Bagdad movió una tonelada de droga en tres años, según la fiscalía

La agrupación criminal Bagdad movió desde finales de 2017 hasta noviembre de 2020 aproximadamente 1,057 kilos de droga, según lo que ha cuantificado el fiscal superior especializado de Drogas, Eduardo De La Torre.

La fiscalía, en conjunto con los estamentos de seguridad policial, capturaron la semana pasada a los cabecillas de la banda durante la operación Neptuno. Un golpe fuerte para la organización, mediante la cual lograron vincular varios envíos de droga por diferentes vías, relacionados todos con la banda.

Envíos que han sido adjudicados a la organización, por sus contactos con los traficantes, y que fueron transportados por vía terrestre y marítima cuyos réditos forman parte de las evidencias que guarda la fiscalía ante los tribunales.

Esa tonelada, de acuerdo con De La Torre, puede representar entre 30% o 40% del total de droga que pudo haber movido la banda durante este periodo. “Es una organización con un poder económico importante que invirtió dinero en bienes, terrenos, dinero en efectivo”.

La banda cobra un porcentaje por el trabajo que los fiscales calculan entre un 5% o 10% del valor del kilo puesto en Panamá, que es aproximadamente de $5 mil. Los pagos pueden ser con droga, dinero o armas, lo que da una idea del poder económico de la organización.

La fiscalía sustentó dicha cantidad ante el juez con un relato de varios decomisos de droga que iniciaron el 21 de noviembre de 2017, hasta el 20 de octubre de 2020, que entre todos suman 1,057 kilos de droga, decomisada en siete operativos en los que se aprehendieron desde 10 hasta 258 paquetes en diferentes fechas.

Aunado a esto, destacó la detención, en febrero del corriente, de un ciudadano panameño con 26 paquetes de droga y $120,530 en efectivo, armas de fuego, cargadores y municiones, que suman al operativo.

“En este caso, se imputaron delitos de asociación ilícita para delinquir, blanqueo de capitales y delitos relacionados con drogas, pero hay imputaciones pendientes por delitos de homicidio, pandillerismo y delincuencia organizada que lo harán las diferentes fiscalías”, manifestó a este medio De La Torre.

Dichos crímenes fueron ejecutados en distintos puntos del país, como en la ciudad de Panamá, Boca la Caja, El Chorrillo, isla San Miguel, Panamá Oeste, Puerto Caimito, Vacamonte, Arraiján y en la provincia de Veraguas.

Ante el tribunal, los fiscales describieron al líder de la banda, “un sujeto de nacionalidad panameña de nombre Jorge Rubén Camargo, alias 'Cholo Chorrillo', quien mantiene mucho poder dentro y fuera de cualquier centro penitenciario, el cual para bajar su perfil crea células de resocialización para jóvenes pandilleros de la capital, con la finalidad de maquillar sus actividades delictivas con el apoyo de fundaciones para jóvenes pertenecientes a pandillas”, se escuchó en la audiencia. El mencionado aún no ha sido capturado, se presume que está fuera del país.

De acuerdo con las investigaciones, la estructura de la organización permitía varios frentes de acopio en puntos estratégicos, cada uno con un líder, que a su vez contaba con colaboradores que tienen la función de recibir, transportar, distribuir y custodiar los cargamentos provenientes de Sudamérica para luego movilizarse por el territorio con autos modificados con doble fondo.

Mediante técnicas especializadas de investigación proporcionadas por la agencia especializada antidrogas de Estados Unidos, la DEA, y seguimientos, la fiscalía identificó a ciertos objetivos de la banda que más tarde fueron ampliando el espectro y que finalmente culminó con la aprehensión de 19 cabecillas encargados de diferentes zonas del país, como los barrios de Boca La Caja, El Chorrillo, y en el sector de Arraiján, ubicado en la zona oeste del país.

Todos se encuentran a órdenes de un juez de garantías, luego de haber efectuado la audiencia de legalización de aprehensión, decomiso de bienes, y detención preventiva dictada por el juzgado. Los abogados de los imputados apelaron la decisión que se ventilará este jueves en una audiencia ante un tribunal de apelaciones.

