrollo económico –que casi destrona comercialmente a EE.UU. en los años 80– ha sido ocupada desde su rendición tras la Segunda Guerra y está atrapada por la seguridad nacional de Washington.

El representante de Japón, Shigeo Nagano, no pudo firmar un acuerdo con Panamá para construir un nuevo Canal porque se lo impidió la invasión de George Bush el 20 de diciembre de 1989 para secuestrar y borrar del mapa al general Manuel A. Noriega y reimplantar la doctrina Monroe.

La cátedra Panamá-EE.UU. fue aprobada como obligatoria por la Asamblea Nacional a principios de la década de 1960 a instancias de algunos legisladores y profesores de la Escuela de Servicio Diplomático de la Universidad de Panamá (de la que fui presidente desde 1967). Entre ellos, recuerdo a Ernesto Castillero Pimentel, Manuel Méndez Guardia (hijo de Méndez Pereira), Aquilino Boyd y Camilo O. Pérez. La cátedra tomó fuerza tras la agresión de EE.UU. a nuestro pueblo en 1964 que dejó 21 muertos y 500 heridos, civiles inocentes todos.

Tras el rechazo de nuestro pueblo de los proyectos de tratados Robles-Johnson de 1967 y con posterioridad al golpe militar que elevó al general Omar Torrijos al poder, se llevaron a cabo en 1973 dos encuentros universitarios sobre las relaciones entre Panamá y EE.UU.

A raíz de estos encuentros, el Ministerio de Educación, bajo Aristides Royo, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo Juan Antonio Tack, acordaron solicitar a este servidor (entonces asesor personal del canciller Tack) redactar el plan o programa de la materia –y así lo hice–, el cual estuvo vigente hasta que la ministra de Educación Lucy Molinar, bajo el gobierno de Ricardo Martinelli, ordenó eliminar esta materia de las escuelas en 2012.

¿De dónde emanó la orden de eliminar la asignatura?

En el Senado de EE.UU. surgió la preocupación en 1997/1999, de que siempre que Washington se proponía firmar tratados con Panamá, el pueblo, conducido por una minoría de activistas, “revoltosos” y “comunistas”, echaba todo para atrás.

El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Jesse Helms, enemigo público No. 1 de Panamá (en reemplazo de Daniel Flood, anterior primer enemigo No. 1 de Panamá), ordenó una investigación senatorial que culpó al curso de relaciones entre Panamá y EE.UU. del sentimiento antiestadounidense en el país del Canal.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá emitió un fallo de inconstitucionalidad del artículo 6 de la Ley 37 del 12 de mayo de 2015 que hacía obligatoria la asignatura en las universidades del país, supuestamente en respeto a su autonomía.

Se olvidaba que la creación de la ley original de hace 61 años y de la Ley 37 de 2015 que la restauró obedeció a un imperativo histórico insoslayable que debía ser consagrado por la Asamblea Nacional.

En efecto, la historia de dichas relaciones da fe del absoluto predominio de EE.UU. sobre la República de Panamá, de tal forma que, de no ser por esta asignatura, no conoceríamos nuestros orígenes ni nuestro escabroso recorrido nacional, porque la historia no es únicamente el simple recuento de lo que ocurrió, sino, sobre todo, la sabiduría y conciencia de lo futuro.

Reconocer –como lo hace el fallo de la CSJ– que la autonomía universitaria es superior y precede al mandato de la historia se nos antoja un imperdonable pretexto para rendirle disimuladamente tributo al imperialismo y a las fuerzas oligárquicas que siempre han preferido que el pueblo desconozca de dónde venimos, qué debemos hacer y hacia dónde queremos ir.

En tal sentido, resulta profético y a la vez doloroso hoy lo que escribimos hace cinco años sobre la Universidad de Panamá (UP):

“La UP ha jugado un papel importante en el camino hacia una mayor independencia nacional, pero en las últimas décadas ha sido frenada indirectamente por las fuerzas invasoras que, desde el 20 de diciembre de 1989, han cooptado a la partidocracia, convirtiendo a las élites en su instrumento de ocupación nacional. Todo lo que ocurrió en la historia de las relaciones entre Panamá y EE.UU. desde 1935 se generó primero o tuvo impacto directo en la UP” (La Estrella de Panamá, 16 de junio de 2016).

El lamentable fallo de la Corte Suprema de Justicia en respuesta a un más inaceptable error de la Casa de Méndez Pereira, que quiso anteponer una mal entendida autonomía a la historia, tuvo un salvamento de voto: el del magistrado Cecilio Cedalise Riquelme, quien, junto a la opinión del procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, afirman que la Ley 37 de 2015 no constituye violación de la autonomía universitaria.

Para seguir resolviendo nuestros problemas con EE.UU. sin disparar un tiro, toca ahora a los estamentos universitarios en cada disciplina, escuela y facultad de la Universidad de Panamá imponer el mandato histórico de la nación panameña por encima o por debajo de la tan estropeada autonomía universitaria, por encima y no por debajo del Senado de EE.UU.

Sin embargo, a pesar del esfuerzo de algunos profesores de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá –entre otros, Carmen Guadalupe Córdoba (decana de la Facultad de Humanidades), Ana Elena Porras, José Álvaro, Carlos Arnoldo Cambra–, que solicitaron ante la Asamblea Nacional la restauración de la cátedra, el proyecto, aprobado por la comisión de Educación, Cultura y Deportes duerme el “sueño de los justos”, razón por la cual constatamos que, para grupos antinacionales minoritarios e inconscientes, la historia de Panamá queda fuera de ley.

Ahora, solamente nos resta a la ciudadanía consciente del país denunciar este atropello escandaloso ante los medios y exigir al gobierno que ponga orden porque la patria no tolera más dilaciones y retraimientos.

El autor es exasesor de Política Exterior del canciller de la dignidad, Juan Antonio Tack; presidente honorario y presidente encargado del Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos de Panamá (Ceeap).

Pensamiento Social (Pesoc) está conformado por un grupo de profesionales de las ciencias sociales que, a través de sus aportes, buscan impulsar y satisfacer necesidades en el conocimiento de estas disciplinas.

Su propósito es presentar a la población temas de análisis sobre los principales problemas que la aquejan, y contribuir con las estrategias de programas de solución.