Integrantes de la caravana migrante en el estado de Chiapas, en el sur de México, denunciaron este jueves 21 de noviembre que las autoridades les bloquearon...
- 03/08/2021 00:00
- 03/08/2021 00:00
Entre el 5 y 25 de agosto está programada la fecha alterna de la audiencia preliminar del caso denominado Blue Apple Services (BAS).
La diligencia judicial ha sido pospuesta en dos ocasiones considerando que en noviembre pasado la pandemia impidió su realización, y en ese momento se fijó para el 19 de abril y como fecha alterna del 5 al 25 de agosto.
El 19 de abril de 2021 fue suspendida por la inasistencia de varios abogados defensores que no se presentaron al acto que se desarrollaba en la sala de audiencias del Segundo Tribunal Superior de Justicia, presidida por la juez Baloisa Mequínez, del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales.
La diligencia tiene el propósito de determinar si la investigación efectuada por la fiscalía tiene los méritos para convocar a un juicio a los 51 imputados por diferentes delitos, entre ellos, blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos, falsificación de documentos y asociación ilícita para delinquir.
Este proceso se lleva a cabo bajo el sistema inquisitivo, por lo que el juzgado notificó vía edicto.
La investigación inició el 30 de octubre de 2017 a través de un Informe de inteligencia policial, que hace referencia a la sociedad anónima “Blue Apple Services”, creada por varias personas (miembros del gobierno, período 2010-2014), con el propósito de “disfrazar o blanquear dinero”, presuntamente obtenido de sobornos recibidos por la concesión de varios proyectos de construcción, a nivel nacional, para lo cual utilizaron el sistema bancario local e internacional con el propósito de dar apariencia legítima al dinero.
En este caso funcionarios solicitaron coimas a contratistas que tenían adjudicadas licitaciones con el Estado para su propio beneficio, con lo que se pudo comprobar blanqueo de capitales por más de $40 millones, de los cuales hasta ahora el Ministerio Público ha logrado recuperar $32 millones, ha argumentado el Ministerio Público.
Aurelio Vásquez, fiscal superior, indicó que es un caso emblemático donde hay una enorme cantidad de dinero que se diluyó a través de coimas y que la fiscalía, de manera objetiva, se presentará para que la audiencia se realice, señalado además que se tiene una investigación robusta y que por seguridad jurídica y certeza del castigo se debe realizar la audiencia para evitar la prescripción del caso.
Cada vez que se reprograma una audiencia, el tiempo actúa como el peor enemigo del caso porque corre el riesgo de la prescripción del delito.