Los seguimientos fueron efectuados por los brazos auxiliares de la fiscalía. Nada sencillos, narra el fiscal: “Había un grupo que era tan vivo, que se daba cuenta de los seguimientos, se paraba a borde de calle y cuando pasaba el conductor le hacía señas con el dedo índice debajo del ojo, haciendo ver que estaban conscientes de que estaban bajo vigilancia. Se cambiaban de carro frecuentemente para despistar a los agentes, hasta que se quedaban sin carros”. Ellos cambiaron la estrategia, la ruta, los vehículos; en ocasiones les fue útil, pero las técnicas de investigación que empleó la fiscalía resultaron más efectivas.

Durante los allanamientos, las autoridades pudieron hacerse de cuadernos comunes en los que hallaron datos interesantes como teléfonos, direcciones, pagos realizados, apodos, información que revela las cantidades que recibían grupos que ya están judicializados. “Había también otros nombres que no pertenecen a la banda y que serán investigados”, dijo el fiscal.

En Panamá es común que estos grupos no se comprometan con un cartel específico, sino que venden sus 'servicios' al mejor postor, no tienen preferencia, hacen el trabajo por contrato, describió De La Torre.

En el caso de Bagdad, el fiscal considera que estaban activos y operativos de manera permanente, movimientos una vez por semana, a veces con 100, 300 o más kilos, según las necesidades. “Ellos recibían, custodiaban o guardaban la droga y trasladaban vía terrestre hacia Centroamérica o se embarcan nuevamente (en puntos de recepción) en embarcaciones luego de haber guardado la droga”, explicó.

La vinculación con el hecho ocurrido en la cárcel La Joyita, en diciembre de 2019, surge a partir de los señalamientos de las víctimas que sobrevivieron al ataque en el que 13 presos perdieron la vida y otros 14 resultaron lesionados. Hubo quienes también eran objetivos, pero se salvaron. “Ellos señalaron directamente a las personas que cometieron el hecho, material e intelectualmente, con nombre propio a cada uno de los que organizaron esta matanza”, indicó De La Torre.

Se trató del rompimiento entre miembros que pertenecían a la misma banda, unos del Valle del Chumical y otros de Bagdad, que pelearon por puntos de recepción de droga, territorios por los que cobran una especie de peaje o impuesto por su uso.

A su vez, el hecho desató una serie de asesinatos, más de una veintena, incluyendo uno en Arraiján en el que murió un bebé y sus padres, todo como consecuencia de la rivalidad desatada entre miembros del mismo grupo delincuencial. Estos delitos serán imputados posteriormente por las fiscalías correspondientes.

Un subteniente de la Policía Nacional apareció furtivamente durante la investigación. No se trata de un cabecilla, sino de un apoyo logístico, de información y protección a las células de la banda en distintos lugares, Arraiján, Boca la Caja, El Chorrillo, entre otros. El oficial informaba de movimientos, las rutas de un patrulla o de una ronda, la hora en que ocurrían, la zona, todo esto en el área de Arraiján.

Los uniformados cuentan con información valiosa para estas organizaciones que mantienen un perfil económico alto que logra comprar conciencias y corromper, en este caso al subteniente y a otros, ya que el fiscal no descarta más uniformados involucrados.

“El subteniente tenía casi dos años de estar cooperando con los delincuentes. También los usan para tumbes de droga, armando retenes falsos. Los policías tienen acceso a ciertos elementos logísticos, chalecos, uniformes, autos”, señaló De La Torre.

La fiscalía sostiene que este grupo no solo se especializaba en el tráfico de droga, sino que ha sido vinculado a homicidios por encargo, posesión de armas de fuego, robos, blanqueo de capitales y hurto de vehículos, entre otros delitos conexos que son coordinados por teléfono.

El día del allanamiento la fiscalía ubicó $73 mil en una de las residencias, cifra que no representa la totalidad de las incautaciones en efectivo de la operación. También se cuentan 24 autos, de los cuales 4 eran blindados (2 de ellos 4x4 y pickups). Las autoridades también se hicieron de los móviles de los miembros de la banda, de donde estiman recolectar datos valiosos.

Generalmente, cuando las bandas experimentan la detención de sus líderes, surgen peleas internas para decidir los reemplazos y territorios a controlar. El fiscal señaló que es muy posible que en este caso la banda se vaya a reorganizar, aunque no descarta futuras peleas internas.