Corrupción en Panamá, un problema grave en tres poderes del Estado, dice EEUU

En Panamá “la corrupción siguió siendo un problema grave en los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como en las fuerzas de seguridad”, señala el Departamento de Estado de los Estado Unidos (EEUU), en su reporte de Derechos Humanos 2020.

“La ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno generalmente no implementó la ley de manera efectiva”, señala la sección 4: Corrupción y falta de transparencia en el gobierno del documento Informes nacionales de 2020 sobre prácticas de derechos humanos: Panamá, publicado este miércoles 31 de marzo.

Según el reporte, el Ministerio Público continuó investigando las denuncias de corrupción contra funcionarios públicos, pero los tribunales desestimaron casos de corrupción de alto perfil debido a la “falta de pruebas” o los “errores de procedimiento” de los fiscales. “En septiembre, la Corte Suprema desestimó el caso de malversación millonaria de Tonosi Irrigation contra varias autoridades de la administración 2009-2014, incluido el expresidente Martinelli”.

El reporte resalta que dos expresidentes, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, y dos exministros, Demetrio “Jimmy” Papadimitriu y Jaime Ford, estaban bajo investigación por corrupción relacionada con el caso Odebrecht.

Martinelli —quien creó un nuevo partido político con miras a las elecciones de 2024— también fue acusado de utilizar $43 millones en fondos públicos para comprar el grupo de periódicos pro Martinelli Editora Panamá América.

Durante el año (2020), continúa el informe, surgieron varios escándalos de alto perfil relacionados con adquisiciones para combatir la pandemia de coronavirus. En abril y septiembre, el Ministerio Público abrió investigaciones separadas contra instituciones del gobierno central por presuntamente pagar en exceso por ventiladores y comprar ventiladores usados.

Al mismo tiempo, la corrupción y la falta de rendición de cuentas entre la policía siguieron siendo un problema. En julio, explica el documento del Departamento de Estado estadunidense, las autoridades presentaron cargos por tráfico de armas contra más de 25 personas, la mayoría de las cuales eran funcionarios de seguridad de alto nivel durante el gobierno anterior. “Los cargos involucraban la distribución ilegal a los funcionarios de armas importadas legalmente, algunas designadas como ‘armas de guerra’”.

Otro tema abortado en el informe es: Respeto por las libertades civiles, que incluye: Libertad de expresión, incluso para la prensa. “La constitución establece la libertad de expresión, incluida la de prensa. En general, el gobierno respetó este derecho, pero los periodistas y los medios de comunicación notaron un aumento en las demandas penales y civiles por difamación y difamación, que consideraron una amenaza a la libertad de expresión y la libertad de prensa”, señala el reporte.

En cuanto a la protección de refugiados indica el documento que el gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otras organizaciones humanitarias para brindar protección y asistencia a los refugiados, refugiados que regresan, solicitantes de asilo, apátridas y otras personas de interés.